La OCDE pide a Espaa «relajar» los controles de rentas y sugiere crear un fondo para aumentar el alquiler social



La Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) ha instado a Espaa a «relajar» los controles de la renta de los alquileres por sus posibles efectos de reduccin de la oferta «a largo plazo» y de aumento de precio en las viviendas no controladas, y sugiri utilizar instrumentos «para canalizar recursos hacia la construccin de viviendas asequibles», como fondos rotatorios que se han utilizado en otros pases.

As se recoge en el ‘Estudio Econmico de Espaa’, en el que las sugerencias en vivienda aparecen estrechamente ligadas a la problemtica de los jvenes para independizarse sealando que, «como hay muy pocas viviendas de alquiler social y comprar una casa es cada vez ms difcil, la mayora de los jvenes alquilan». «Pero el alquiler es caro, sobre todo en las grandes ciudades», alerta el estudio, informa Servimedia.

Adems, seala que «los alquileres caros y los malos resultados del mercado laboral» hacen que los jvenes «tengan ms probabilidades de verse sobrecargados por los costos de la vivienda», lo que «puede obstaculizar su capacidad para pagar otros gastos de manutencin o educacin, participar en proyectos empresariales o acumular riqueza».

El informe analiza algunas de las medidas tomadas por el Gobierno en materia de vivienda y propone soluciones y sugerencias en base al resultado de polticas adoptadas en otros pases.

Sobre el control de alquileres que introdujo la Ley de Vivienda, seala que este tipo de lmites «generalmente benefician a los inquilinos existentes, pero reducen el retorno de la inversin en viviendas nuevas para los desarrolladores, alentando a los propietarios a abandonar el mercado y desalentando a los propietarios potenciales». Y pone de ejemplo las experiencias en San Francisco y Berln, donde «se ha descubierto que los controles estrictos de los alquileres tienen efectos perjudiciales en la oferta de vivienda y reducen la elasticidad del precio de la vivienda en la construccin residencial».

Adems, apunta que los controles de alquileres tambin pueden «aumentar el precio de mercado del resto del parque de viviendas, reduciendo la asequibilidad para los no titulares, muchos de los cuales seran jvenes» y habra otros «efectos indeseables», como la posibilidad de poder «beneficiar a los hogares ms ricos y a los propietarios de viviendas no reguladas cuyos alquileres aumentaron despus de los controles».

Vivienda social

El informe subraya que aumentar progresivamente el parque de viviendas sociales en alquiler «debera ser una prioridad», ya que es uno de los ms bajos de la Unin Europea. La OCDE elogia que ha habido varios planes del Ejecutivo de Snchez con este objetivo pero advierte que «no est claro cuntas unidades se han construido» y que «sera bienvenida una mayor claridad sobre el calendario previsto de disponibilidad de estas unidades».

La organizacin reclama para el incremento de vivienda social que las medidas incluyan «reglas y criterios de gobernanza claros para acceder a la vivienda, as como pruebas peridicas de recursos para acceder», y un «seguimiento regular de los cambios en la elegibilidad».

Como sugerencia «a largo plazo», la institucin pide considerar instrumentos de financiacin similares a los que se han utilizado en pases como Austria o Dinamarca, donde hay un gran peso de la vivienda social. Se tratara de un fondo para la construccin de vivienda cuya financiacin provendra de una combinacin entre prstamos de mercado y los pagos del alquiler, con garantas estatales para ayudar a mantener bajos los costes de endeudamiento. Por ejemplo, en Dinamarca se destina un 2,8% del alquiler al pago del prstamo, mientras que en Eslovaquia y Eslovenia son financiados ntegramente por el Estado.

Asimismo, la OCDE recomienda fomentar la oferta adicional de alquiler en zonas tensionadas, es decir, aumentar el stock de viviendas de alquiler social en aquellas zonas con los precios elevados y alta demanda.

Sobre el incremento del porcentaje que se debe destinar a vivienda social contemplado en la ley, seala que puede generar beneficios «para los hogares de bajos ingresos, como brindar acceso a viviendas asequibles y escasas, fomentar la integracin y mejorar la equidad», pero se debera vigilar para que no se reduzcan los incentivos para continuar construyendo ni aumenten los precios de mercado.

Fiscalidad

El anlisis tambin repara en las novedades fiscales que introdujo la norma aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de mayo. Destaca que los recargos en impuestos sobre la propiedad para viviendas vacas encuentran «ejemplos exitosos» en Canad y Francia, donde estas cayeron un 25% y un 13%, respectivamente. No obstante, subraya que los efectos del impuesto podran ser mayores «mediante la implementacin de medidas para monitorear y hacer cumplir el cumplimiento».

Tambin sugiere la actualizacin frecuente de los valores de las propiedades a efectos fiscales, pues, con datos del Catastro, slo el 5,5% de los inmuebles urbanos ha tenido sus valores actualizados en los ltimos cinco aos. Esto «creara incentivos» para un uso «ms eficiente» del parque.

Sobre las deducciones fiscales a pequeos propietarios que alquilen a precios bajos, el anlisis seala que, aunque la intencin es «loable», es «difcil» de implementar porque «requerir definir e identificar a los pequeos propietarios, un seguimiento cuidadoso para garantizar que se reduzcan los alquileres, lo que podra resultar complejo y costoso, y una fuerte coordinacin con las regiones que tienen medidas similares en vigor».

Asimismo, tambin reclama reducir la fiscalidad en las compraventas de viviendas que se sitan entre las tasas ms altas de la OCDE. «Los mayores costes de transaccin de vivienda, incluidos los impuestos a las transferencias, se han relacionado con una menor movilidad, en particular entre los hogares ms jvenes», apunta la institucin.

Alquiler

Otra medida analizada por el informe es el Bono Alquiler Joven aprobado por el Ejecutivo en 2021 y que, tras el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, podra consolidarse como una medida «a largo plazo». El documento subraya que el principal «riesgo» de esta medida es que «apoya la demanda y no la oferta» y, por tanto, en mercados con poca oferta «podran terminar haciendo subir los precios de la vivienda y los alquileres, compensando el efecto deseado sobre la asequibilidad de los hogares», que, adems, afirma, puede ser «pequeo». «Deben monitorearse para evitar el desperdicio de dinero pblico», asegura.

Por ltimo, apunta que la armonizacin de las normas de construccin puede hacer que la «oferta de viviendas sea ms receptiva», ya que un alto grado de descentralizacin como es el caso de Espaa «reduce la capacidad de respuesta de la oferta». As, subraya que «armonizar las normas de construccin en todos los municipios y simplificar y acelerar el proceso para cumplirlas reducira la incertidumbre regulatoria».

En este contexto, la OCDE reclama un incremento del alquiler social en zonas tensionadas, «relajar» los controles de alquileres y hacer que los impuestos sean menos «distorsionantes». Para ello, recomienda al Gobierno hacer uso de 1.000 millones de euros.

El informe indica que se podran pagar sin incrementar el dficit si se unifica el IVA en el tipo general del 21% (5.000 millones ms en ingresos), se establece una tributacin verde (5.000 millones), se vincula la edad de jubilacin a la esperanza de vida (1.500 millones), se incrementa los impuestos sobre el tabaco y el alcohol (1.300 millones) o simplemente se siguen las recomendaciones de gasto de la Airef (2.000 millones).

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