Los expertos alertan sobre la necesidad de una mayor preparación económica para afrontar la jubilación

El aumento de la esperanza de vida obliga a repensar cómo garantizar una vejez digna y sostenible, destacan los expertos, teniendo en cuenta un contexto donde se multiplican los retos asociados al sistema de pensiones, la planificación financiera individual y la atención a la dependencia. La entrada en la etapa de jubilación de la generación del baby boom marca un punto de inflexión en el debate sobre el futuro económico de la población cuando deja de ser activa.

En los próximos 10 años, los mayores de 65 años pasarán de representar el 20% al 24% de la población y poseerán el 40% del patrimonio neto del país. Han vivido en su mayoría épocas de prosperidad, sin guerras, y han podido ahorrar, concretamente en ladrillo: más del 70% se retira con una casa en propiedad, el principal activo patrimonial entre los jubilados. Ello proporciona una red de seguridad, pero plantea interrogantes para las futuras generaciones, con serias dificultades para acceder a una vivienda, con lo que pierden esta vía tradicional de ahorro.

Pensión elevada

Este perfil de los nuevos jubilados, con carreras laborales más largas y cotizaciones más elevadas, ha elevado la pensión de jubilación en los últimos años. Actualmente, equivale aproximadamente al 90% de los ingresos laborales previos en las rentas medias y bajas, según el Banco de España. Pasar de cobrar una nómina a percibir la pensión no se nota casi en el bolsillo. La pensión media es de 1.800 euros, una cantidad que puede parecer elevada si se compara con los sueldos de muchos jóvenes en la actualidad. “La generosidad de las pensiones en España es altísima. ¿Para qué vas a ahorrar si tu pensión va a ser como tu sueldo?”, plantea José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En España, predomina una “cultura de consumo sobre el ahorro, a diferencia de países como Alemania o Japón, donde la educación financiera está más presente y se fomenta un comportamiento más prudente desde jóvenes”, afirma Ramon Faura, director Propuesta de Valor Banca Retail en CaixaBank.

El modelo público de previsión ha conducido a que sólo un tercio de los mayores de 65 años lleguen a su jubilación con algún producto de ahorro pensado para complementar la prestación, como fondos o planes de pensión, indica Faura, basándose en los datos de la entidad. La proporción coincide con una encuesta de JP Morgan Asset Management que señala que, a nivel general, también solo tres de cada diez personas en España hace aportaciones periódicas para tener ahorros, aunque tampoco sin unos objetivos concretos.

Rentas altas y autónomos

Quienes sí notan la diferencia son las rentas altas. La pensión máxima en España se encuentra cerca de los 3.000 euros. Una persona que hoy cobra 6.000 euros, si no ha ahorrado, deberá acostumbrarse a vivir con la mitad al jubilarse. También existe una importante brecha en el caso de los autónomos, que perciben pensiones más bajas, cercanas a los 1.000 euros de media. Este desfase refleja la necesidad de estrategias de ahorro diferenciadas, constata desde el responsable Centro-Sur de Pensiones y Negocio Institucional del BBVA, Juan Manuel Mier.

“Aunque los datos muestran una preocupación creciente cuando se acerca la edad de retirarse, cerca del 80% de la población no sabe cuál será su pensión”, advierte Mier. Sin embargo, a partir de los 50 años es clave prepararse para la transición hacia la jubilación, según los expertos, debido a que una mayor longevidad está conduciendo a la necesidad de más recursos económicos.

La dependencia: un gasto añadido

Cumplidos los 65 años, la población española cuenta con una esperanza de vida media de 22 años más, de los cuales diez serán saludables, refleja el informe Salud en un vistazo de la OCDE (2023). Después se empieza a requerir algún tipo de asistencia y, a partir de los 80 años, un tercio de la población desarrolla enfermedades que requieren cuidados con un alto coste.

Las Administraciones Públicas aportaban entre 200 y 500 euros mensuales a personas con dependencia leve y moderada y hasta 720 euros en caso de dependencia máxima, según un estudio de evaluación del IMSERSO de 2022, cuando el gasto real que asumen las familias puede situarse entre los 1.000 y los 1.700 euros al mes, llegando a los 2.000 en los casos de pacientes con Alzheimer.

“Una persona con Alzheimer necesitará unos 100.000 euros adicionales para una atención adecuada, más intensiva al final que al principio. La mayoría de las personas no lo ha previsto”, detalla Faura, que señala que la carga suele recaer en las familias más aún cuando los trámites de las ayudas públicas suelen ser largos. La entrada a la jubilación coincide muchas veces en la caída en una situación de dependencia de los padres, lo que finalmente “suele ser el detonante que lleva a muchas personas a pensar en su propio futuro financiero”, señala Faura.

Sostenibilidad del sistema

A ello se suma la duda sobre si se podrá sostener el actual sistema de pensiones. Actualmente, el 20,4% de la población tiene de 65 años o más, un porcentaje que se irá incrementando y podría alcanzar el 30,5% en torno a 2055, según proyecciones del INE. “Hay serios problemas de sostenibilidad”, opina el economista de Fedea, que añade que “la reciente reforma de las pensiones en España prevé seguir incrementando las cotizaciones, pero no contempla recortes en las prestaciones”. Para Conde-Ruiz, los sucesivos gobiernos generan una falsa sensación de estabilidad que desincentiva el ahorro individual.

La tasa de dependencia, es decir, la población jubilada y menor de edad respecto a la que se encuentra en edad de trabajar, también va en aumento y se prevé que alcance su máximo en 2050, con el 76,8%. El economista destaca que en otros países, como Alemania, ya han reducido su tasa de sustitución —en torno al 45%— e impulsado el ahorro privado. “El sistema español, como el alemán o el francés, estaba basado en sustituir el salario por la pensión. Pero la longevidad y los cambios demográficos exigen adaptaciones”, afirma. La clave añade, está en abordar el problema con transparencia: “Mientras no se transmita claramente que el modelo actual no es sostenible, no habrá cambios en el comportamiento del ahorro”.

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