La negativa de Corredor a indemnizar por el apagón llega hasta Bruselas
La investigación sobre el apagón que dejó a oscuras a la Península Ibérica el pasado 28 de abril sigue su curso y, probablemente, hasta finales … de julio no habrá un primer informe oficial sobre sus causas. Sin embargo, en este escenario en el que aún se desconoce el origen del cero energético, Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica (REE) –empresa semipública responsable de que el sistema eléctrico español funcione correctamente–, realizó el pasado miércoles unas polémicas declaraciones al afirmar con rotundidad que no se produjo «ningún fallo» en el gestor y, por eso, descartó pagar cualquier tipo de indemnización a los afectados «a día de hoy», pese a que ya le está llegando una oleada de reclamaciones.
Esta negativa de Corredor a compensar a las empresas o ciudadanos por los perjuicios causados llegará este próximo lunes hasta Bruselas ante la exigencia del PP europeo (PPE) a que la Comisión se pronuncie sobre esta decisión «inadmisible» y le pide «explorar vías para que los operadores de red asuman su responsabilidad y compensen a quienes sufrieron pérdidas económicas». Además, reclamarán también a la UE que se excluya a Redeia de la investigación europea que está llevando un análisis paralelo al del Gobierno sobre el apagón para garantizar así su «total independencia y transparencia», según ha podido confirmar este periódico.
Será la segunda vez que los populares europeos registren una batería de preguntas para instar a la Comisión a pronunciarse y esta tendrá que responder a sus demandas en un plazo de tres a cinco semanas. «Los ciudadanos y empresas afectadas por el apagón merecen respuestas claras y soluciones concretas», defendió la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, que mostró «serias dudas» sobre la independencia de ENTSO-E, que va a realizar la investigación técnica, al incluir a REE. «No podemos aceptar que el operador de red investigue sus propios fallos, pues es juez y parte», argumentó. Por ello, el PPE reclama a Bruselas un informe externo y complementario bajo la supervisión independiente de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía.
¿Prueba de estrés deliberada?
Además, el grupo político pregunta a la Comisión si tiene conocimiento oficial de que el apagón pudiera estar vinculado a una prueba de estrés deliberada del sistema eléctrico español para testar su resiliencia ante picos de generación renovable y si el Gobierno español ha cumplido con su obligación de notificar y cooperar en estos supuestos.
¿Experimento del Gobierno?
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Por otro lado, el PP cuestiona la adecuación de los plazos anunciados para la investigación, dado que el Gobierno se ha marcado tres meses para publicar su informe final y ENTSO-E puede retrasar su veredicto hasta octubre. En este sentido, reclama a la Comisión que valore si estos tiempos son razonables «para garantizar una respuesta ágil y eficaz ante un incidente de tal magnitud», así como si tiene previsto emitir un informe propio con conclusiones preliminares urgentes que sea útil desde el punto de vista de la prevención.
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