Las eléctricas se movilizan para librarse del coste millonario de las medidas de Red Eléctrica para evitar otro apagón

España ha activado un mecanismo especial para evitar el riesgo de que vuelva a producirse un apagón. Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico, está aplicando en las últimas semanas un modo de operación reforzada para reducir al mínimo la posibilidad de un nuevo colapso, primando el uso de energías tradicionales -muy especialmente centrales de gas- y reduciendo un poco la utilización de renovables.

Red Eléctrica está utilizando de manera más intensa las denominadas ‘restricciones técnicas’, un mecanismo que permite al operador intervenir el mercado eléctrico priorizando qué energías utilizar, pero que ahora implica un coste adicional al primar el uso de centrales de gas que se refleja con un alza en el precio de la electricidad y a la postre también en el recibo de luz de millones de consumidores.

El mayor coste de los servicios de ajuste se repercute directamente en aquellos consumidores que disponen de contratos de electricidad que recojan la actualización de los sobrecostes del sistema. Esto es, lo notarán de manera automática los en torno a 8,3 millones de hogares que tienen contratada la tarifa regulada de luz (PVPC) y también los sufren grandes consumidores industriales que suelen tener contratos indexados a la evolución del mercado mayorista de la electricidad o compran la electricidad directamente en el mercado mayorista.

Y estos costes extra también los están sufriendo las comercializadoras de luz independientes, que no forman parte de grandes grupos integrados y no cuentan con redes de distribución y por lo general tampoco con generación de electricidad propia, y tienen que ir al mercado a comprar la energía a esos precios más altos. Los sobrecostes que suponen los servicios de ajuste se han más que duplicado desde el apagón y las compañías eléctricas que tienen firmados con sus clientes contratos con un precio fijo de la electricidad tienen dificultades para trasladarles de manera inmediata (al menos hasta las revisiones de las tarifas que suelen ser de carácter anual) estas cargas extra.

Un roto millonario

Las compañías energéticas se exponen a un golpe millonario en sus cuentas por el alza de estos costes, que ya se había iniciado con anterioridad pero que se ha catapultado desde el apagón. Y algunas de las compañías comercializadoras de luz se plantean vías para trasladar directamente a sus clientes, especialmente los grandes consumidores industriales, estos sobrecostes mediante el cobro de un recargo específico por el cambio de las condiciones de mercado.

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), que agrupa a más de una veintena de compañías energéticas (entre ellas Totalenergies, Acciona, Moeve, Factorenergía, Feníe, Octopus o Plenitude), ha remitido sendas cartas al Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, y a Red Eléctrica para conocer la duración prevista la operación reforzada del sistema para blindarlo ante otro apagón y para abordar la adopción de medidas correctoras inmediatas. Y han solicitado al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) reformas legales estructurales y permanentes para solventar el riesgo para la estabilidad de las compañías de la volatilidad del coste de los servicios de ajuste.

Las comercializadoras diseñaron sus tarifas del mercado libre con un precio fijo de la luz para sus clientes basándose en una previsión de coste de los servicios de ajuste que ahora se ha disparado de manera inesperada, así que se enfrentan a un roto millonario en sus cuentas si no pueden repercutir rápidamente estas cargas extra en la factura de los consumidores. La veintena larga de energéticas integradas en ACIE reclaman cambios legales para evitar que las comercializadoras soporten el coste de los servicios de ajustes, ahora tan volátil, pero prefiere que se adopten reformas estructurales y no un parche para solventar sólo la complicada situación actual.

Conversión en coste regulado

Las eléctricas independientes piden que el coste de esos mecanismos de ajuste reciban el mismo tratamiento que otros gastos vinculados al sistema eléctrico, como las inversiones retribuidas en redes eléctricas de REE o de las compañías distribuidoras, y se consideren un coste regulado más y se incluya en la factura de todos los consumidores como parte de los denominados peajes de acceso.

Esto es, que las comercializadoras que acudan al mercado eléctrico no tengan que cargar con ese coste tan volátil y que depende de la gestión que haga en cada momento Red Eléctrica para garantizar la seguridad, y que sea un coste regulado más del sistema eléctrico que se asume de manera proporcional y automática entre todos los clientes (con independencia del tipo de tarifa que tengan contratada, regulada o del mercado libre). Así se lo han trasladado ya al Gobierno de manera oficiosa y así se lo han solicitado formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), según confirman fuentes de la asociación empresarial a EL PERIÓDICO.

La CNMC abrió el año pasado un proceso de consulta pública en busca de propuestas sobre reformas necesarias en el funcionamiento del mercado de la electricidad. El organismo abría la puerta a grandes cambios y solicitaba propuestas al sector sobre la posibilidad de financiar los servicios de ajuste del mercado como parte de los peajes de acceso, como sucede en la mayor parte de los países europeos. La propia CNMC reconocía que con el modelo actual “se ha constatado un incremento del riesgo soportado por los comercializadores que ofertan un precio [de la luz] a sus clientes, ya que asumen la elevada variabilidad del coste de los servicios de ajuste, la cual presenta una evolución creciente a medida que aumenta la cuota renovable no gestionable en el parque de generación”.

La veintena de compañías de ACIE presentaron un documento de alegaciones a esta audiencia pública de la CNMC y reclamaron que el coste de estos servicios de ajuste se convirtieran en un concepto regulado de la factura de luz. “Mientras se avanza hacia una solución estructural a medio plazo, que podría contemplarse en la nueva circular de peajes de la CNMC, ACIE se ofrece al Gobierno para colaborar en la búsqueda de medidas transitorias que atenúen los efectos negativos del modo reforzado”, indican desde la asociación. Por su parte, desde la patronal Aelec, que agrupa a las grandes eléctricas Iberdrola, Endesa y EDP, se apunta que la asociación de momento no tiene una “propuesta alternativa” sobre la financiación de los servicios de ajuste.

La CNMC finalizó el pasado octubre el periodo de información pública para la revisión de las metodologías que regulan el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad, incluida la financiación de los servicios de ajuste. El organismo sigue analizando las aportaciones por los agentes del mercado. Cuando concluya el análisis técnico, elaborará una propuesta para modificar la circular que recoge esta regulación y todavía deberá someter el texto a otro proceso de audiencia pública y revisar las alegaciones para elaborar un texto definitivo, esperar a un informe del Consejo de Estado, y después aprobar la nueva normativa.

Los servicios de ajuste del mercado, que reflejan el coste de apremiar por parte de REE la entrada de los ciclos combinados -las centrales que queman gas para producir electricidad- para estabilizar el sistema, han elevando sus costes en los últimos años y se han disparado de manera desorbitada en las últimas semanas. Desde el apagón del pasado 28 de abril y en lo que va de mayo, el coste de estos servicios de ajuste ha alcanzado un promedio de más 37 euros por megavatio hora (MWh) incluyendo los impuestos, más del doble que los 17 euros por MWh que se registraron en abril y casi el doble de los 19,7 euros por MWh de mayo del año pasado, según los propios registros de Red Eléctrica.

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