Once comunidades perderán 47.000 millones si se generaliza el cupo catalán

La aplicación del cupo a todos los territorios –una posibilidad incluida en el principio de acuerdo entre Ejecutivo y Generalitat junto a sus socios independentistas– conllevaría una sangría de 14.500 millones de euros para Andalucía, la región más perjudicada con esta nueva fórmula de financiación. En este ranking negativo se situarían Canarias (6.893 millones) y Castilla y León, con más de 6.000 millones. Otras ocho regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Asturias, Aragón, La Rioja y Cantabria, además de Ceuta y Melilla) también detraerían recursos (ver gráfico adjunto).

En la mayor parte de los casos se trata de territorios de la España vaciada, más rurales, con localidades muy dispersas, e, incluso, con graves problemas de despoblación. Son los datos extraídos del análisis de Francisco de la Torre y Jesús Fernández Villaverde, autores del libro ‘La factura del cupo catalán’, con datos exhaustivos de la Agencia Tributaria.

Frente a estas regiones, ese análisis indica que Cataluña liquidaría el sistema ganando más de 18.000 millones de euros, una cifra fetiche para los partidos independentistas, que siempre se han quejado de que esa es la falta de recursos que acecha a la comunidad autónoma. En esa región, como en el caso de Madrid, con casi 100.000 millones más, la estadística se ve distorsionada, entre otras variables, por impuestos que se generan en todo el territorio español (por ejemplo, el IVA se paga en compras por todas las regiones) aunque sus empresas tengan sus sedes en Madrid o Barcelona, donde se liquidan esos impuestos indirectos.

Estas cuentas del futuro sistema son el resultado de aplicar las grandes medidas pactadas, como la cesión del 100% de los impuestos a las comunidades donde los recaudan, como el IRPF, el caramelo más apetecible en Cataluña por su elevado grado de recaudación. Frente al modelo actual, en el que la Agencia Tributaria estatal recauda esos gravámenes y después los reparte en función de varios parámetros incluidos en la Lofca (Ley de Financiación), el nuevo consistiría en dejar en las regiones todos los impuestos, lo que implicaría elevar en más de 54.000 millones de euros el coste de la financiación autonómica, con los 11 perdedores ya conocidos, los tres ganadores y el resto que se quedarían en una situación neutra.

El quid de esta fórmula es que a esas cuantías de ingresos habría que restar el gasto en el que todas incurrirían para pagar al Estado por los servicios prestados en cada uno de sus territorios: policía y guardia civil; defensa; política exterior; aportación española al presupuesto europeo; y sobre todo, el gasto proporcional en pensiones que se paga con impuestos (solo el año pasado el Tesoro inyectó a la Seguridad más de 50.000 millones de euros);#y los intereses de la deuda pública, que protegen a todos los españoles por casi 30.000 millones de euros al año. En total, 110.000 millones que tendrían que aportar entre todas las autonomías.

El Estado, al rescate

Si este gasto se repartiera en función del peso del PIB de cada autonomía, Cataluña tendría que aportar 18.000 millones, según los cálculos del informe citado, con lo que el incremento de financiación apenas sería de 500 millones. Por tanto, la única forma de que el cupo se traduzca en un fuerte incremento de los ingresos de la comunidad, como pretende el independentismo, es fijar un cupo –pago por los servicios prestados por el Estado–, muy inferior al que le correspondería por su peso en la economía española. Y esto es, precisamente, lo que todavía no aparece aclarado en el acuerdo. Y de hecho, es la misma circunstancia que se da en el País Vasco y Navarra, donde el cálculo de la aportación al Estado se revisa cada cinco años y se fija más por motivos políticos y necesidades de apoyos parlamentarios que por lo que realmente cuestan los servicios que el Estado realiza en estas comunidades autónomas.