México espera ingresar un 1,8% menos en 2024 mientras Sheinbaum promete más gasto social

Claudia Sheinbaum ganó este domingo las elecciones de México con una amplia ventaja (obtuvo entre el 58,3% y el 60,7% de los votos según el primer conteo rápido oficial), convirtiéndose así en la primera presidenta del país. Ahora, tiene por delante innumerables retos económicos para sacar adelante el país. Uno de los principales mantras de su proyecto económico durante la campaña fue el de orientar el gasto hacia un incremento de las partidas sociales. Pero los expertos aseguran que al país le urge una reforma fiscal «en profundidad» para que pueda seguir adelante.

Este año se espera que las arcas mexicanas ingresen un 1,8% menos que en 2023 (7,3 billones de pesos), según la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Esto equivaldría al 21,3% del PIB del país. Así, esto sitúa los ingresos de este ejercicio a niveles de 2018 y, a niveles del PIB, «sería la recaudación más baja desde 2019», aseguran en un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) de México.

Por desglose, los datos muestran que, en comparación con el año fiscal de 2018, los ingresos tributarios crecerían 1,7 puntos con respecto al PIB y los ingresos por energía caerían 1,4 puntos porcentuales. Es cierto que los ingresos procedentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se han incrementado, pero la recaudación por IVA y por petróleo resultaron un lastre para este fortalecimiento de las arcas.

Sheinbaum aseguró en campaña que si consiguiese hacerse con la presidencia convertiría a México en «una potencia educativa, científica y de la innovación», haciendo gratuita toda la educación del país. Al mismo tiempo, también prometió que ampliaría las becas para todos los niveles educativos y fortalecería los salarios de los docentes.

En una conferencia, el director de investigación del CIEP, José Luis Cavellina, dijo que el margen presupuestario que tiene México para proporcionar recursos sin poner en riesgo las cuentas del país -conocido como espacio fiscal- es del 0,9% del PIB y que para ampliar los recursos en educación «se necesita ampliar el gasto un 0,8% del PIB, por lo que se comería casi por completo el espacio fiscal», dijo el experto.

Lo mismo sucedería con la Sanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el gasto público en salud debe ser del 6% del PIB para que sea «efectivo y equitativo». «En México apenas llega a la mitad de dicho porcentaje», dijo Cavellina. La ya elegida presidenta proponía antes de ser elegida que iba a crear un sistema de salud universal con medicinas gratuitas. Al mismo tiempo, prometió modernizarlo, pero las cuentas no dan.

El comportamiento del entorno fiscal de México no está jugando nada a favor de Sheinbaum. El país azteca carga sobre sus hombros su mayor déficit presupuestario desde la década de los ochenta. Según los datos oficiales, se espera que sea del 3,9% del PIB «en un ambiente de finanzas públicas controlado», dice el informe de Presupuestos. En cambio, el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) -abril 2024- estima que el pasivo del país cierre el año en el 5,9%, desde el 4,3% del PIB en 2023. Sheinbaum dijo que quería acortarlo de aquí a 2029 al 2,9%,pero el FMI incluso prevé que llegue al 2,7%, pero no se sabe todavía cómo lo va a conseguir.

En líneas generales, los planes fiscales de Sheinbaum han sido bastante vagos durante la campaña. Solamente sugirió que México puede evitar tanto aumentar los impuestos, como recortar el gasto, centrándose en la parte de los ingresos, mejorando la recaudación. Pero la reforma fiscal «tendrá que hacerse en algún momento, y eso siempre es un lastre para la economía», aseguró Steven Palacio, analista de JPMorgan.

José Luis Clavellina explicó que la presidenta electa prometió construir más vivienda e infraestructuras ferroviarias, además de subir el gasto en programas sociales, «pero no queda claro si esas propuestas van a poder estar financiadas con los ingresos adicionales que se obtengan por la automatización y la simplificación administrativa», ya que el año que viene Hacienda planteó un recorte del gasto público en inversión para hacer frente a ese déficit presupuestario.

La deuda pública es otro gran problema al que se va a enfrentar la presidenta en su mandato. Según las estimaciones del FMI, se va a quedar estancada en el entorno del 55% del PIB de aquí a un lustro. Incluso llegará al 56,1% en 2029. Esto supone un problema bastante gordo para el país.

En un informe de CIEP, publicado a principios de año, establecían como «crucial» el desarrollo de estrategias para «diversificar las fuentes de ingresos del Gobierno, mejorando paralelamente la eficiencia en el gasto público». Al mismo tiempo, ven importante hacer una revisión y ver si los déficits públicos pueden generar estímulos económicos. «Sin embargo, en el contexto nacional, el endeudamiento público no ha sido capaz de impulsar el crecimiento económico o la productividad laboral, ni ha expandido la base gravable».

Empleo informal récord

Esto sucede en un contexto en el que México registró una tasa de paro en mínimos históricos. En el primer trimestre del año fue del 2,5%. Entre enero y marzo de este año, 1,5 millones de personas están desempleadas; 32,1 millones son empleos informales y 4 millones están subocupados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. El empleo informal creció durante 2023, superando el 55% de la población activa.

La OCDE aseguró en un informe que la baja recaudación de México está muy vinculada a la informalidad laboral. Los ingresos tributarios medios del país azteca por Impuesto de la Renta supusieron en 2023 el 16,9% del PIB, frente al 22% de media de los países de la región de América Latina y el Caribe. Si la futura presidenta quiere aumentar la recaudación fiscal a través del impuesto de la renta, deberá atajar de raíz el problema de la informalidad laboral.

Por el momento, la única propuesta laboral que llevó en campaña es la de subir el Salario Mínimo Interprofesional. Su objetivo es establecer un aumento nominal hasta que se sitúe en el 11% anual. Esta medida es un modelo continuista de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que hizo seis aumentos del SMI durante su legislatura. La última entró en vigor en enero de este año, pasando de 12,06 dólares al día (207,44 pesos mexicanos) a 14,48 dólares (248,93 pesos mexicanos).

Todos estos frentes se abren en una legislatura que arranca con una economía completamente desacelerada. El FMI revisó a la baja en abril el crecimiento de la segunda economía de América Latina para este año, hasta el 2,4%. Para 2025 el crecimiento será aún menor, y se quedará en un magro 1,5%. La presidenta electa pone la confianza en que el nearshoring pueda impulsar la economía del país, y por ello llamó a crear un entorno favorable para que las empresas estadounidenses pongan sus fábricas cerca de la frontera. Pero, tras ralentizarse en 2023, el impulso del nearshoring todavía no está recuperado del todo y la producción industrial en México cayó un 0,4% durante el primer trimestre. Asimismo, las exportaciones también cayeron un 5,3% interanual.

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