Las bajas laborales de más de un año se triplican en Euskadi desde la pandemia

El impacto económico ya asentado por el absentismo derivado de las incapacidades temporales –que cuesta al conjunto de las empresas vascas unos mil millones anuales– se ha agravado de forma pronunciada en los últimos años. Las bajas de larga duración, aquellas que superan los 365 días, se han disparado, afectando de lleno a la productividad y al gasto público. Euskadi cerró 2024 con 7.999 de este tipo de expedientes activos derivados de un cese temporal de la actividad por motivos médicos, casi el doble que hace un lustro y el triple que seis años atrás, justo antes de que la pandemia del coronavirus sacudiera los cimientos del sistema sanitario.

Este crecimiento desmesurado, lejos de ser puntual, se debe a una combinación de elementos que han derivado en una tormenta perfecta que aún acusa los estragos de la pandemia. Y es que el covid envió al confinamiento a los evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), creándose una acumulación de procesos pendientes de resolución que a día de hoy no se ha conseguido reconducir.

La cuestión es que la normativa establece que la duración máxima general de una baja para los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes es de un año. Una vez superado este periodo, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien asume el control del expediente y decide, en función de los informes médicos disponibles, si procede una prórroga de 180 días más, la declaración del alta médica o el inicio de un expediente de incapacidad temporal. Durante este periodo, Osakidetza pierde la capacidad de emitir nuevas altas –aunque sigue prestando asistencia sanitaria– y las mutuas no pueden realizar actuaciones de control y seguimiento.

El eje del problema radica en que en 2023, junto a la segunda fase de la reforma de las pensiones, se introdujo un cambio relevante en el protocolo de gestión de las bajas de más de 365 días con el objetivo de agilizar el proceso de evaluación. Desde entonces, ya no es un tribunal médico quien examina al paciente al cumplir un año de baja, sino un único médico evaluador. A tenor de los resultados, parece que faltan profesionales porque se están dando bastantes casos de gente que está esperando incluso más de dos meses para atender una cita que debe decidir el futuro del trabajador.

Esta modificación legal ha generado inquietud entre los agentes implicados. Lo que antes era una decisión colegiada –con participación de profesionales de varios ámbitos– ahora recae sobre una sola persona, lo que puede dificultar la valoración de casos complejos. Es por ello que las asociaciones de mutuas llevan años reclamando poder participar en el proceso.

Pacientes priorizados

El colapso parcial del sistema ha provocado que muchos pacientes permanezcan durante meses en una especie de limbo administrativo, ya que los evaluadores priorizan atender a aquellos pacientes que pueden recibir el alta o la incapacidad temporal de manera inminente. Alfonso Díaz, responsable de Salud Laboral de CC OO en Euskadi, destaca que, en muchos casos, estas bajas se alargan debido a las abultadas listas de espera de Osakidetza: «Pasa un año desde que entras en lista de espera para hacerte una resonancia magnética hasta que tienes el resultado». Un fenómeno que, pese a los esfuerzos del Gobierno vasco por reforzar el servicio, irá a más en los próximos años debido tanto a la falta de médicos como a un envejecimiento poblacional.

Virginia Múgica, directora jurídico-laboral de Confesbak evita señalar responsables concretos y apunta, entre otros factores, a «cuestiones internas del INSS, modificaciones normativas, una pirámide poblacional invertida y el cambio de dinámicas derivado del covid». Una estructura productiva con un alto peso del sector industrial donde las exigencias físicas y los riesgos laborales son mayores también son, a juicio de la patronal, factores clave en un fenómeno que «preocupa muchísimo» desde hace años.