Hacienda estrecha el control a las criptomonedas en España: el Congreso sigue adelante con la ley DAC8 que permitirá el embargo de Bitcoin y ‘altcoins’
El proyecto de ley que traerá la directiva europea DAC8 a la legislación española —con cambios significativos en la fiscalidad de las criptomonedas y los activos digitales— se enfrerntó hoy a un momento crucial en el Pleno del Congreso de los Diputados. Como adelantaba Europa Press, la votación de la enmienda de totalidad presentada por Vox amenazaba con devolver la norma al Gobierno y detener, temporalmente, una de las piezas legislativas más esperadas por Hacienda para cerrar el cerco a la evasión fiscal en el ecosistema cripto.
Finalmente no ha sido así. El Congreso ha rechazado la enmienda de Vox para devolver al Gobierno la directiva fiscal de criptoactivos. Y es que la formación de Santiago Abascal se ha quedado sola en la votación, puesto que el PP ha decidido abstenerse y el resto del hemiciclo, con los partidos del Gobierno incluido, han votado en contra.
La directiva DAC8 (por su octava modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa en el ámbito fiscal) es la piedra angular del esfuerzo de la Unión Europea por alinear la fiscalidad de los criptoactivos con los estándares internacionales. Su objetivo principal es claro: obligar a los proveedores de servicios de criptoactivos (como los exchanges y las plataformas de trading) a reportar a las administraciones tributarias las transacciones de sus usuarios, incluyendo saldos y operaciones en el extranjero. Esto implica que, a partir de su aplicación, Hacienda tendrá un acceso mucho más riguroso y detallado a la actividad de los inversores españoles.
Hacienda quiere aprobarlo cuanto antes
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este jueves en el Congreso apoyo al proyecto para transponer la directiva antes del 31 de diciembre, fecha tope que ha puesto la Comisión Europea para no abrir un proceso de infracción contra España.
Transparencia fiscal
Según las agencias, la ministra ha defendido que la norma permitirá a España «cumplir con los compromisos adquiridos en materia de transparencia fiscal internacional y además dotar a la propia Agencia Tributaria de mayores herramientas para tener información con trascendencia fiscal sobre los criptoactivos».
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en una sesión plenaria a 16 de octubre de 2025. / Marta Fernández – Europa Press
Montero también se ha dirigido a Vox para reprocharles que siempre tienen una enmienda de totalidad «preparada de antemano» contra el Gobierno, independientemente del texto. Asimismo, ha censurado que los de Santiago Abascal «no votan nada a favor que venga de Europa».
Embargos de criptoactivos: la principal novedad para el contribuyente
Más allá de las obligaciones de información, la transposición de la DAC8 tiene una implicación directa y notable para el contribuyente: la ley modificará la Ley General Tributaria para reconocer explícitamente la capacidad de la Administración para embargar criptoactivos como vía para saldar deudas tributarias. Hasta ahora, el vacío legal sobre la naturaleza de estos activos digitales dificultaba su consideración formal como bienes embargables, un obstáculo que esta norma pretende eliminar.
Vox, sin embargo, ha basado su enmienda de devolución no tanto en el fondo técnico de la norma, sino en la «sospecha» de que el PSOE podría utilizar su tramitación parlamentaria para introducir «enmiendas espurias» no relacionadas con la fiscalidad cripto. El partido de Santiago Abascal citaba el precedente de la ley del Impuesto Mínimo Global, donde se incluyeron normativas como un impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos.
El portavoz adjunto del PP en la Comisión de Hacienda del Congreso, Santi Rodríguez, también ha admitido que ve el texto «sospechosamente inocuo», puesto que en principio no incluye subidas de impuestos, no es intervencionista y tampoco tiene «cesiones inasumibles» a los socios de investidura.
Un paso hacia la transparencia global
Si la enmienda de totalidad es rechazada, el proyecto de ley seguirá su cauce parlamentario, abriéndose el plazo de presentación de enmiendas al articulado. La aprobación definitiva de esta ley es fundamental para que España cumpla con el calendario de la Unión Europea, que busca que la DAC8 esté plenamente operativa y aplicada por todos los Estados miembros a partir de enero de 2026.
El sector de los activos digitales ve en la DAC8 (junto con la normativa MiCA que regula los mercados cripto) un paso necesario hacia la madurez y la transparencia. Una fiscalidad clara y unas herramientas de control como las que incorpora esta ley son vistas como esenciales para consolidar el ecosistema y disipar la sombra de ser un vehículo para el fraude. No obstante, el debate de mañana en el Congreso determinará si este refuerzo del control fiscal avanza sin contratiempos o si se ve momentáneamente paralizado por la guerra política.
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