El choque de Red Eléctrica y las eléctricas por los informes sobre el apagón alienta una larga batalla en los tribunales
El Gobierno ha hecho ya la primera autopsia completa del gran apagón. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó esta semana el primer informe con un relato detallado de lo que sucedió antes, durante y después del histórico colapso energético del 28 de abril. Un análisis completo de todo lo que falló aquel día, en el que se subraya que hubo una combinación de factores que derivaron en el cero eléctrico y que las causas son múltiples.
Pero el Gobierno no establece claramente cuál o cuáles de todos los errores pesaron más para desencadenar el apagón y, por tanto, se deja en el aire quién o quiénes son los responsables finales de la caída total del sistema eléctrico en toda la Península. Una inconcreción que ha dado pie a que el choque entre Red Eléctrica, el operador del sistema, y las grandes eléctricas no haya dejado de enconarse y que el serial de señalamientos mutuos y de autoexculpaciones se haya intensificado.
Red Eléctrica ha publicado su propio informe que coincide en el relato de los hechos con el Gobierno, pero que acaba autoexculpándose por completo y señalando como responsables a las grandes eléctricas. Y las grandes energéticas subrayan que el responsable de asegurar el buen funcionamiento del sistema y la seguridad de suministro es la propia Red Eléctrica y por eso la responsabilizan del incidente.
Una batalla en busca de culpables que anticipa una gran guerra legal que previsiblemente durará años. Poder depurar responsabilidades conllevará establecer quién puede hacerse cargo de las potenciales indemnizaciones multimillonarias para compensar las pérdidas provocadas por el apagón y también posibles sanciones si se determina que hubo infracciones graves cometidas por alguno de los agentes del sistema.
“El informe no es un examen judicial”, subrayó Aagesen para explicar por qué no se señalaba responsables del apagón, encomendándose, por un lado, a la investigación emprendida por la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC) y a los eventuales expedientes sancionadores que emprenda contra empresas tras ella (el propio organismo ya ha advertido de que están en juego sanciones de hasta 60 millones de euros si se detectan infracciones muy graves por parte de alguno de los operadores); y por otro, a lo que a la postre decidan los tribunales en una batalla legal que todo el sector da por hecho.
“Si nos culpan a nosotros, iremos a los tribunales nosotros. Si nos culpan a todos, iremos a los tribunales todos. Pero en los tribunales vamos a acabar”, augura muy claramente un alto directivo del sector eléctrico. “Quién paga lo va a determinar al final la justicia y, seguro, dentro de unos cuantos años”, subraya otro ejecutivo del negocio energético, augurando que el proceso judicial será muy largo y determinar de manera definitiva quién se hace cargo de la factura del apagón llevará muchos años.
La interpretación de cada cual
El gran apagón fue la consecuencia de un fenómeno de exceso de tensión en el sistema eléctrico que acabó derivando en una reacción en cadena, a la postre imparable, en que fueron desconectándose plantas de producción eléctrica hasta el colapso total. La cuestión es por qué se produjo ese exceso de tensión y por qué no funcionaron los mecanismos para atajarlo.
El Gobierno confirma que el sistema eléctrico no disponía el día del apagón de suficiente capacidad de control de la tensión, pero habla de una combinación de factores sin aclarar cuál fue el determinante. Por un lado, el informe gubernamental Red Eléctrica pudo hacer una “mala planificación” del sistema eléctrico por no poner a funcionar suficientes centrales de gas para controlar la tensión, por no sustituir a una planta térmica que se declaro indisponible hasta que fue demasiado tarde, y porque algunas de las medidas que tomó para controlar oscilaciones en el sistema también provocaban como contrapartidas subidas de tensión.
Y, por otro, la investigación del Ejecutivo también concluye que las empresas eléctricas propietarias de las nueve centrales a las que REE les obligó a estar disponibles ese día incumplieron su obligación legal y no participaron correctamente en el control de la tensión de la red; algunas plantas de producción de electricidad (también operadas por compañías energéticas) aparentemente se desconectaron incorrectamente cuando la tensión del sistema aún estaba dentro de los rangos contemplados en la normativa; y el origen de los problemas pueden provenir de las oscilaciones provocadas por una gran planta fotovoltaica en Badajoz cuyos sistemas no habrían funcionado de manera correcta.
Red Eléctrica acusa directamente a las compañías eléctricas y pone todo el foco en que el apagón se habría evitado si las centrales con obligación con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubieses actuado correctamente y si algunas plantas de generación no se hubieran desconectado sin tener que hacerlo. El operador del sistema argumenta que todos sus cálculos para establecer la programación durante el 28 de abril se realizaban dando por hecho que las eléctricas cumplirían con su parte, pero, según subraya REE, no lo hicieron.
«Red Eléctrica no ha incumplido, en ningún momento, normativa, procedimiento de operación ni criterio operativo a la hora de la gestión del día 28”, subrayó esta semana el consejero delegado de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Roberto García Merino, y como considera que siempre actuó “de manera diligente” descarta que la compañía “haya de tener ningún tipo de cobertura ni asumir ningún tipo de indemnización».
La visión de las eléctricas es estrictamente la contraria. La causa principal del cero eléctrico fue un problema de control de tensión y “la responsabilidad de garantizar dicho control recae en Red Eléctrica de España”, apuntó la patronal Aelec, que agrupa a las grandes eléctricas Iberdrola, Endesa y EDP, que desmienten que ninguna de sus centrales incumpliera los requerimientos regulatorios para controlar la tensión. “Red Eléctrica optó por gestionar la tensión con una capacidad síncrona limitada y un reparto geográfico desequilibrado, lo que dejó al sistema en una situación de vulnerabilidad”. Iberdrola ha ido más allá y directamente ha acusado a Red Eléctrica de realizar una gestión “temeraria y negligente” que tuvo como resultado el apagón, y ha advertido de que adoptará las medidas legales necesarias en defensa de sus derechos y los de sus clientes.
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