«Quieren instaurar un estado policial”
El presidente de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha avanzado que impugnará en los tribunales el nuevo control horario que pretende implementar el Gobierno en las próximas semanas. El líder patronal catalán ha acusado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de pretender instaurar un «estado policial» en las empresas con su nuevo registro de jornada, según ha manifestado este martes en un desayuno informativo organizado por el Fòrum Europa Tribuna Catalunya.
Bajo los altos y barrocos techos del Hotel Palace, el presidente de la histórica patronal catalana ha cargado frontalmente contra la ministra de Trabajo por querer endurecer los controles sobre el número de horas que trabajan los asalariados en España.
La vicepresidenta segunda fracasó en su primer intento de reducir la jornada legal de los trabajadores y ahora quiere reducir la jornada real que realizan muchos de estos, por la vía de garantizar ejercen el tiempo que figura en su contrato, no más. Actualmente, en España se realizan cada mes 28 millones de horas extras, de las cuales 11,3 millones son no remuneradas, según la última encuesta de población activa (EPA).
Trabajo ha puesto en marcha una reforma de la normativa de registro de jornada, vigente desde 2019, con el objetivo de obligar a todas las compañías a digitalizar su registro, suprimiendo así el cómputo a papel y boli y permitiendo a la Inspección de Trabajo acceder a los mismos en remoto.
Así la autoridad laboral pretende poder certificar en cualquier momento y sin aviso previo si en una compañía se están produciendo o no excesos de jornada. Con el reto a nivel de efectivos y de recursos informáticos que ello supondrá.
«Los empresarios no somos unos ladrones, la mayoría de las horas extras son remuneradas. Queremos respeto, no somos presuntos delincuentes. Si quieren reformar el registro de jornada, que lo traigan a la negociación colectiva», ha criticado Sánchez Llibre. «Pondremos todo lo que esté en nuestra mano para frenarlo, en los tribunales y dónde sea», ha avanzado.
No está claro todavía la fecha exacta de entrada en vigor del nuevo registro de jornada, si bien fuentes consultadas apuntan a finales de octubre o principios de noviembre.
La reforma del registro de jornada estaba incluida dentro del proyecto de ley que tumbaron PP, Vox y Junts a mediados de septiembre en el Congreso. A los últimos, Sánchez llibre ha aprovechado la ocasión para agradecer los servicios prestados. «Es de biennacido ser agradecido», ha afirmado el patrono. «Gracias a Junts y al president Carles Puigdemont, se hizo un gran favor a la economía productiva y se evitó su quiebra», ha añadido.
Contra la OPA del BBVA: «Son duros a cuatro pesetas»
Sánchez Llibre ha aprovechado su ponencia en el Hotel Palace para manifestar su deseo de que la OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell no prospere. «Sería una auténtica desgracia desde el punto de vista política y económico», ha manifestado.
El líder de Foment, que al igual que la gran mayoría del asociacionismo empresarial, ha cerrado filas desde el principio de la operación con el Sabadell. Sánchez Llibre ha desdeñado la última oferta del BBVA, que aumentó un 10% su anterior propuesta y ofrece aproximadamente 3,39 euros por cada acción del Sabadell. «El valor del BBVA no es el que se espera en la bolsa, es comprar duros a cuatro pesetas, espero que no prospere», ha afirmado el líder patronal.
Loa la «valentía» de Illa con el aeropuerto
El presidente de Foment del Treball ha sido introducido en el coloquio de este martes por la presidenta y consejera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, que ha valorado la posición frontal de Foment a favor de la ampliación del aeropuerto de El Prat.
Sánchez Llibre ha loado «la valentía del president Illa» para tirar hacia adelante el proyecto, pese a las reticencias o rechazo frontal que genera entre sus socios de investidura y entre parte de la sociedad catalana.
El líder empresarial ha reconocido que las obras no podrán arrancar inmediatamente porque la Generalitat debe cumplir todavía una serie de sanciones ante la Comisión Europea, lo que puede demorar el arranque entre tres y cuatro años, según ha cuantificado Sánchez Llibre, si bien se ha mostrado convencido de que Bruselas acabará dando el visto bueno definitivo.
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