La horquilla del salario mínimo del Gobierno vasco va de 1.268 a 1.385 euros en 14 pagas

El departamento de Torres ha realizado un gran despliegue para presentar este informe de más de 80 páginas con el que pretende arrojar luz sobre la espinosa negociación de un salario mínimo en Euskadi, bloqueda por la negativa de Confebask a abrir este frente, algo que ya en su momento causó un duro cruce de reproches entre el vicelehendakari y la patronal. El estudio, encargado a la consultora Ikertalde por 14.000 euros, se enfoca «en un salario mínimo de la negociación colectiva» que debería ser pactado por los agentes sociales. Torres ha insistido en que solo pretende ser «una propuesta orientativa» para el diálogo «que no impone ni sustituye». No obstante, aporta más munición a los sindicatos en su reclamación frente a la patronal. El departamento presentó ayer el estudio a la Mesa de Diálogo Social (en la que están CC OO y UGT) y mañana los expondrá a ELA y LAB.

Tras lamentar que no haya datos salariales del Eustat –algo que se va a activar–, el informe parte de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y trata de estimar un salario mínimo que cumpla la regla europea de alcanzar el 60% del salario medio neto. Así llega a la horquilla comprendida entre los 1.268 y 1.385 euros citados. Según ha explicado Torres, esta estimación guarda «coherencia» con el hecho de que el coste de la vida en Euskadi es entre un 7% y 17% superior a la del conjunto del Estado.

Pero los representantes del departamento han dejado claro que esta subida en el suelo de los convenios dejaría fuera a muchos colectivos. En primer lugar porque la mayoría de los sueldos bajos se deben a que la contratación es a tiempo parcial. De hecho, 140.000 personas –103.000 de ellas mujeres– trabajan con esta modalidad y su sueldo medio es de 12.749 euros frente a 35.332 del conjunto de asalariados.

Es más, según sus estimaciones, en Euskadi hay 189.500 personas (el 21,5% del total) que cobran menos de 1.315 euros brutos mensuales y de ellas solo 66.600 tienen jornada completa.

Aparte de la parcialidad, el otro gran problema está en las personas fuera de convenio o con el acuerdo decaído (como es el caso del de oficinas y despachos). Aunque en Euskadi el porcentaje llega al 88%, hay 48.300 trabajadores en estas circunstancias. Entre ellas destacan las 27.000 empleadas del hogar, en su mayoría mujeres, un colectivo para el que los sindicatos han solicitado a la patronal negociar un convenio sin éxito. «En países como Francia sí lo hay», señaló la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo.

La viceconsejera ha hecho un repaso a los efectos positivos y negativos de la medida. Entre los primeros ha destacado la reducción de la brecha de género, el aumento del consumo o la mejora de la situación de los trabajadores más defavorecidos. Entre los segundos ha citado el impacto en los sectores con menor valor añadadio y las microempresas. «Puede haber desplazamiento de empresas, competencia desleal y desigualdad en los costes», ha admitido.