La financiación actual castiga a seis autonomías y premia a otras cinco

La financiación actual castiga a seis autonomías y premia a otras cinco


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El debate sobre la financiación autonómica ha vuelto a saltar a la palestra tras la propuesta del Gobierno, a través del PSC, a ERC para asegurar la presidencia de la Generalitat a Salvador Illa (PSC). Todas las autonomías llevan años quejándose del constante agravio comparativo que genera el actual mecanismo de reparto de recursos, que, según Fedea y otros organismos, penaliza a seis autonomías, mientras premia a otras cinco del total de 17 que componen la división territorial de España. La reformulación del sistema de financiación autonómica lleva casi una década esperando materializarse, como la ley exige. Se supone que la reforma aplicada en 2009 se iba a revisar en 2014 y, ya en 2024, todavía no se ha tocado una coma del actual sistema.

Ya en su momento, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE) solicitó en su primer mandato (2015-2019) al presidente del Gobierno que abriese el cajón y desempolvase esta asignatura pendiente. Según los datos de Fedea, tanto la Comunidad Valenciana como la Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, las Islas Baleares y Cataluña son los territorios más penalizados con el actual modelo, en función de lo que recauda por habitante frente a lo que reciben.

Aunque ahora todas las voces suenen desde Cataluña, las quejas son unánimes entre los Gobierno regionales, especialmente después de las elecciones de hace poco más de un año, que dieron una amplia victoria al PP. Según un informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) las más premiadas por el actual statu quo son Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla y León. En el medio de la tabla están Madrid, Galicia y Asturias.

En España existen dos modelos de financiación autonómica: el régimen foral (País Vasco y Navarra) y el común, donde también están incluidas las Islas Canarias, con una situación económica y fiscal especial debido su característica de insularidad, regulado por Bruselas al ser una región ultraperiférica.

Así, si se tienen en cuenta los últimos datos del Ministerio de Hacienda (2021) sobre financiación autonómica, la media nacional de la financiación homogénea por habitante está en 2.764, 94 euros, aunque Fedea lo corrige hacia unos 200 euros superior ya que el recuento de Hacienda no tiene en cuenta los ingresos de los que se beneficia la hacienda canaria. Por otro lado, la diferencia entre Cantabria, la comunidad que más recibe (3.533,64 euros), frente a Baleares, que es la que menos (2.296,63 euros), es de más de 1.000 euros. Desigualdades como esta son las que provocan que el actual sistema sea ineficiente y genere dichos agravios.

La base del actual sistema es la solidaridad, es decir, que aquellas regiones que más ganan sean capaces de ayudar a las Comunidades Autónomas que menos capacidad económica tienen. Pero ahora el debate está en que si las autonomías que más aportan al fondo común son las que más dinero deben recibir o si hay que establecer una regla de solidaridad un poco más justa.

En 2021, los datos muestran que Cataluña, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana son las que menos dinero recibieron en proporción a lo que recaudaron, por eso reclaman que se aplique el principio de ordinalidad, aunque los expertos dicen que es necesario alcanzar un equilibrio con la solidaridad regional.

Una de las principales fuentes de financiación de las autonomías son los impuestos cedidos que pueden subir y bajar a su antojo. Este punto está en el centro del debate ya que, además de poder afectar a la financiación de los servicios públicos, puede provocar el incremento del déficit y la deuda de la región. El sistema actual arregla este problema exigiendo una cifra fija en función de cada región. Aunque no ingresen esa cantidad, las Haciendas regionales tienen que ingresar al fondo común lo que le corresponde.

Esto es como una especie de «penalización» a aquellos Gobiernos autonómicos que bajan los tributos propios, ya que pueden perder por partida doble: por la falta de recaudación y por la transferencia al fondo común que deben aportar.

El informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica, elaborado por el Ministerio de Hacienda en 2017, apunta a que debería existir una «armonización fiscal» que permita establecer unos tipos mínimos en los impuestos cedidos y así no se genere ese dumping fiscal entre regiones. En el informe de expertos del año 2017 ya advirtieron que es necesario elaborar otro método de cálculo de financiación que tenga en cuenta el coste de los servicios que las comunidades prestan.

Densidad de población

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, llevaba por bandera esta tesis ya que aseguraba que no es lo mismo dar servicio sanitario o transporte escolar a una población dispersa, como hay en las regiones del norte, que a una con una densidad de población alta como Madrid.

En su momento, el Gobierno confirmó que si salía la coalición con Sumar buscarían reducir el peso de la población (ahora en el 30%) hasta el 20% y aumentar el de la Sanidad, que pasaría del 38% al 45% y también saldría reforzada la financiación en Educación. Todos estos deberían abordarse en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrán que abordarse en la reunión de julio, que Hacienda ya ha puesto en el calendario, después de que los barones del PP presionaran para esta convocatoria.

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