La lucha contra la discriminación LGTBI+ logra el primer pacto de todos los agentes sociales más de un año después | Economía

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Yolanda Díaz por el Ministerio de Trabajo, Pepe Álvarez por UGT y Unai Sordo por CC OO. Los tres máximos representantes de cada una de estas instituciones han firmado este miércoles el acuerdo contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+ en el trabajo, el primer pacto del diálogo social en más de un año en el que participan las patronales. Sin embargo, los líderes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, no han asistido al acto. CEOE justifica su ausencia por “incompatibilidad de agenda”, mientras que Cepyme es más clara: “Asistimos a la firma por lealtad a la mesa de negociación que ha habido sobre este tema, por eso van los negociadores implicados. Pero creemos que estamos en medio de una negociación muy importante como es la reducción de jornada en la que no se está teniendo en cuenta en absoluto a las empresas”.

Ambas patronales se han visto representadas en la firma por miembros de menor rango en un momento de extrema tensión, con constantes reproches cruzados entre Garamendi y Díaz. Trabajo ha dado un ultimátum a las patronales para que hagan sus aportaciones sobre cómo reducir la jornada o lo hará en breve solo con los sindicatos. Trabajo, además, ha dado entrada a la patronal catalana Conpymes al diálogo social, lo que afecta al equilibrio de las negociaciones donde la gran patronal española tenía más protagonismo.

El texto presentado este miércoles es un desarrollo reglamentario de la ley trans: establece que los convenios colectivos deberán contemplar cláusulas específicas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+; precisa que las empresas deberán impartir formación para evitar la discriminación del colectivo en entrevistas y ascensos; fija la inclusión de un protocolo frente al acoso y la violencia; y que “se promoverá” la “heterogeneidad de las plantillas para lograr entornos laborales diversos”. Este conjunto de medidas debe aplicarse de forma obligatoria en las compañías con más de 50 empleados, pero puede interpelar a muchas otras de menor tamaño, ya que ha de trasladarse a todos los convenios.

El entendimiento llega más tarde de lo esperado, ya que la ley daba un “plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor” y se aprobó en febrero. Finalmente se retrasa cuatro meses, aunque hay que tener en cuenta que en el tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma se han celebrado elecciones generales y el Ejecutivo estuvo en funciones cuatro meses. El texto se aprobará como real decreto, así que no exige votación parlamentaria en el Congreso de lo Diputados.

Primer acuerdo en más de un año

El último acuerdo del diálogo social en el que participaron los empresarios con sindicatos y Gobierno fue la Estrategia de Seguridad y Salud laboral, suscrita en febrero de 2023. Desde entonces, Trabajo y centrales han pactado el estatuto del becario (sin traslación al BOE por el rechazo del PSOE), un nuevo incremento del salario mínimo hasta los 1.134 euros al mes en 14 pagas o la reforma del subsidio de paro. Todo apunta a que tampoco habrá acuerdo en la negociación laboral nuclear de la legislatura, la que busca reducir la jornada en cumplimiento del acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.

Trabajo ha dado un ultimátum a CEOE para que haga sus aportaciones al respecto antes de la reunión de la semana que viene (el lunes por la tarde), y de no producirse avisa de que emprenderá el cambio con los sindicatos. El concurso de la patronal siempre ha estado lejos, dada la distancia respecto al planteamiento de ministerio y centrales, distancia que quedó patente la semana pasada cuando empresarios y trabajadores confirmaron que les había resultado imposible alcanzar un acuerdo en su diálogo paralelo. Desde entonces el ministerio ha pisado el acelerador para pactar el cambio antes de agosto.

El texto planteado por Trabajo, que adelantó este periódico, profundiza en las diferencias respecto a los empresarios, ya que cierra la puerta a compensar la reducción de jornada con un destope de las horas extra (ahora en un máximo de 80 horas anuales). Esta era la principal condición de la patronal en la mesa de diálogo para acceder a conversar sobre la reducción de la jornada a 38,5 horas este año y a37,5 el que viene, como prometieron PSOE y Sumar en su pacto de legislatura. Las relaciones también andan enturbiadas por la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos, que también enervó a los sindicatos pero sobre todo a la patronal, particularmente enfadada porque el Gobierno ha abierto la puerta del Consejo Económico y Social a organizaciones empresariales autonómicas que compiten con CEOE, como la catalana Pimec.

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