La justicia paraliza de forma cautelar las multas de Consumo a las aerolíneas ‘low cost’ por cobrar por el equipaje de mano

Con esta decisión, Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea y Norwegian evitan de forma cautelar el pago de casi 200 millones y podrán, al menos este verano, seguir aplicando un sobrecoste por el equipaje de cabina que transportan sus pasajeros. No obstante, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo les impone avales bancarios que llegan a los 110 millones de euros por si la sentencia acaba siendo favorable al requerimiento del departamento de Pablo Bustinduy.

Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se ha subrayado que la resolución del tribunal madrileño reconoce la legalidad de la política de equipaje de estas compañías, «que permite el acceso a una tarifa básica a más de 50 millones de pasajeros cada año».

Las sanciones anunciadas por Consumo a finales de 2024 situaron a España como el único país de la Unión Europea que prohíbe la libertad tarifaria contemplada en el Reglamento 1008/2008, «vulnerando así la legislación europea y socavando la libertad de mercado», denuncian desde ALA. «Cobrar por el equipaje de mano es ilegal», respondió el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. «Continuarán con sus prácticas hasta que la justicia resuelva», añadió en un mensaje en la red social BlueSky.

Las medidas cautelares dictadas por el juzgado madrileño se conocen en pleno debate europeo sobre los derechos de los pasajeros. A comienzos de este mes, el Consejo de la UE aceptó que las aerolíneas pudieran aplicar un cargo por la maleta, decisión contraria a la postura de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, que aboga por la gratuidad del equipaje de mano. La decisión final sobre la reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros recaerá, precisamente, en el Parlamento Europeo, donde se requerirá mayoría absoluta para su aprobación.

Desde ALA confían en que la aceptación de las medidas cautelares «se haga extensible al resto de compañías afectadas y que la resolución judicial definitiva se ajuste a la legislación vigente».