La SEPI deberá recibir una inyección del Estado para sentarse en el consejo de Telefónica | Economía

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Un sillón en el consejo de administración de Telefónica costaba, al cierre de los mercados este lunes, 1.069.585.188 euros. Esa es la cantidad que necesitaría abonar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) si quisiera comprar este martes el 5% de las acciones de la compañía de telecomunicaciones española, y compensar así, como parece ser la intención del Gobierno, la entrada de Saudi Telecom Company (STC), la operadora estatal saudí, en el accionariado de la compañía. A la vista de las cuentas del holding estatal, consultadas por EL PAÍS, las opciones de la SEPI para conseguir esos 1.000 millones deberán pasar por una transferencia del Estado; por endeudarse aún más —aunque tiene límites—, o por convencer a un grupo de inversores españoles de entrar en la operadora (o aumentar su posición).

La alarma saltó en septiembre: la compañía estatal saudí anunciaba que había adquirido un 4,9% de la empresa estratégica española y que poseía, a través de otros instrumentos financieros, derechos sobre otro 5%. Este segundo paquete está condicionado al visto bueno del Ministerio de Defensa, requerido para adquirir entre un 5% y un 10% de una empresa que provee servicios al Ejército. El Ejecutivo, a quien el anuncio pilló por sorpresa, aseguró que iba a aplicar “todos los mecanismos necesarios” para defender “los intereses estratégicos de España”. Consultados por este diario, desde el Ministerio de Economía reiteran las palabras de la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, que subrayó la semana pasada que “un Gobierno responsable tiene que analizar todas las operaciones”.

Dos días antes, la SEPI había reconocido al supervisor bursátil (CNMV) que estaba “monitorizando” la situación de Telefónica y explorando una “eventual adquisición de una participación accionarial”. De la confirmación al regulador de la posible operación, que fue adelantada por El Confidencial, se desprende que los “mecanismos” de los que habla el Gobierno pasan por el desembarco del brazo industrial del Estado en la operadora española. Aunque desde el holding estatal no especifican qué cantidad de acciones planean comprar, para compensar la entrada de la compañía estatal saudí y conseguir un sillón en el consejo necesitarían adquirir o controlar por lo menos un 5%. O lo que es lo mismo, desembolsar unos 1.000 millones. Ante esta posibilidad, Calviño reclamó prudencia cuando se habla de “empresas que cotizan en los mercados”, como es el caso de Telefónica. “Además”, dijo, “es una empresa estratégica, si no la más estratégica, y vamos a defender los intereses generales y el interés estratégico de nuestro país. Es la única declaración que procede, justamente por responsabilidad”.

Deuda e intereses

Toca, pues, echar cuentas. El conjunto del holding público, la matriz del brazo industrial del Estado —esta sociedad posee las acciones de decenas de compañías españolas y será la que, en su caso, desembolse los 1.000 millones— perdió 65 millones en 2022. Los recursos propios de la SEPI se antojan insuficientes para adquirir un 5% de Telefónica antes de final de año. Para empezar, tenía una caja de 454,69 millones. Además, su capacidad para endeudarse está limitada por los Presupuestos del Estado y, para este año, el tope es de 320 millones. Es decir, en el supuesto de que usasen toda su caja disponible y se endeudasen hasta el máximo permitido —asumiendo que esas cantidades no se hayan usado ya en parte para las numerosas operaciones que realizan— apenas cubrirían el 80% del precio del asiento en el consejo de Telefónica.

Sin embargo, si se analizan las cuentas anuales consolidadas del grupo, que se nutren del negocio de todas las participaciones mayoritarias, reflejan unas ganancias de 43 millones. De entre las empresas en las que participa, la que mejor resultado registró fue Tragsa, con ganancias de más de 27 millones; y la que peor, Correos, con 217 millones de pérdidas. Estas cuentas consolidadas reflejan unos ingresos de 5.252 millones de euros, de los que el 37% correspondió al grupo Correos, el 26% a Navantia y el 25% a Tragsa. El grupo tenía el año pasado una capacidad inversora de 213 millones de euros, una cifra similar a la del ejercicio anterior.

En cualquier caso, la mayor operación de este tipo realizada por la sociedad en 2022 fue el aumento de su posición en la multinacional española Indra, para lo cual desembolsó 173,5 millones, en una operación que se prolongó durante meses para no interferir en el mercado. Esto es, menos del 20% de lo que costaría el 5% de Telefónica. Consultada por este periódico, la SEPI no ofrece más detalles sobre cómo se financió esa operación más allá de que fue “con fondos propios”, y tampoco detalla cómo conseguirían los fondos para entrar en la operadora española.

Con estas condiciones, las opciones para realizar por sí sola la operación antes de fin año pasarán por una inyección de liquidez. Por su condición de entidad pública, la SEPI tiene la posibilidad de recibir transferencias directas del Estado. Desde 2018, esto solo se ha producido una vez: la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones le inyectó dos millones el año pasado para constituir la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores.

Para el año que viene, el Ejecutivo tiene la opción de aumentar el techo de deuda de la SEPI, pero esta opción está sujeta a incluir esa medida en unos Presupuestos que, dada la inestabilidad política, se antojan farragosos, y que apenas tendrán margen. Además, optar por una financiación total o parcial de la operación conllevaría añadir más lastre a una sociedad que cerró el año pasado con más de 3.000 millones de deuda. Aunque tiene la ventaja de estar garantizada por el Estado, financiarse ya hace más de un año que dejó de ser gratis: con 29% de su deuda financiera a tipo variable, la sociedad ya vio cómo, con las subidas récord del Banco Central Europeo, el tipo medio de su deuda pasó del 0,56% al 2,08% en 2022.

Ante este panorama, la opción más viable es una combinación de todo lo anterior: por un lado, adquirir una parte de esos 1.000 millones en acciones —ya sea con sus fondos, financiándolo con deuda o recibiendo una transferencia estatal— y, al mismo tiempo, convencer a inversores españoles para que entren en Telefónica o aumenten su posición en la compañía, compensando así la irrupción saudí. Por lo pronto, Caixabank —que posee un 3,5%— indicó hace dos semanas que no tenía intención de ampliar su posición, y el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, descartó el martes pasado una ampliación de su 4,87%, que, además, tiene consignada en sus cuentas como “disponible para la venta”. Este lunes, a dos días de celebrarse el día del inversor, Barclays rebajó su valoración de la operadora española, que celebra mañana miércoles su Día del Inversor, en el que está previsto que presente su nuevo plan estratégico.

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