Junts se desmarca ahora del voto de su consejero en la CNMC y exige al Gobierno que pare la opa al Sabadell

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reclamado este viernes una «decisión política» al presidente del Gobierno para frenar la operación financiera. Turull no ha llegado a condicionar el voto de los postconvergentes en el Congreso a la decisión que adopte el Consejo de Ministros sobre el asunto, pero sí ha dejado claro que este es un tema que lleva tiempo sobre la mesa en las negociaciones con los socialistas. «Es el momento de la política: debe tomarse una decisión. Y la que pedimos es que no se autorice esta opa. Hay fundamento jurídico y legal para que el Gobierno tome esta decisión», ha presionado.

La posición de Junts es la de siempre y sin matices, ha señalado Turull: «Estamos en contra de forma frontal, nos oponemos del todo», ha asegurado el líder nacionalista, que ha salido al paso de la incomprensión y hasta el malestar que había provocado el voto favorable de Pere Soler entre sectores económicos catalanes.

Turull ha justificado el voto a favor de Soler en el consejo de la CNMC. Si hubiera votado en contra, mostrando el malestar mayoritario de la clase política y empresarial de Cataluña, no habría conseguido, a su juicio, introducir en el informe aprobado por unanimidad que en Cataluña hay problemas de competencia en el sector bancario. De haber votado en contra, esta cuestión no aparecería en el informe del organismo de la Competencia, ha destacado el dirigente nacionalista. «Ahora hay amparo legal para que esta opa no se autorice. El informe lo permite», ha valorado. Junts, en cualquier caso, se ha visto obligado este viernes a hacer un quiebro dialéctico, el de oponerse a la opa y destacar al mismo tiempo lo positivo del voto favorable de Soler, lo que deja al descubierto que en el seno de la formación nacionalista este asunto ha generado un debate encendido. Turull ha negado que haya «división» dentro del partido.

A principios del mes de febrero, Pere Soler prometió su cargo como consejero de la comisión nacional del mercado de la competencia (CNMC). Puigdemont situaba así a un dirigente afín en un organismo clave, con el encargo de seguir de cerca, desde dentro, a la entidad que tenía entre manos la decisión sobre si autorizar o no la OPA lanzada por el BBVA al Sabadell, calificada hace un año por el expresidente de la Generalitat como un «155 bancario». Este martes, la CNMC autorizó la operación por unanimidad. Pere Soler también votó a favor. En octubre de 2017, era director general de los Mossos d’Esquadra, con Puigdemont como presidente de la Generalitat. Fue juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional, en la causa penal contra los responsables de la Policía catalana. El mayor Josep Lluís Trapero y el resto de la cúpula del cuerpo fueron acusados de ponerse al servicio del ‘procés’ y de no hacer nada para impedir el referéndum ilegal. Todos ellos fueron absueltos, incluido Soler, quien dirigió también en su día el organismo de la Competencia de la Administración catalana y fue concejal de CiU en Terrassa (Barcelona).Su elección en la CNMC, junto al de otros perfiles afines a Junts que se han integrado en entidades o empresas estratégicas como RTVE, Enagás, Renfe o Aena, forma parte de las cesiones del PSOE al partido de Puigdemont a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez y a la estabilidad parlamentaria.

El voto favorable de Soler al dictamen del organismo de la Competencia, avalando la opa, había dejado en una situación comprometida a Junts, que el miércoles y el jueves mantuvo un calculado silencio ante la decisión de la CNMC. Con su voto en contra, Soler no podía frenar la decisión de Competencia de avalar la OPA, pero sí dejar constancia de una posición discordante, como la que tienen de forma mayoritaria en Cataluña las patronales, sindicatos y buena parte del arco parlamentario, del PSC, a la CUP, pasando por ERC, los comunes o el PPC. También los de Puigdemont habían mostrado públicamente su rechazo más enérgico. Tras una larga deliberación, el consejo de la CNMC asumió endurecer las condiciones de la OPA al BBVA. Entre otras, el blindaje especial a las pymes catalanas y el mantenimiento del crédito a la pequeña y mediana empresa catalana.