PSOE y Junts abren la puerta a la autodeterminación fiscal de Cataluña



El pacto de investidura de PSOE y Junts, firmado hoy tras semanas de tiras y aflojas, no solo es revolucionario desde el punto de vista político, al cerrar un acuerdo sobre la futura ley de amnistía y prever una negociación sobre un futuro referéndum de autodeterminación. En el ámbito económico, abre la puerta a que Cataluña acceda además a otro tipo de autodeterminación, en este caso de carácter tributario de facto. Así ocurriría mediante la implantación en esa autonomía (ahora sometida al llamado régimen de financiación común) de un modelo muy semejante al propio de los territorios forales: País Vasco y Navarra.

La clave está en la plasmación explícita en el texto de la reivindicación de Junts de que se reconozca la «singularidad fiscal de Cataluña» de modo que se «facilitará la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en dicha comunidad«.

Ante esta exigencia, los socialistas ya dan por seguro que «apostarán por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación».

Este último mecanismo, recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), es donde Junts quiere llevar a cabo una «modificación» que permita el reconocimiento de la singularidad fiscal mencionada más arriba.

Así lo recoge el texto de ese acuerdo que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, en el que la máxima aspiración tributaria de los independentistas se materializa. Desde las elecciones del pasado julio, los secesionistas dejaron claro que aspiraban al modelo vasco y navarro, basado en la recaudación íntegra de los tributos por parte de sus administraciones, para luego llegar a un acuerdo con el Estado, sobre la cuantía con la que sufragar los servicios que cubre la Administración central.

Continuando en clave económica, el acuerdo prevé también abordar la elaboración de un plan que facilite y promueva el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista de octubre de 2017.

Desconfianzas mutuas

En materia política, el citado acuerdo remarca las «profundas discrepancias» y «desconfianzas mutuas» que pese a todo existen entre ambas formaciones y son «conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender». Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones, añade el documento.

Para la consecución de estos acuerdos, PSOE y Junts han acordado «dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación» y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue.

Así las cosas, el documento pone de relevancia dos grandes ámbitos de permanente debate: el de la superación de los déficit y las limitaciones del autogobierno y el relativo al reconocimiento nacional de Cataluña.

En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la sin-gularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña.

Análisis de los jueces

La firma del acuerdo tiene lugar después de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance que, según ha explicado el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, cubriría «desde 2012 a 2023», y se aplicaría a «todo lo que ha estado relacionado directa o indirectamente con el procés«. Si bien no se remite a nombres concretos, «a partir de ahí, los jueces analizarán cada caso y cada persona», ha apuntado el socialista.

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