La ‘operación Talgo’ llega a la primera línea de la batalla política del Congreso
La operación Talgo para dar el control de la compañía al industrial José Antonio Jainaga, apoyado por Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, … es una fórmula que traerá la sede a Euskadi, además de resolver la falta de timón en el fabricante de trenes tras el deseo de su principal accionista, el fondo Trilantic, de vender su participación. Se ha convertido, además, en la bandera industrial con la que el Ejecutivo del lehendakari, Imanol Pradales, busca un símbolo para evidenciar el compromiso del Gobierno autonómico para recuperar el pulso industrial de Euskadi, que ha sufrido en los últimos años un alejamiento de los centros de decisión de importantes compañías de su historia industrial.
Pero, justo cuando se acaba de enfocar la refinanciación de la compañía y debe acometerse la operación mercantil, que dará entrada a Jainaga, Gobierno vasco y fundaciones BBK y Vital en el capital de Talgo, el asunto ha llegado a la primera línea de la batalla política en el Congreso.
En su afán por confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha puesto también el foco en la entrada de capital público en Talgo. Eso, junto a que el acuerdo tiene en su raíz un pacto entre Pedro Sánchez y el lehendakari, han llevado al Partido Popular en el Congreso a tramitar varias iniciativas en las que reclaman al Gobierno de España que publique los estudios y análisis realizados para avalar la entrada de la Sepi en la operación. La sociedad pública dependiente del Ministerio de Hacienda adquirirá un 7,8% de las acciones de Talgo con 45 millones de euros e invertirá en bonos de deuda convertibles también en acciones otros 30 millones.
El PP ha preguntado después de que varios medios hayan cuestionado la operación por un excesivo empleo de capital público y también porque la compra de acciones de Talgo se haga a un precio un 40% superior a la cotización en la Bolsa -4,2 euros frente los 3 a los que está en el mercado-. Un posicionamiento que contrasta, por cierto, con la posición del presidente del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés, que, al menos en los primeros momentos, no solo respaldó la operación, sino que solicitó, además, la participación de las fundaciones bancarias propietarias de Kutxabank, como luego terminó por suceder.
El Ministerio de Hacienda estuvo a punto de bloquear la intervención de la Sepi en la refinanciación de la deuda de Talgo tras las advertencias de la Abogacía del Estado sobre el riesgo de convertir la participación del Ejecutivo central en una ayuda de Estado. A final, tras el encuentro en julio del presidente y el lehendakari en Moncloa, y después de que el PNV acusara al Gobierno de entorpecer la operación, se acordó la fórmula para inyectar los 150 millones con que la empresa necesitaba engordar sus libros para refinanciar su deuda de algo más de 400 millones con una veintena de bancos.
La Sepi aportará 75 millones -45 con la entrada en el capital y 35 con deuda corporativa- y otros tantos se enviarán desde Euskadi, donde el Gobierno vasco activó una operación en tiempo récord con el fondo Ekarpen. Una figura, propiedad del Ejecutivo, las diputaciones, Kutxabank y Mondragon, que concederá un préstamo convertible de 50 millones y otros 25 que financiarán el propio Jainaga y las fundaciones BBK y Vital. Todo para abrir el acceso a 770 millones de financiación para Talgo.
Mientras tanto, el consorcio formado por José Antonio Jainaga, Gobierno vasco y BBK y Vital, cerrará, una vez se tramite la financiación de Talgo, la compra del 29,7% de la compañía. Un porcentaje que está en manos del fondo Trilantic y con el que llegaron a un preacuerdo el pasado mes de febrero por 155 millones. Las tramitaciones todavía retrasarán este momento hasta no antes de octubre.














