más impuestos a los ricos, congelar el IRPF y menos gasto sanitario

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó este martes ‘in extremis’ en el Consejo de Ministros su proyecto de Presupuestos para 2026, con el que pretende corregir las cuentas en 30.000 millones de euros y establece un objetivo de déficit en el 4,7% del PIB. Una cantidad que «podría flexibilizarse», dijo el premier galo, hasta el 5%. Todo esto bajo medidas como la congelación de las pensiones y el IRPF, así como la creación de nuevos impuestos a las grandes fortunas.

Dado que no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), Lecornu aseguró que este proyecto de Presupuestos está «diseñado para permitir el debate», por lo que establece ese margen de déficit hasta el 5% que podría absorber el impacto financiero, calculado en varios cientos de millones, que supondría la supresión de la reforma de las pensiones que piden los Socialistas para apoyarle y que prometió ante la Asamblea, este mismo martes, que dejaría paralizada hasta las presidenciales de 2027.

El proyecto de cuentas públicas para el próximo ejercicio prevé que el déficit estructural se acorte en 0,8 puntos del PIB, con un «esfuerzo» de 30.000 millones de euros con respecto a 2025 que incluye un ahorro de gasto 17.000 millones y casi 14.000 millones de ingresos a través de la creación de nuevos impuestos y la modificación de otras figuras tributarias. Lejos quedan los 40.000 millones que pretendía ahorrar Bayrou en su proyecto de Presupuestos.

A diferencia del presupuesto de 2025, basado íntegramente en aumentos de impuestos, el de 2026 se equilibraría entre recortes del gasto (55%) y aumentos de la recaudación fiscal (45%). La tasa de impuestos obligatorios aumentaría así del 43,6% al 43,9% del PIB, mientras que el peso del gasto público se reduciría del 56,8% al 56,4% del PIB en un año.

El Consejo Superior de Finanzas Públicas, un organismo dependiente del Tribunal de Cuentas, dictaminó que este proyecto es «más que frágil». La autoridad de cuentas públicas reitera que el escenario económico adoptado por el equipo de Lecornu está basado en supuestos «optimistas» y objetivos «ambiciosos», cambiando «una importante consolidación presupuestaria con una aceleración de la actividad impulsada por la recuperación de la demanda privada», escribían en su dictamen.

El equipo de Lecornu prevé que el crecimiento para el año que viene sea del 1%, mientras que el resto de organismos y el consenso privado han corregido a la baja el avance de la economía gala para el año que viene, situándola en el entorno del 0,9%.

Como ya avanzó Lecornu al periódico Le Parisien, el documento presenta una reforma del sistema fiscal en el que se incorporan nuevas tarifas y otras se ven modificadas o reformadas. «Presentaré una propuesta presupuestaria en la que algunos impuestos aumentarán, pero otros disminuirán», aseguró al tabloide.

Tasas a los ricos

Según informaban varios medios locales, el texto presentado en Consejo de Ministros prevé crear un impuesto a los activos «no asignados a una actividad operativa» de las sociedades en cartera de patrimonio -bienes, inversiones, dinero, propiedades, etc.- que no estén relacionadas con una actividad económica real.

Es decir, las sociedades de carteras de patrimonio son empresas creadas para gestionar y conservar el dinero o las propiedades de personas ricas, no para los negocios, con las que los grandes patrimonios pretenden eludir el fisco a través del impuesto de la renta. Este impuesto apuntaría a unas 20.000 o 30.000 de estas sociedades. La propia ministra de Cuentas Públicas, Maélie Montchalin, reconoció en julio que es un mecanismo que se usa para eludir impuestos: «Seamos francos, se trata de un mecanismo bastante común para eludir y, en ocasiones, eludir impuestos».

En la exposición de motivos, los legisladores explican que esto compensaría la «pérdida de progresividad en la tributación de la renta observada por algunos estudios para alrededor de 4.000 de los hogares más ricos».

Un reciente informe del Instituto de Políticas Públicas de Francia señaló que la estructura progresiva del sistema tributario francés se debilita en los niveles más altos de riqueza.

Según el análisis del centro de estudios, la carga fiscal efectiva para el 0,1% de la población con mayores ingresos ronda el 46%. No obstante, en el extremo superior —es decir, entre los 72 hogares más acaudalados del país, que representan apenas el 0,0002% del total—, este porcentaje desciende hasta aproximadamente el 26%. La razón es que gran parte de su patrimonio no procede de dividendos sujetos al impuesto sobre la renta, sino de ganancias empresariales no distribuidas, las cuales solo están gravadas por el impuesto de sociedades, cuyo tipo general en Francia es del 25%.

Este impuesto sobre las sociedades holding, sustituto del impuesto Zucman que reclamaban desde el Partido Socialista, no afectaría, sin embargo, a los activos profesionales, lo que reduciría su rendimiento en aproximadamente un 90%. Podría generar entre 1.000 y 1.500 millones de euros.

