La Unión Europea expedienta a España por la normativa utilizada para condicionar la opa de BBVA al Sabadell

La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por considerar que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell infringen varias normas comunitarias, entre otras, las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.

Por un lado, Bruselas ve problemático el modo en que el Gobierno ha aplicado la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que había autorizado la opa con condiciones, según explicaron fuentes comunitarias.

Por otro, considera que la ley española de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de 2014, y el real decreto que la desarrolla, de 2015, otorgan al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo (BCE) en operaciones como la propuesta por el BBVA.

El Ejecutivo comunitario da ahora dos meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general. Fuentes comunitarias han señalado que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo.

El envío de esta carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador que permitirá el diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias y que, en última instancia, permitirá a la Comisión elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Pese a este expediente, este proceso no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa al Ejecutivo comunitario es cómo la legislación española no está lineada con el Derecho de la UE. Bruselas espera ahora que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente.