Víctima maltrato desahucio Valencia | copropietaria pierde vivienda

Es víctima de violencia machista y no quiere que la reconozcan. Tiene miedo a las consecuencias de salir en prensa pero en dos días se ve en la calle y no le queda margen de maniobra. No tiene familia y no tiene adónde ir. Lo que sí tiene es la casa en la que vive (de la que es copropietaria) y todas sus cuotas pagadas. La llamaremos Silvia (nombre ficticio). A ella no la desahucia un banco. A ella la desahucia su expareja, que es copropietaria de la vivienda, aunque dejó de pagar su parte de la hipoteca en 2019.

Silvia tiene un niño de 4 años y es víctima de violencia machista, pero el hombre con el que se casó y que fue condenado por violencia de género (por eso el caso lo lleva el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrent) inició un procedimiento de desahucio para que abandonara la casa, en base al acuerdo de divorcio. Y es que en ese acuerdo figuraba que la mujer tenía derecho a quedarse en esa vivienda (que es de los dos) durante 7 años. Ese plazo expiró pero ella no solicitó una revisión del acuerdo en tiempo y forma. De hecho, lo hizo una vez su expareja presentó una demanda «de ejecución de sentencia para solicitar el cese del uso del inmueble«. Así consta en las alegaciones presentadas ante la Audiencia Provincial, que reconocen que los trámites realizados por la mujer son «extemporáneos».

Sombra de Silvia (nombre ficticio) y su hijo de 4 años. / Miguel Ángel Montesinos

Así, la mujer no realiza en tiempo y forma una petición para revisar el acuerdo de divorcio y el procedimiento continúa. Silvia consiguió un aplazamiento del pasado 12 de mayo, pero la nueva fecha se acerca y se ve en la calle. Y no lo entiende. Porque ella es copropietaria, ha pagado religiosamente todas sus cuotas. «Pero no es el banco quien inicia el proceso de desahucio porque sabe mi circiunstancia y que yo pago mi parte. Es mi expareja quien quiere verme en la calle. Él dejó de pagar la hipoteca, tiene otras propiedades y no quiere esta casa. Lo que quiere es que yo no viva aquí. ¿Y dónde voy? Soy víctima de violencia machista, tengo un niño pequeño, soy una mujer vulnerable y no tengo apoyo de nadie», afirma, desesperada.

Informe de vulnerabilidad

Y es que Silvia, tiene, además, un informe del vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales del municipio en el que vive. La última baza ha sido un escrito presentado en el ayuntamiento en el que solicita la aplicación del Decreto Ley 1/2025 de Protección ante Desahucios. «Solicito que se activen las medidas de coordinación y jurídica previstas en dicho Decreto-Ley con el fin de evaluar mi situación conforme a los criterios establecidos; se comunique esta situación a los órganos judiciales competentes para que se aplique la suspensión del procedimiento indicado para el próximo 3 de junio de 2025; se interceda y medie a mi favor pues soy propietaria al 50 % de pleno derecho de mi vivienda y se está acometiendo una ilegalidad pues se intenta que el otro propietario del 50 % disponga del 100 % de la vivienda siendo que la casa no ha sido adjudicada a ninguno de los dos, que es un bien común y que el otro copropietario quiere perderla y que se la quede el banco (dicho por él mismo en sede judicial), además de que lleva desde el 2020 sin hacer el pago de su parte de hipoteca y, actualmente, hay una Ejecución Forzosa en contra suya y una reclamación de la deuda iniciada por el Banco».

Además, la mujer asegura que ·debería primar el Interés superior del menor a tener una vivienda digna tal y como se recoge en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos».

Para Silvia no tiene justificación «que mi exmarido quiera verme en la calle y la justicia lo permita. Soy propietaria, he pagado mi hipoteca y tengo un niño pequeño que es por el que peleo porque me siento completamente desamparada».

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