Dentro del capítulo de a tributación a los más ricos, el proyecto de Presupuestos también propone mantener la tasa diferencial creada en 2025. Esta figura tributaria aspira a un impuesto del 20% para las rentas altas. También mantendría el impuesto «excepcional» de 2025 a los beneficios de las grandes empresas, pero con un tipo reducido a la mitad, con una recaudación prevista de 4.000 millones, frente a los 8.000 de este ejercicio.

A esto se añade otra serie de modificaciones en el sistema fiscal para buscar la eficiencia de aquellos impuestos que no aportan tanto a las arcas públicas o que se han quedado anticuados, así como de las deducciones fiscales ineficientes.

En lo que respecta a la reducción de tasas, Lecornu pretende reducir un tercio el impuesto sobre el valor añadido de las sociedades, un impuesto destinado a los fabricantes, como primer paso a su abolición definitiva.

Congelar pensiones y reducir el gasto sanitario

A diferencia de España, en Francia el gasto sanitario está ligado a la Seguridad Social y no va vía Presupuestos Generales. Así, según rezan los Presupuestos de la Seguiridad Social 2026, remitidos también al Consejo de Ministros este martes, Lecornu pretende reducir el déficit de la administración en 17.500 millones de euros en 2026, tras los 23.000 millones del pasado año fiscal.

La clave de este ahorro estará en la reducción del gasto en seguros de salud, que solo caerá un 1,6%, hasta alcanzar los 270.400 millones, lo que es mucho menor que el aumento natural del gasto. Con esta medida, el Gobierno pretende ahorrarse 7.100 millones de gasto sanitario, sobre todo en las bajas laborales, medicamentos y dispositivos médicos.

Al ahorro del gasto sanitario se suma la «congelación de todas las pensiones básicas» y de las prestaciones sociales en el año 2026. Eso sí, el texto prevé una subindexación de las pensiones (respecto a la inflación) de 0,4 puntos para los años siguientes, a partir de 2027.

Eso sí, Lecornu plantea suprimir la deducción del 10% sobre los ingresos de los jubilados atribuidos a «gastos profesionales». Es decir, hasta ahora el sistema pensaba que parte de la pensión no debe tributar, aunque ya no trabajen, para que los pensionistas tengan ciertas ventajas fiscales. Pero ahora, el primer ministro plantea una deducción fija de 2.000 euros para todos los jubilados, lo que mejoraría la situación de las parejas jubiladas más modestas y obligaría a las de rentas más altas a pagar más.

Congelar el IRPF

Pare que el primer ministro tomó la premisa de su antecesor, François Bayrou, de hacer «un año en blanco». Debido a eso, además de congelar las pensiones y no revalorizarlas con el IPC, también dejará sin modificar el Impuesto de la Renta (IR). Esto aportaría cerca de 7.100 millones a las arcas públicas.

Habitualmente, los proyectos presupuestarios franceses contemplan una actualización de los tramos del impuesto sobre la renta en línea con la inflación, un mecanismo equivalente a la deflactación del IRPF en España. Esta medida busca evitar que el aumento de los precios reduzca el poder adquisitivo de los contribuyentes y, en consecuencia, que el Estado se beneficie indebidamente del alza nominal de los salarios.

Es decir, una persona cuyo salario aumenta al mismo ritmo que el IPC, no le supondrá un salto de tramo en la tabla del IR, por lo que no tendrá que pagar más impuestos y su poder adquisitivo no mermará. Asimismo, una persona jubilada que ve sus ingresos incrementados por la revalorización de su pensión en consonancia al IPC, pagaría la misma cantidad de IR.

En Francia existe también la Contribución Social Generalizada (CSG), un impuesto de carácter universal y progresivo destinado a financiar el Estado del bienestar. Este gravamen se aplica a casi todas las fuentes de ingreso, independientemente de si provienen o no del trabajo, y actúa parcialmente como sustituto de las cotizaciones sociales, con el fin de reducir la carga fiscal de los empleadores.

La decisión de mantener sin cambios los tramos de este impuesto, en un contexto de inflación estimada en torno al 1%, podría aportar entre 1.000 y 2.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas, según cálculos de distintos analistas. En consecuencia, los contribuyentes cuyos ingresos crezcan al mismo ritmo que los precios también verían incrementada su carga fiscal. Incluso quienes se sitúan justo en el umbral inferior —11.498 euros anuales en el caso de una persona soltera sin hijos— pasarían a estar obligados a tributar por el impuesto sobre la renta.

La supervivencia del gobierno de Lecornu está ahora en manos del Partido Socialista. Aunque todo apunta a que se van a inclinar por hacerle una moción de censura, aunque aseguraron que no votarían a favor ni de la que propusieron en el bloque de la ultraderecha, ni de la de la extrema izquierda, que se revisarán el jueves.

El líder de los socialistas galos, Olivier Faure, aseguró que si el gobierno accede a las exigencias sobre pensiones, poder adquisitivo e impuestos, «se salvará».