Unos 2.000 funcionarios pendientes de un traslado dentro de la Generalitat pueden no tener plaza hasta septiembre

El Govern ha solicitado al juzgado la suspensión cautelar de la sentencia que le obliga a tener bloqueado un concurso de traslado interno y que tiene a unas 2.000 personas, entre funcionarios y opositores, pendientes de destino desde hace casi un año. Fuentes consultadas de la conselleria de Presidència explican a este medio que han cambiado de estrategia y han solicitado medidas para poder desencallar la asignación del grueso de plazas mientras esperan a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Desde el departamento liderado por Albert Dalmau reconocen que la justicia puede tardar hasta dos meses en pronunciarse sobre si acepta o no la cautelar que le reclaman y que, como pronto, hasta entonces no podrán desencallar el proceso.

El origen de este embrollo judicial reside en un opositor que impugnó las bases del concurso de traslado, al entender que estas le discriminaban. Tenía razón, a juicio del juzgado de primera instancia. Alegó vulneración de derechos fundamentales y le dieron la razón en marzo de este mismo año. Lo que activó una serie de mecanismos que bloqueó el concurso de traslados -afectando a la movilidad de centenares de empleados públicos ya con plaza pero que querían cambiar de destino- y otra oposición, el conocido como convocatoria 824 y que afecta directamente a 650 personas que están pendientes de entrar como funcionarios fijos a la administración.

La mayoría de ellos son interinos, a la espera de nombramiento definitivo para consolidar su plaza o conocer su nuevo destino y, legalmente, la Generalitat no les puede confirmar la plaza hasta que no haya culminado los traslados, ya que los empleados públicos que ya están dentro de la Generalitat tiene prioridad sobre los ‘nuevos’ que acaban de conseguir puesto.

Pendientes del TSJC

Las estimaciones de la Generalitat es que en unos dos meses sabrá si la justicia acepta o no la cautelar. Es decir, hasta finales de julio o ya hasta septiembre -teniendo en cuenta que agosto es inhábil- no sabrán si podrán reactivar el proceso de traslados o no mientras esperan al TSJC. Luego serán los magistrados de este tribunal los que determinen si las bases del concurso se ajustan o no a la legalidad y si la administración catalana deberá rehacer todo el proceso, solo unas pocas plazas que afecten al demandante o dejarlo tal como está porque le dan la razón a la Generalitat. Ahí los cálculos de resolución son inciertos, si bien están superando las estimaciones iniciales de la dirección general de Función Pública, ya que hasta ahora no se había solicitado medidas cautelares porque sus servicios jurídicos confiaban en una pronta resolución.

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