Los frentes legales del Gobierno por su papel en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell

Los frentes legales del Gobierno por su papel en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell



La opa de BBVA sobre Banco Sabadell embarra con el frente judicial. El tono político que ha adquirido la operación después de que prácticamente todo el arco parlamentario haya expresado su opinión, ha desatado una tormenta en torno a este movimiento corporativo, que mantiene expectante a accionistas, organismos reguladores e, incluso, Bruselas. Los nubarrones caen ahora mismo sobre la Audiencia Nacional tras admitir a trámite el recurso contra la consulta pública del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre la citada opa.

Éste ha sido presentado por Ibor Fernandes, socio de Statera Legal y accionista de BBVA, que también solicitó suspender el uso de los datos recabados como medida cautelar. En este sentido, el órgano judicial ha optado por abrir una pieza separada con un plazo de diez días al Gobierno para formalizar alegaciones. Fuentes del Ejecutivo comentan a ‘La Información Económica’ que se encuentran analizando la situación antes de decidir si presentan el escrito y muestran «su respeto absoluto» por los procedimientos. El pasado viernes dieron un paso más tras solicitar que eleve de cautelar a cautelarísima, lo que forzaría a una resolución exprés por parte de la Audiencia Nacional, que no requiere alegaciones de antemano, ya que se pueden solicitar ‘a posteriori’. 

Según explican desde el bufete, el objetivo pasa por evitar que el Gobierno adopte una decisión antes de que se resuelva la pieza separada de medidas cautelares. La consulta pública tiene un papel crucial para Economía, que ha empleado esta herramienta para armarse de argumentos de cara a elevar la opa al Consejo de Ministros. El propio responsable de esta cartera, Carlos Cuerpo, ha reconocido recientemente que la medida ha sido «muy útil» para medir en términos cualitativos el pulso a la sociedad civil.


En concreto, según ha explicado, ha «servido para recoger información válida de motivos de interés general distintos a los de competencia que puedan verse afectados por la operación». Aunque por el momento se desconocen los resultados de la misma, se ha comprometido a hacer públicos los resultados del informe más adelante, si bien no ha especificado el horizonte temporal. La potencial fusión ha entrado en una fase clave una vez ha pasado a estar en manos del principal órgano de decisión de Moncloa, que dispone ahora hasta finales de junio para pronunciarse.

Según han explicado desde Economía, el motivo se fundamenta en razones de interés general diferentes de la competencia, como pueden ser los relacionados con el impacto de la operación en la «garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social. Sobre este punto de partida, la normativa le permite desde endurecer las condiciones decretadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a vetar la fusión, que no la oferta pública de adquisición, dado que va dirigida a los accionistas del grupo catalán.

A la espera del veredicto final, los diferentes miembros del Gobierno han expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a los planes de BBVA. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido una de las voces más críticas en los últimos días bajo la premisa de que «agudiza el problema de la concentración bancaria» en España. De hecho, ha ido un paso más allá al plantear cinco condiciones entre las que figuran desde el mantenimiento de los puestos de trabajo en ambos bancos a que el acceso a crédito a pymes y autónomos se ofrezca en los mismos términos que ahora como entidades independientes. 

Este departamento ha sido uno de los seis ministerios de los que se ha nutrido Economía antes de dar un paso al frente. Industria y Turismo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Derechos Sociales y Agenda 2030, además de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también han realizado sus aportaciones. La presión sobre la determinación de la AN se suma al frente abierto desde Bruselas. La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España, a la que amenaza con abrir un expediente sancionador si bloquea la opa. En este contexto, Cuerpo confía en que no haya conflicto con Bruselas porque están siendo «respetuosos» con el marco legal. Por este motivo, ha pedido respeto al marco normativo nacional, dado que cumple «con todas las garantías».



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