La dimisión de Costa aboca a Portugal a adelantar las elecciones a 2024
«Si el primer ministro cambia, el Parlamento será disuelto». Así de claro y contundente fue el presidente de la República de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, a finales del mes de enero de este mismo año.
Por tanto, tras la dimisión este martes del primer ministro luso, António Costa, al conocerse que la Fiscalía abrió una investigación contra él y dos ministros de su gabinete por una posible prevaricación y corrupción en la adjudicación de ayudas al sector del litio y el hidrógeno verde, el país vecino está abocado a adelantar las elecciones a enero de 2024 (de cumplirse con el XXIII Gobierno Constitucional, laAsamlea de la República debería renovarse en enero de 2025).
El Jefe de Estado convocó al Consejo de Estado para este jueves a las 15.00 horas (hora portuguesa). Tras la reunión, el órgano se pronunciará sobre la posible disolución de la Cámara Baja.
Esta no fue la primera vez que Rebelo de Sousa llamó «insustituible» a Costa. A finales de marzo de 2022, en su discurso inaugural de la legislatura, el presidente dijo al ya exprimer ministro que su sustutición no sería «políticamente fácil» a mitad de legislatura.
Todo este escándalo saltó durante la mañana de ayer, con la detención del jefe de gabinete del primer ministro, Vítor Escária, y la imputación de los ministros de Transición Ecológica e Infraestructuras, Duarto Cordeiro y João Galamba, respectivamente. Las pesquisas han llegado hasta el Palacio de Belém, sede de la residencia del Primer Ministro en Lisboa, además de los ministerios involucrados en la trama.
La macroinspección judicial también se llevó a cabo en las concesiones para la explotación de yacimientos de litio en Boticas y Montalegre, en el norte de Portugal, así como un proyecto para producir energía con hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos en la zona de Sines, situada en el sur, según reza el auto de la Fiscalía, que examina en concreto hechos susceptibles de constituir delitos de prevaricación, corrupción activa, corrupción pasiva y tráfico de influencias.
Los primeros detenidos en esta primera fase de la investigación fueron el propio Escária y el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas. A ellos también se añade la detención del empresario Diogo Lucerda Madhado, amigo íntimo de Costa y al que el Gobierno encomendó proyectos clave como la privatización de la aerolínea TAP, según recoge el diario luso Publico.
El Ministerio Público no introdujo la figura del primer ministro dentro de la causa principal, sino que se le hará una investigación independiente, a través de un procedimiento autónomo a través del Tribunal Supremo de Justicia, ya que es «el foro competente», para investigar a Costa, aseguró la Fiscalía.
Por su parte, António Costa, aseguró ayer en rueda de prensa, tras anunciarle su renuncia al presidente de la República, que tenía «plena confianza» en la Justicia y «en su funcionamiento». Al mismo tiempo, aseguró que la dignidiad de un Primer Ministro «no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad y buena conducta, y menos aún con la sospecha de algún hecho delictivo».
Preguntado por si tenía pensado volver a presentarse como candidato para primer ministro, el socialista luso aseguró que volver al servicio público no estaba entre sus planes: «Esta es una etapa de mi vida que ha terminado», aseveró.
Al mismo tiempo recordó que los procesos penales «rara vez son rápidos» y por eso dijo que va a esperar a que concluya todo el proceso para replantearse si volver a la primera línea política.
Costa mostró su «entera colaboración» con la Justicia para que se resuelva todo el entuerto y recalcó que «no pesa en mi conciencia la práctica de cualquier acto ilegal o incluso censurable».
El exprimer ministro puso así punto y final a ocho años de mandato, de los cuales los últimos dos fueron con mayoría absoluta.