Sánchez confía en el apoyo de las CCAA del PP para destinar 7.000 millones a vivienda hasta 2030

El Gobierno quiere dejar de lado la polémica que ha rodeado a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes y en la que se abordarán un total de 14 puntos para evitar que los líderes del PP cumplieran con su amenaza de no acudir a la cita que se producirá solo dos días antes de la protesta convocada por Génova contra el Ejecutivo. Ante este abultado orden del día, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a poner el foco en la vivienda -como buscaba hacer inicialmente el Gobierno- enviando una carta a todos los representantes en la que les ofrecía un acuerdo para incrementar un 60% los fondos públicos destinados a vivienda si los territorios lo hacían en otro 40%. Sin poder anticipar cuál va a ser la respuesta de las regiones, gobernadas en su mayoría por el partido de Alberto Núñez Feijóo, las fuentes del Gobierno se muestran optimistas y confían en conseguir el respaldo de los ejecutivos autonómicos para destinar más de 7.000 millones de euros a vivienda hasta 2030.

Las fuentes del Ejecutivo destacan que frente al cruce de declaraciones, el líder socialista ha apostado por acudir a la reunión con los presidentes de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades de Ceuta y Melilla con una propuesta en firme en la que se apuesta por construcción de vivienda pública, la rehabilitación y la concesión de ayudas al tiempo que se busca mejorar los datos disponibles sobre la materia para poder perfilar mejor las políticas dirigidas a vivienda. En este sentido, desde Moncloa recuerdan que todas las medidas desplegadas desde 2018 han contado con el respaldo unánime y el consenso de todos los territorios, con ello no se refieren a la Ley de Vivienda, sino con las políticas enmarcadas en el Plan de Vivienda Estatal que está cofinanciado.

El Gobierno parte de la base de que las tres líneas esbozadas de cara a la reunión del próximo 6 de junio parten del consenso del sector, los ciudadanos y de gobernantes de que faltan más viviendas y proponen soluciones ‘blancas’ que no responden a las preferencias ideologías de cada uno de ellos sino a la evidencia acerca de la protección de la vivienda. En este esquema, el Estado se compromete a elevar desde los 1.700 millones actuales (300.000 respondían a préstamos) el presupuesto destinado a 4.000 millones a cambio de que los territorios, que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, redoblen sus esfuerzos. Así plantean el 40% como umbral mínimo de cofinanciación autonómica y animan a las comunidades autónomas a ir más allá para poder movilizar fondos con un valor superior a los 7.000 millones de euros.

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