Inflación y políticas sociales | Negocios



Maravillas Delgado

El 31 de diciembre veremos cómo decae el paquete de ayudas puesto en marcha en marzo de 2022 para hacer frente a la crisis de precios generada por la invasión rusa de Ucrania. La evolución de la inflación a lo largo de 2023, aun lejos de los objetivos de política monetaria, apuntan a una desaceleración de los precios, y el alza de los tipos de interés encarecerá en gran medida el recurso a la deuda pública, en un país que tiene como objetivo para 2024 situar su déficit público en el entorno del 3%, de acuerdo con el plan presupuestario enviado a Bruselas el 15 de octubre. En definitiva, España no tiene demasiado espacio fiscal para dar continuidad a las medidas de apoyo, y con una inflación en el entorno del 3,5%, alta pero no excesivamente dolorosa, podría decirse que las razones para mantener el apoyo fiscal a las familias se han diluido.

No obstante estas razones, las consecuencias sociales de la crisis de precios se han mantenido a lo largo de 2023, sobre todo en los impactos generados en las familias más vulnerables y en las más endeudadas, que han visto crecer notablemente el coste de su deuda, con un euríbor que se sitúa ya ampliamente por encima del 4%. En estas condiciones, cabe preguntarse si no sería deseable reconsiderar la decisión que retirar plenamente los apoyos fiscales.

En un estudio desarrollado por el Banco Central Europeo y el Centro de Investigaciones Conjuntas de la Comisión Europea, donde se ha evaluado el impacto de las medidas por deciles de renta, se señala que, en el caso de España, las medidas de protección tomadas fueron claramente insuficientes para sostener la pérdida de poder adquisitivo de las familias con mayor desventaja. Son, además, estas familias las que más han sufrido las consecuencias del alza de precios, con una pérdida de poder adquisitivo de cerca de un 15%. El impacto de las medidas de apoyo, en el caso de las familias más empobrecidas, sólo consiguió mitigar parcialmente los efectos de la inflación, de manera que, tras la aplicación de las medidas, el empobrecimiento en términos reales se situaba por encima del 5% de la renta familiar disponible, el doble que la pérdida experimentada por las familias más adineradas, que también se beneficiaron de buena parte de las políticas puestas en marcha, como la rebaja del IVA o los subsidios a los combustibles.

En otras palabras, los efectos de las políticas puestas en marcha en España han mostrado un menor efecto redistributivo que el promedio de los países examinados en el estudio, de manera que lo que podemos esperar es que la inflación haya incidido en incrementar la desigualdad de la renta en uno de los países europeos que, pese a los avances de los últimos años, sigue manteniendo uno de los mayores niveles desigualdad de renta y personas en riesgo de pobreza.

La caída de la inflación a niveles compatibles con la política monetaria del Banco Central Europeo no debe hacernos olvidar los negativos efectos distributivos que ha tenido esta crisis y la necesidad de seguir fortaleciendo los apoyos para las personas más vulnerables. De acuerdo con los análisis de Luis Ayala y Olga Cantó, de la Universidad de Alcalá de Henares, la historia reciente de nuestra economía muestra que la desigualdad crece rápidamente en las crisis y cae muy lentamente en las recuperaciones. La inflación ha castigado particularmente a los que se encontraban en peor situación y las medidas tomadas no han sido suficientes para mitigar ese efecto.

Siendo así, la nueva legislatura que está a punto de alzar el vuelo debería tener en cuenta la conveniencia de reexaminar la decisión de retirar todas las medidas de apoyo, y quizá sería apropiado mantener aquellas que más pueden hacer por reducir la desigualdad, reforzando así el apoyo público a los hogares que más están sufriendo las consecuencias de la inflación, donde efectivamente, viene lloviendo sobre mojado desde la crisis de 2008. La situación fiscal no permite demasiados esfuerzos, pero tenemos, en el marco de la nueva andadura parlamentaria, el tiempo suficiente para avanzar en la reforma tributaria que España necesita para dotar al sector público de los recursos necesarios para desarrollar estas —y otras— políticas.

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