La Sepi comprará el 7,87% de Talgo y le dará un préstamo de 30 millones, pero lo condiciona a que la empresa reestructure su deuda

El Consejo de Ministros, el último del curso político, ha aprobado la entrada de la Sepi, el brazo inversor del Estado, en la operación Talgo. La Sepi comprará un 7,87% de Talgo por 45 millones y además le concederá un crédito convertible en acciones de 30 millones, lo que permitirá a su vez que el consorcio que encabeza el Gobierno vasco y el industrial José Antonio Jainaga, dueño de Sidenor, cierren formalmente la compra del 29,7% de Talgo que está en manos del fondo Trilantic.

El visto bueno del Consejo de Ministros era la última condición para que el consorcio vasco (que además del Gobierno vasco y Jainaga, está integrado por las fundaciones de las cajas Vital y BBK) firmase oficialmente la compra del 29,7% de Talgo, para lo que había alcanzado un preacuerdo hace ya cinco meses. Para el consorcio, además de la inyección de dinero, es fundamental contar con la Sepi en el capital para poder renegociar con más garantías la deuda de Talgo, que se encuentra en una posición financiera delicada.

Con el visto bueno del Consejo de Ministros, se formaliza además el pacto alcanzado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, el pasado 15 de julio en Moncloa. Para Pradales, este pacto era una condición imprescindible para negociar cualquier otra cosa con el Estado, incluyendo pactos o acuerdos de gobernabilidad a través del PNV.

La letra pequeña del acuerdo

Eso sí, el visto bueno del Consejo de Ministros a la Sepi tiene letra pequeña. La inversión de la Sepi está condicionada a que el consorcio vasco haga efectiva la compra del 29,7% y a que conceda a la empresa un préstamo de 75 millones, pero además, se condiciona a que Talgo consiga reestructurar se endeudamiento, de 409 millones, con la veintena de entidades financieras con las que trabaja actualmente. Según consta en la información remitida por la Sepi a la Comisión de Valores (CNMV), se trataría de que Talgo lograse, por un lado, «financiación de 650 millones con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a tres años con extensión automática durante dos años más». Adicionalmente, añade la comunicación, «se concederá una línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones». Según fuentes cercanas al proceso, Talgo ya está en negociaciones para conseguir todo esto, aunque desde la empresa no hacen ningún comentario a esta situación.

Jainaga, socio minoritario

En la comunicación se detalla quién y con qué porcentaje se forma el denominado consorcio inversor que tomará el 29,7% de Talgo, lo que deja en evidencia que Jainaga tiene una participación minoritaria. En primer lugar, Ekarpen Private Equity tiene un 66,7% de este consorcio. Ekarpen está controlada por Kutxabank, con un 44,44% y por el propio Gobierno vasco con un 34,81%. En segundo lugar, en el consorcio figura la Fundación Bancaria BBK, con un 13,3%; seguida de Clerbil (sociedad vinculada al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga), con un 13,3% y la Fundación Bancaria Vital, con 6,7%.

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jaúregui, valoró ayer «positivamente» la entrada de Sepi en la operación y añadió que «se están dando pasos firmes y decisivos para el arraigo y futuro desarrollo industrial de Talgo, y para garantizar los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que genera esta empresa».

Delicada situación financiera

A las complicaciones financieras para Talgo derivadas de su elevada deuda, de unos 400 millones en total, se añade la también complicada situación de la cuenta de resultados y de la gestión de las multas por el retraso en la entrega de pedidos. Sobre los resultados, Talgo cerró 2024 con unos números rojos de 108 millones tras haber tenido que provisionar la multa de 116 millones que Renfe le impuso por atrasos en la entrega de trenes Avril.

Esta sanción, que estuvo a punto de tirar por la borda las negociaciones de Jainaga con el Estado, se solucionó a través de un aplazamiento de los pagos por el que el abono de la multa comenzará a hacerse efectivo en 2033 y se pagará a plazos hasta 2040. Ahora, desde el Estado y desde el Gobierno vasco se está en conversaciones con la alemana Deutsche Bahn, que en 2023 realizó el mayor pedido de la historia de Talgo por valor de 1.400 millones. Bahn ha amenazado con imponer también sanciones por el retraso en la entrega de trenes, aunque desde los actores que participan en las negociaciones se confían en poder reconducir la situación.

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