los accionistas aprueban el traslado a Países Bajos







La junta de accionistas de Ferrovial ha aprobado este jueves el traslado de su sede social a Países Bajos al votar de forma mayoritaria a favor de la fusión inversa de la matriz en España con la —hasta ahora— filial internacional. La propuesta
ha sido respaldada por el 93,3% de los votos, según ha precisado la empresa en un comunicado. 

Ferrovial International SE (FISE), que ha liderado en los últimos años el crecimiento internacional del grupo, podrá absorber a la matriz Ferrovial S.A., tal y como se anunció el pasado 28 de febrero en una propuesta que encontró el rechazo frontal del Gobierno y con la que la compañía pretende comenzar a cotizar en Estados Unidos en un «plazo breve».

La operación está a salvo porque solo han votado en contra un 0,22% del capital, según fuentes de la empresa. Estos accionistas, si quieren, pueden descolgarse con una compensación de 26 euros por acción, lo que supondría para Ferrovial el pago de una compensación total de 42,6 millones de euros como máximo, cuando el llamado «derecho de separación» estaba limitado en 500 millones. Solo si se hubiera superado dicha cantidad —con 2,5% del capital—, la fusión no podría ejecutarse. 

«España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello», ha defendido su presidente, Rafael del Pino. En su intervención al comienzo de una asamblea corporativa histórica, el socio mayoritario, con un 20,4% del capital, ha asegurado que Ferrovial «mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en bolsas españolas», motivos por los que considera que «no se va España», aunque cambie de domicilio social.

Rafael del Pino: «La operación no se hace por motivos fiscales»

Del Pino, hijo del fundador del grupo, ha reiterado los argumentos que en las últimas semanas han esgrimido desde la dirección: «La operación no se hace por motivos fiscales», el cambio será «neutro» en ese aspecto y se pagarán impuestos «similares», ha sostenido en respuesta a las críticas del Gobierno, que considera que su marcha busca beneficios fiscales en Países Bajos.

Para el presidente de la empresa, la decisión permite tomar «una vía ya contrastada por numerosas empresas europeas para cotizar en Estados Unidos en un plazo breve», en referencia al hecho —admitido por el Gobierno y la Comisión Nacional de los Valores y la Competencia— de que ninguna empresa lo ha intentado desde España hasta ahora. Ha mencionado también las mejores condiciones de financiación a las que puede acceder desde Países Bajos, con una calificación crediticia AAA.

Finalmente, del Pino ha afirmado que el movimiento se «nutre de la esencia misma de la Unión Europea» y forma parte del «desarrollo natural» de una organización en crecimiento. En ese sentido, ha exhibido los datos de su valor internacional, que representa el 90% del total, con un 90% de inversores institucionales internacionales y un 75% que procede concretamente de América del Norte. 

Tras el beneplácito, el hijo del presidente, Ignacio del Pino Fernández-Fortecha, queda al frente de la sucursal que la nueva sociedad tendrá en España, según se ha publicado este jueves en el Boletín del Registro Mercantil (BORME) y publica Efe. Su objeto social es la participación en otras empresas y contará con Francisco Javier Martínez Pardo también como apoderado.

Expectación ante una junta histórica, pero poco incierta

Después del choque con el Gobierno, la junta general de accionistas había levantado un gran interés, por lo que un buen número de accionistas y prensa han acudido al Auditorio de la ONCE en el que se ha celebrado en Madrid. En total, han participado en la sesión un 77% de los tenedores de capital, entre quienes han estado de forma presencial y a distancia, de forma personal o representados.

El beneplácito a la fusión parecía seguro desde por la mañana, dado que al 20,4% de Rafael del Pino, se sumaban los apoyos de su hermana María del Pino (8,2%), el fondo británico The Children’s Investment Fund Management (TCI) (7%) y Norges Bank IM (1,5%), que rectificó su posición en el último momento. Además, las empresas asesoras ISS y Glass Lewys también aconsejaron a votar a favor, pese a reconocer algunos riesgos en la operación.

La principal duda estaba en el sentido del voto de un tercer hermano, Leopoldo del Pino (4,15%), y en si accionistas con más de un 2,5% del capital se acogen al «derecho de separación», cuyo límite para autorizar la operación se ha establecido en 500 millones de euros. El pago de este derecho supone una compensación de 26 euros por título, un importe inferior a la cotización actual de la acción de la constructora, y puede ejercerse en el plazo de un mes.

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Accionistas critican al Gobierno y del Pino confía en que se respete la decisión

El pulso con el Gobierno se ha manifestado también en la junta cuando han tomado la palabra los accionistas. El belga Jean Pierre Paelink ha sido el más duro al criticar los «ataques» contra el derecho de libertad de establecimiento en cualquier país de la Unión Europea y el derecho a la propiedad privada, violaciones que, a su juicio, ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la presión ejercida para impedir la marcha de España de su principal compañía de infraestructuras.

En respuesta a este y otros reproches, Rafael del Pino ha expresado su «confianza en que se respetará la soberanía de la junta», dado el crédito que conceden a «la seguridad jurídica española y europea».

Otro accionista, el español Valentín Torre, por su parte, ha defendido aprobar la fusión y el traslado, porque «es de patriotas velar por las mejoras de la competitividad». 

La compañía ha cerrado la sesión en la Bolsa de Madrid con una subida del 0,92%, hasta los 27,39 euros por cada título, frente al alza del 0,34% del IBEX 35.

¿A que se arriesga Ferrovial si la Agencia Tributaria considera que no hay motivos suficientes para su traslado a Países Bajos?

Belarra quiere una respuesta «más contundente» del Gobierno

Desde el inicio, el Gobierno ha acusado a Ferrovial de buscar beneficios fiscales con su traslado a Países Bajos y ha asegurado que sí es posible cotizar en Estados Unidos desde España. Llegó a ofrecerle su ayuda en el proceso, avalado también por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero también le ha advertido de que si la Agencia Tributaria confirma que no hay motivos económicos, le impondrá un alto coste por ello.

Tras una primera reacción crítica, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido en que su objetivo era solo informar de todas las implicaciones de la operación a los accionistas. Sin embargo, este jueves, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado a la parte socialista una respuesta «más contundente», según informa Efe. Según sus palabras, la decisión de Ferrovial «es reírse en la cara de los españoles» después de que «se mantuviera a flote gracias a las ayudas públicas». 

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