Los inspectores alertan de que el nuevo proceso de selección de funcionarios supondrá «mayor subjetividad y rebaja de criterios»

«Con media España de vacaciones, se ha conocido el documento que ha publicado el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública sobre los cambios que esta área del gobierno quiere introducir en los procesos selectivos de los funcionarios que prestan sus servicios en la Administración General del Estado (AGE)«, comienzan los inspectores.

«La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) manifiesta su rotundo rechazo a esta propuesta y subraya que la captación de talento no puede implicar, bajo ningún pretexto, que se introduzcan criterios que se traduzcan en una desaparición de la actual objetividad que emana de nuestros sistemas de acceso a la función pública o en una rebaja de criterios para el acceso a la misma«, denuncian.

Los inspectores han criticado duramente el documento presentado, hasta por su utilización del léxico, que califican de «muy mejorable». «Es un papel lleno de ambigüedades, palabras incomprensibles y vacías, incongruencias y conclusiones que entrañan un gravísimo peligro para el futuro de la función pública española«.

«En los últimos años los funcionarios superiores de la AGE han dado a conocer su opinión acerca de esta situación, habiendo sido ninguneados por los gobernantes que en ningún caso han querido contar con la opinión de sus más altos funcionarios y, en particular, la de los Inspectores de Hacienda del Estado. Es llamativo el título del documento «Consenso por una administración abierta«, puesto que ni ha habido consenso ni se ha querido escuchar a quienes de Administración saben«, critican los inspectores.

«Para IHE la intención es evidente: demoler la Administración pública a través de la demolición del capital humano. El plan, organizado desde la secretaría de Estado de Función Pública, al frente de la cual actualmente está la Sra. Dña. Clara Mapelli, pretende que una «selección» de personas, que acceden a una escuela por medio de un examen de conocimientos generales, puedan luego, cuando ya se conocen sus nombres y apellidos, ser seleccionados para lograr la plaza en cualquier área competencial de la AGE, previamente diseñadas con una ambigüedad que roza el absurdo, razón por la cual IHE advierte del absoluto caos en el servicio público«.

Del mismo modo, los inspectores denuncian la imposibilidad de incluir todos los contenidos correspondientes a las oposiciones del grupo A1 y A2 en dos años de máster, concluyendo que, sin duda, terminará disminuyendo el nivel de los aspirantes.

«El Gobierno, no contento con demoler la función pública a partir de la cesión de competencias que en muchas áreas se está proponiendo, en especial, en el área tan crucial para un estado de bienestar como es la Administración tributaria, sigue adelante con el desmoronamiento de la Administración, del Estado de Derecho y de la función pública española«, concluyen.