Los empresarios rechazan incluir a los sindicatos en los consejos por ley

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar tiene en vilo a los agentes sociales por sus intromisiones en aspectos que están incluídos en la reforma laboral o el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Entre ellos se encuentra fomentar «una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas» en el marco del diálogo social. Esto no ha gustado entre los empresarios que consideran que es un punto que debe avanzarse a través del ambito bilateral con las organizaciones sindicales.

Fuentes empresariales consultadas por este medio se remiten al comunicado emitido por CEOE, Cepyme y ATA en el que mostraban su rechazo a las medidas incluídas en el acuerdo programático para reeditar la coalición de Gobierno. Para estos, el acuerdo no es más que un «atropello al papel constitucional de los agentes sociales».

«Las empresas españolas y los empresarios trabajamos para impulsar el desarrollo de España y para que nuestro país esté en las mejores condiciones de hacer frente a los desafíos que tiene por delante. Y merecemos el respeto y la valoración que nos ganamos, cada día, con nuestra labor», insistían desde la patronal que dirige Antonio Garamendi.

Esta nueva regulación, dice el acuerdo, estará en línea con el árticulo 129 de la Constitución, que recoge que «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción», que es lo que persigue la responsable de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz con este punto del acuerdo de Gobierno. El plan de Díaz es equipararse a otros países europeos, algo que no comparten los empresarios debido a las diferencias en el tejido empresarial de esos países respecto a España, «donde más del 95% de las empresas son pymes y autónomos. No es comparable».

¿Qué supone?

Díaz ya había abierto la puerta a este cambio en la última manifestación por el Día del Trabajo, apostando por un modelo de cogestión como el que existe en Alemania, que tiene un ecosistema más industrializado y con compañías de mayor tamaño. «La democracia tiene que llegar al mundo empresarial», manifestó Díaz en el Primero de Mayo.

El modelo de cogestión en Alemania se basa en la participación de los sindicatos en empresas con más de 500 empleados, especialmente en aquellas con entre 500 y 2.000 trabajadores, y con una presencia sindical más significativa en las que superan los 2.000 empleados. En España, en cambio, hay muchas menos empresas de más de 500 empleados en comparación con Alemania. Además, estas grandes empresas representan un porcentaje mucho menor de los trabajadores asalariados totales en el país. Por lo tanto, si se aplican los mismos límites que en Alemania, la cogestión afectaría a un número considerablemente menor de trabajadores en España.

En el modelo bávaro, el Consejo de Vigilancia supervisa y asesora al Consejo de Administración. Aunque no tiene un poder de veto directo en las decisiones importantes de la empresa, ejerce influencia en asuntos como la organización del lugar de trabajo, nombramientos y salarios del Consejo de Administración. En resumen, estos consejos tienen más voz que voto, pero permiten a los sindicatos acceder a información relevante sobre la empresa, opinar sobre decisiones clave y ejercer un control más directo sobre las actividades de los directivos. Además, esta vigilancia se vuelve más significativa a medida que la empresa crece.

En España, los sindicatos también participan en comités de empresa y tienen derecho a ser informados sobre ciertas decisiones empresariales. Sin embargo, la diferencia radica en el alcance de la cogestión, ya que en Alemania se incluyen más cuestiones en la consulta con los sindicatos que en España. Además, en Alemania, esta participación es parte integral de la vida cotidiana de las empresas, no limitada a decisiones importantes.

Corrupción en el Consejo de Aministración

La medida, defendida por Díaz y apoyada por los sindicatos mayoritarios, puede generar un ecosistema corrupto en lugar de que el trabajador pueda tener un mayor poder en la empresa. El ejemplo más claro es la representación que ambos sindicatos tenían en el Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia, entidades que no destacaron por sus diferencias de gestión y en las que hubo despidos masivos, a pesar del papel de UGT y CCOO.