La UCO pide permiso al juez para investigar las cuentas y productos financieros de Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido permiso al magistrado del Tribunal Supremo encargado del ‘caso Koldo’ para investigar las cuentas y los productos financieros de Santos Cerdán, con exclusión de las del PSOE y la Fundación Pablo Iglesias.

Una vez que se ha constatado que ya no es aforado, la UCO pide al juez para investigar cinco cuentas. Solicita, asimismo, pedir a los bancos todos los productos financieros y bancarios, así como las cajas de seguridad contratadas.

Al mismo tiempo, solicitan toda la información de movimientos de cuentas desde el año 2014, como cobros de cheques y transferencias nacionales e internacionales.

También se pide un informe a la Agencia Tributaria con rentas explícitas e implícitas, fondos de inversión, bienes e inmuebles y relación de sociedades y bienes en el extranjero.

Los agentes también requieren todas las «informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las cuentas bancarias, así como los expedientes o análisis que sustenten dichas comunicaciones». A las entidades bancarias le solicitan información sobre los movimientos que sean superiores a 300 euros.

Cerdán, administrador del 45% de Servinabar

Este miércoles, la UCO ha podido probar que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era el administrador del 45% de la empresa Servinabar 2000, compañía beneficiaria de contratos amañados por el gobierno navarro. Por tanto, Cerdán no solo se habría beneficiado de las mordidas ofrecidas por los empresarios, sino que, a su vez, era uno de los empresarios encargados de realizar las obras.

Según publicaba ‘El Confidencial’, este hallazgo se produjo después de que el pasado 10 de junio la UCO registrase la casa de Joseba Antxón Alonso Egurola, administrador de Servinabar 2000, y encontrase un documento en el que se reflejaba como en 2016 Alonso le cedió a Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de la empresa. Por tanto, el exsecretario de Organización del PSOE era el dueño de casi la mitad de la empresa, cuando la compañía, en UTE con Acciona, recibió adjudicaciones públicas amañadas del Gobierno de María Chivite.