El juez exime a los Rubiralta de pagar 504 millones de euros a los propietarios de Celsa
El titular del juzgado número cinco de lo mercantil de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por los actuales propietarios de Celsa contra la familia Rubiralta, mediante la que les reclamaba 504,5 millones de euros en concepto de deudas pendientes.
Los demandantes, que legalmente desposeyeron a la familia catalana de la empresa siderúrgica en 2023 tras años de negociaciones y litigios, querían que los Rubiralta les abonaran también parte de lo que consideraban que era deuda contraída. Este jueves se ha notificado la sentencia que desestima dicha reclamación, ya que reconoce la existencia de la deuda, pero también que los fondos eran totalmente conscientes de la misma y la daban por incobrable.
«Desestimo íntegramente la demanda formulada por la representación procesal de la mercantil INVERSIONES PICO ESPADAS, S.A. (Grupo CELSA), contra D. Francesc Rubiralta Rubió, absolviendo al demandado de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas a la parte actora», recoge el fallo judicial.
Según explican fuentes conocedoras del proceso, Celsa está estudiando seriamente recurrir la sentencia y el próximo lunes 30 de junio, cuando está prevista una rueda de prensa para dar a conocer los resultados del ejercicio 2024, pueden hacer públicos más detalles.
Nueva ronda de juicios
Hasta septiembre de 2023 la familia Rubiralta Rubió era propietaria del grupo siderurgico más grande de España y uno de los más grandes de Europa. Grupo que fue creciendo durante los últimos años y desarrollando unas tecnologías de acero verde a costa de contraer grandes deudas que acabaron condenando a los industriales catalanes.
En septiembre de 2023, en una sentencia pionera, un juzgado de lo mercantil de Barcelona falló a favor de los acreedores de los Rubiralta y consideró que estos debían más dinero del que realmente valía Celsa. Lo que daba derecho a los acreedores a tomar el control de la empresa, como así hicieron.
Una vez la nueva propiedad entró a los despachos, realizó una auditoría interna y consideró que los Rubiralta les habían dejado una deuda de 504 millones de euros. Deuda que le han reclamado ahora de nuevo en los juzgados, pero que, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años, no les han dado la razón.
El origen de la deuda
Esa supuesta deuda de 504 millones de euros tiene su origen en una disputa familiar, cuando en 2009 una rama de la familia se quedó con Celsa y otro apostó por el negocio farmacéutico, vía Werfen. En esa reestructuración se contrajo un crédito intragrupo que los Francesc Rubiralta Rubió, el último Rubiralta al frente de Celsa, nunca llegó a reclamar. Lo que los fondos entendieron como una merma a su patrimonio y una omisión del deber del expresidente de velar por los intereses de Celsa.
Rubiralta les ha replicado durante el juicio que la actual dirección, liderada por el presidente no ejecutivo, Rafael Villaseca, ha promovido la demanda «exclusivamente en interés propio, tras adquirir el control del grupo, y no en interés de la sociedad actora en el momento de los hechos discutidos».
El juez ha considerado que los nuevos propietarios de Celsa ya conocían previamente esa deuda intragrupo y que sabían que era una deuda teórica, pues detrás de la sociedad que la contraía no había activo alguno.
«Esta situación se ha proyectado de forma constante a lo largo de más de una década, y ha sido expresamente asumida en los procesos de refinanciación del grupo», sostiene la sentencia, que determina que «no constituyó una expectativa legítima de ingreso para la sociedad, ni su inactividad en orden a su cobro puede valorarse, por sí sola, como causante de un menoscabo efectivo en el patrimonio social».
En este sentido, el juez valida la gestión de esa deuda ficticia e incobrable por parte de Rubiralta. «La conducta adoptada por el administrador no puede calificarse como orientada a obtener un beneficio personal injustificado, sino como un ejercicio de coherencia empresarial con lo que se venía haciendo desde hacía diez años y en un entorno de alta complejidad y dependencia mutua entre las entidades afectadas».
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