“Tenemos otras alternativas más atractivas”
Iberdrola ha diseñado un nuevo plan estratégico que concentra la mayor parte de sus inversiones y de la rentabilidad esperada en el negocio de las redes eléctricas en Reino Unido y Estados Unidos, porque son los mercados que la compañía identifica los “marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos”. Una hoja de ruta que, en comparación, España tiene un protagonismo menor.
El grupo contempla ejecutar inversiones de 4.000 millones de euros en los próximos cuatro años en redes en España, pero condiciona parte de ese esfuerzo inversor a la nueva retribución a las redes que pretende aprobar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y que de momento se prevé que esté muy por debajo de a lo que aspira el sector.
Iberdrola propone así unas inversiones récord en redes en España, casi duplicando los 2.200 millones que contemplaba la anterior versión del plan estratégico del grupo. Pero la compañía deja en el aire una cuarta parte de esas inversiones, hasta en torno a 1.000 millones de euros, a la espera de conocer el nuevo marco regulatorio que se establecerá para las redes eléctricas en el mercado español, según advirtió el nuevo consejero delegado de la energética, Pedro Azagra, durante la celebración del Capital Markets Day de la compañía. “La inversión podría variar más o menos en 1.000 millones en función de las condiciones finales aprobadas”, sentenció.
Una advertencia sobre su plan de inversiones en España que llega en plena pugna con la CNMC por cuánto deben cobrar por su negocio de redes en los próximos años. El organismo presentó el pasado julio su propuesta de los cambios regulatorios que determinarán lo que cobrarán en el próximo sexenio las compañías energéticas por el negocio regulado de las redes eléctricas. La propuesta del organismo, esperadísima por el sector energético, supuso una sacudida para las compañías, porque los pagos que el organismo les ofrece están muy por debajo de las aspiraciones de las empresas para un negocio que es clave para ellas.
La CNMC lanzó una doble consulta pública como paso previo a la aprobación definitiva de dos circulares cruciales para el sector de las redes de distribución (las que llegan hasta la vivienda o la empresa del cliente final). Por un lado, la propuesta de fijar la tasa de retribución a las redes eléctricas en el 6,46% para los próximos seis años (para el periodo 2026-2031). Una tasa que supone un incremento desde el 5,58% actual, pero que se queda muy lejos de la subida hasta el 7,5% que exigían las compañías eléctricas para garantizar las inversiones necesarias en redes eléctricas para asegurar la transición energética. Iberdrola apuntó ante los analistas financieros este miércoles que necesitaría al menos una tasa del 7% para asegurar esas inversiones.
“Si no hiciéramos [en España] esas inversiones porque las condiciones no son atractivas, podemos invertir en otros países con mejores rentabilidades. Tenemos otras alternativas más atractivas”, apuntó el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. “Iberdrola es la empresa del Ibex que más invierte en España y la empresa industrial que más impuestos paga. España es importante para la compañía, pero somos nosotros más importantes para España. Queremos ayudar a España, pero hay que ser realistas”.
Gobierno vs. CNMC
El negocio de las redes de distribución (en manos de las grandes eléctricas) y de transporte (controlado por Red Eléctrica) es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica de todos los clientes.
El nivel de retribución lo establece la CNMC y el tope de inversión lo fija el Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica prepara una reforma de ese tope -vinculado con el PIB nacional- con el objetivo de elevarlo un 62% de manera excepcional hasta 2030, permitiendo a las distribuidoras ejecutar inversiones de hasta 7.700 millones en cinco años y a Red Eléctrica hasta 3.600 millones adicionales, en lo que se entiende como un guiño al sector para impulsar unas inversiones en redes que se consideran fundamentales para la transición energética.
“La política energética la diseñan los Gobiernos y los regualadores actúan de manera consistente con esa política. En el caso de España, el Gobierno está intentando crear una política que sirva de incentivo para invertir en redes, y espero que el regulador siga ese mismo camino”, subrayó Sánchez Galán. “Si el regulador no está en línea con la política del Gobierno, tendrán que resolver [entre ellos] ese problema”.
En total, la nueva ‘hoja de ruta’ de Iberdrola para el periodo 2025-2028 prevé unas inversiones de 9.000 millones de euros en España, incluyendo esos 4.000 millones de euros previstos a redes eléctricas, que permitirán pasar la base de activos regulados del grupo en el país de los 9.000 millones de euros a los 11.500 millones de euros en cuatro años. «Esto dependerá también del marco regulador, ya que debemos asegurar retornos suficientes y que aumenten también los límites de inversión con recuperación de OPEX», indicó el consejero delegado del grupo.
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