La necesaria regulación de los lobis en España

La necesaria regulación de los lobis en España




Todos sabíamos, o al menos lo imaginábamos, que por los despachos de los ministros y de los secretarios de Estado de cualquier gobierno, o de los consejeros autonómicos, o de los concejales municipales… pasan empresarios, sindicatos, asociaciones… cada cual con su correspondiente petición o queja. Y es normal, incluso, positivo, que los gobernantes que llevan las riendas de nuestros pueblos, autonomías o de nuestro país conozcan de primera mano los problemas de sus ciudadanos, de los distintos colectivos, de las empresas… Hasta ahí todo normal.

También sabemos que hay consultoras a los que asociaciones o empresas pagan para que les asesoren o les hagan informes para presentar ante el Gobierno con sus exigencias. Y esto nos puede parecer mejor o peor, pero es una realidad que existe prácticamente en todos los países del mundo occidental, con una diferencia, quizás, respecto a lo que ocurre en España: aquí no está regulado.

El ya conocido como ‘caso Montoro’, por el que se ha imputado al exministro de Hacienda y a casi una treintena más de personas físicas y jurídicas, por, supuestamente, recibir cobros por influir en los cambios legislativos, ha puesto sin embargo, de manifiesto, la necesidad de regular una actividad que, sin duda, debe ser transparente. ABC ya publicó en 2017 que el despacho que fundó Montoro, cobraba por influir en cambiar las leyes. Y nos podríamos preguntar, ¿y no es por eso por lo que cobran los lobis? De hecho algunos expertos creen que los tribunales tendrán que demostrar no que los abogados de Equipo Económico cobraban por mediar con el Gobierno, sino que el ministro Cristóbal Montoro o cualquier otro miembro de la Administración o del Ejecutivo recibían parte de esos pagos por cambiar las leyes. Eso sí es un delito y gravísimo.

En todo caso es cierto que, al menos desde el punto de vista ético y estético, independientemente de si luego se demuestra que hay delito o no, las interrelaciones entre Equipo Económico y el Ministerio, que estamos conociendo estos días, tras levantarse el secreto de sumario, no son admisibles.

Yo no estoy en contra de las puertas giratorias. De hecho, creo que son necesarias y positivas si no queremos que nos gobiernen aquellos que no han salido nunca de la política. Creo, sinceramente, que es positivo que quienes van a gestionar nuestros impuestos, nuestra sanidad, nuestras infraestructuras… hayan pasado antes por el sector privado, o por la administración. Sinceramente creo que están más preparados. Y del mismo modo pienso que no se puede castigar a quien perdiendo dinero decide aceptar un puesto en cualquier gobierno, impidiéndole después volver al sector privado. Si hacemos esto, estaríamos impidiendo que fueran los mejores los que nos gobernaran.

Pero eso es una cosa, y otra que al menos se debería tener cuidado de no aprovechar ese paso por el poder, las amistades creadas… para influir a favor de intereses particulares. O en todo caso, los gobernantes de turno, deberían tener el suficiente cuidado a la hora de garantizar que, independientemente de quién haga las propuestas, estas son justas y responden al interés general.

Al igual que ocurre en la UE, donde hay un registro de lobis y una exigente regulación, en España es necesaria transparencia para saber quién pide qué, que se aprueba y qué no, a quién reciben nuestros políticos, qué lobis están actuando… Es por eso que pese a la debilidad del Gobierno, es más necesario que nunca sacar adelante una ley que regule esta actividad.



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