El Gobierno incluye el problema de la vivienda asequible en su lista de motivos para frenar la opa

Entre ellos, la posibilidad de que los Estados actúen para terminar con la escasez de vivienda asequible, una de las grandes preocupaciones de los españoles en los últimos tiempos, con un parque de hogar social que apenas alcanza el 1,5% frente a la media del 9% del resto de la Unión Europea, según datos del Banco de España.

El Ejecutivo señala que Banco Sabadell cuenta con una participación mayor al 50% en 18 sociedades inmobiliarias, «cuyo activo agregado asciende a 2.303 millones de euros y con capital total por 428 millones de euros». Entre ellas, Sogeviso gestiona la problemática social de la vivienda de los clientes vulnerables procedentes de ejecuciones hipotecarias de la entidad, tal y como señala el Gobierno en su informe.

Según los datos proporcionados por la entidad catalana para este análisis, esa empresa ha gestionado el alquiler social o asequible de 23.000 familias. Y 8.500 han participado en su programa de acompañamiento social. «Esta actividad, cuya puesta en marcha fue una decisión autónoma de Banco Sabadell, tiene un sustancial impacto positivo en el interés general», argumenta el Ejecutivo para justificar su intervención en la opa.

A este factor se suman las propias aportaciones que el banco realiza al Fondo Social de Viviendas creado en enero de 2013 y que actualmente cuenta con 9.866 casas, de las que la vallesana aporta 410, «cifra que ha venido manteniendo desde 2023 con 440 a cierre de ese año, lo que demuestra su compromiso empresarial con el fondo».

Cabe recordar que varios bancos y entidades financieras participan en programas de vivienda social y asequible, que buscan facilitar el acceso a viviendas dignas a precios más bajos para personas con bajos ingresos o en situaciones de vulnerabilidad.

Consumidor y empresas

Además de la vivienda, la protección al consumidor también entra en este punto de políticas sociales que pueden verse comprometidas. Partiendo de la experiencia de otras operaciones de concentración, Moncloa cree que la desaparición «total y abrupta» de una entidad podría incrementar de manera significativa el volumen de reclamaciones. «En precedentes recientes, estas aumentaron un 45,7% en la fusión de CaixaBank-Bankia y un 37,5% en la de Unicaja-Liberbank», señala.

En todo caso, tal y como detalló Cuerpo el pasado martes, es el crédito a pymes lo que más preocupa al Gobierno, que considera que anteriores fusiones limitaron esta financiación. Y pone el ejemplo de Unicaja-Liberbank, donde la exposición conjunta al negocio de pymes por separado pasó del 52,83% el año anterior a la fusión de las dos antiguas cajas, al 42,25% el posterior.