¿Puede realmente la UE evitar que el Gobierno entorpezca la opa de BBVA a Sabadell?

La Comisión Europea ha avisado en numerosas ocasiones al Gobierno español que sus maniobras para poner trabas a la operación BBVA – Sabadell pueden tener consecuencias. Que no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados. A finales de mayo fuentes comunitarias fueron especialmente duras con los intentos del Ejecutivo español de evitar la opa. «No conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alinee con las decisiones de las autoridades competentes«, señalaron entonces las fuentes consultadas.

Bruselas ha avisado desde entonces varias veces que «no dudará en hacer uso de sus poderes» como guardiana de los Tratados. Pero, ¿qué poderes son esos? ¿Realmente puede la Comisión Europea evitar que el Gobierno entorpezca o incluso vete la operación BBVA – Sabadell? Esta semana Expansión ha citado a una fuente comunitaria señalando que la apertura de un procedimiento de infracción, el expediente con el que ya amenazaba en mayo, podría ser inminente. Por muy inminente que sea, la clave de ese instrumento es que para cuando haya concluido su uso la operación estará olvidada en el fondo del cajón de la hemeroteca. Lo saben en el Gobierno, lo saben en el BBVA, en el Sabadell y, por supuesto, en Bruselas.

Es importante destacar que las operaciones de gran calado suelen tener que pasar por las manos de la Comisión Europea. Cuando ese es el caso el margen de los Gobiernos nacionales para hacer descarrilar la operación es mucho menor. Pero en el de BBVA – Sabadell se da la situación de que no supera los umbrales mínimos para requerir del examen de los técnicos comunitarios, y eso ha dejado en manos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) el asunto, por lo que la Comisión ha quedado en una posición más de espectadora que de parte.

Procedimiento de infracción

La realidad es que el procedimiento de infracción es la principal herramienta que tiene a su alcance el Ejecutivo comunitario, que para presionar al Gobierno debe hacer más uso de la política que de procedimientos preestablecidos. Un procedimiento de infracción se abre cuando la Comisión Europea considera que una legislación nacional es contraria a la legislación europea o cuando por ejemplo no se está aplicando de manera adecuada una directiva europea. En última instancia, si el Ejecutivo comunitario considera que el incumplimiento se mantiene, se puede llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictamina si era Bruselas o el Gobierno nacional el que estaba haciendo una correcta interpretación de la legislación europea. El alto tribunal de Luxemburgo puede incluso aplicar multas diarias.

Hay dos claves para entender si esto va a servir para frenar al Gobierno. El primero son los plazos: los procedimientos de infracción son lentos, y tardan mucho en avanzar. Además, es habitual que los Estados miembros nieguen las acusaciones de la Comisión Europea, por lo que si Bruselas quiere torcer el brazo el Gobierno le toca superar todas las fases antes de llegar al punto en el que una tercera parte, el TJUE, toma una decisión.

La segunda clave es que esos procesos son más efectivos cuando son muy técnicos y afectan a cuestiones poco centrales del poder del Estado miembro. Cuando España aplica mal una directiva de aguas residuales el toque de atención a veces es suficiente. Pero el problema con la operación BBVA – Sabadell es que es enormemente político. Y en la Comisión Europea lo saben. Por eso, además de las amenazas, utilizan argumentos políticos, pidiendo al Gobierno «que haya coherencia entre el apoyo oficial de los Estados miembros para seguir avanzando en la Unión Bancaria y la Unión del Ahorro y la Inversión y sus políticas nacionales de consolidación bancaria«.

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El poder con el que cuenta el Gobierno para frenar la operación está recogido en la Ley de protección de la competencia del 2007, que recoge que el consejo de ministros podrá «valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia». Aunque el Ejecutivo comunitario se niega a explicar sobre qué base inició en octubre del año pasado el «EU Pilot«, el proceso de consultas previo a la apertura de un procedimiento de infracción, lo más probable es que sea a raíz de esta ley.

Interés general

La Comisión Europea admite que se pueden aplicar restricciones adicionales por el «interés general» como ha hecho el Gobierno, pero avisa de que este, se supone, debe estar claramente delimitado. Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario, recordó hace algo más de un mes que los Gobiernos «pueden imponer restricciones a las libertades fundamentales, incluida la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, si tales restricciones son otorgadas y se basan en intereses públicos legítimos«. La Comisión trata de empujar al Gobierno y evitar que ponga trabas a la operación con una mezcla de posicionamiento político y amenaza de mala imagen con el procedimiento de infracción. Su posición

En la vía del procedimiento de infracción, sabiendo que no se va a solventar el problema con ese expediente únicamente, una de las claves es ver hasta qué punto el Gobierno se ha movido dentro de los límites de lo que se consideran intereses públicos legítimos. Los poderes que le otorga la ley del 2007, así como su aplicación, se tendrían que contrastar con una serie de artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para comprobar si de alguna manera la aplicación de la ley española se extralimita. Son un puñado de artículos, pero son claves: el que recoge la libertad de movimiento de personas, servicios y capitales, o el artículo 114, sobre la armonización de legislaciones entre Estados miembros para la creación de un verdadero mercado único.

El poder de las capitales

Pero cuando se trata de convencer a un Estado miembro de que se deshaga de un poder con el que cuenta hasta ahora y del que hacía uso, la Unión Europea no lo tiene para nada fácil. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí. No es una cuestión particular de España. Ni siquiera cuando se habla de bancos. En paralelo al pulso del Ejecutivo comunitario con el Gobierno español, la misma situación se está dando con el Gobierno italiano, que ha bloqueado la adquisición del Banco BPM por parte de Unicredit.

En Europa hay una continua lucha de competencias y de poder. En la Comisión Europea tienen claro que cuanta más manga ancha haya, más tendencia tendrán los Estados miembros a intervenir en este tipo de operaciones, y menos fuerza política tendrá Bruselas para evitarlo. Pero los tiempos han cambiado. La Europa de hoy es mucho más intergubernamental que la heredada de la era de la troika, cuando el Ejecutivo comunitario tenía fuerza para imponer su voluntad y su visión del mercado interior. Esta Comisión tiene una dependencia mucho mayor de las capitales, y los Gobiernos nacionales lo saben, huelen la debilidad, y están dispuestos a exprimirla. Mientras tanto la Comisión, tras más de un lustro de apoyo a un regreso al intergubernamentalismo en el que ella juega un papel poco por encima del de mero directorio, intenta recuperar el control de la situación, al menos en algunos ámbitos, como es el bancario.

La Comisión Europea ha avisado en numerosas ocasiones al Gobierno español que sus maniobras para poner trabas a la operación BBVA – Sabadell pueden tener consecuencias. Que no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados. A finales de mayo fuentes comunitarias fueron especialmente duras con los intentos del Ejecutivo español de evitar la opa. «No conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alinee con las decisiones de las autoridades competentes«, señalaron entonces las fuentes consultadas.