Hacienda encara devoluciones de 9.000 millones por las reformas del PP tumbadas este año por los jueces | Economía




El Estado se enfrenta a devoluciones millonarias por los recientes reveses judiciales que ha sufrido en el ámbito tributario. Tan solo las dos sentencias dictadas este año en contra de dos medidas fiscales aprobadas en la época de Mariano Rajoy suponen un coste potencial para las arcas públicas de más de 9.000 millones de euros, según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Por un lado, la anulación de la reforma del impuesto de sociedades que acometió el Gobierno del PP en 2016, decretada en enero por el Tribunal Constitucional, tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros. Por el otro, el fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que declara ilegal el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, conocido la semana pasada y sobre el que todavía debe pronunciarse el Supremo para conocer sus consecuencias, tiene el potencial de generar un ulterior agujero, aún más grande, de 5.800 millones de euros.

No es la primera vez que los tribunales tumban normas fiscales aprobadas con anterioridad y obligan a reintegrar miles de millones de euros. Pasó con el canon hidráulico, con un coste de más de 1.900 millones para la Hacienda Pública y, más recientemente, con el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Si se suman solo estas cuatro sentencias, el impacto supera los 11.000 millones.

Aún no está claro cómo impactarán en las cuentas públicas estos varapalos judiciales, que llegan en un momento delicado por la vuelta de las reglas fiscales europeas. En septiembre, el Gobierno deberá presentar a Bruselas un plan de consolidación para reconducir el desfase entre ingresos y gastos por debajo del 3% del PIB que exige el marco comunitario —en 2023, el déficit fue del 3,6%— y situar la deuda, que sigue coqueteando con el 110% del PIB tras dispararse con la pandemia, en una senda descendiente. Según la Autoridad Fiscal (Airef), será necesario un ajuste del 0,64% del PIB cada ejercicio si el plan es a cuatro años, equivalente a unos 9.000 millones de euros, y de 6.000 si se amplía a siete.

Por eso, si se cumplen los pronósticos más perjudiciales para la Hacienda española y el Supremo obliga al Estado a devolver los ingresos por el impuesto sobre los hidrocarburos, el agujero fiscal será considerable. “La mala gestión del PP tiene consecuencias que al final pagamos todos los españoles”, se apresuró a avanzar el ministerio tras conocerse el último fallo.

Precedentes

Los tribunales han tumbado varias normas tributarias y obligado a Hacienda a realizar devoluciones millonarias que impactan en el saldo presupuestario. El canon hidráulico supone un precedente que ha costado casi 2.000 millones a las arcas públicas. El Ejecutivo de Rajoy impuso este gravamen a las eléctricas en 2015 por el uso de aguas para la producción de energía eléctrica. La tasa, que tenía como objetivo financiar el déficit de tarifa del sistema, fue recurrida por la patronal de las empresas afectadas. Seis años después, en 2021, el Tribunal Supremo decretó que el tributo no podía tener carácter retroactivo para los años 2013 y 2014 como había pretendido el Gobierno del PP, y a la vez abrió la puerta a que se reintegrara todo lo recaudado entre 2013 y 2021.

Tras conocerse la sentencia, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez apartó unos 1.908 millones para hacer frente a las devoluciones, una cifra que se imputó al déficit público del año 2021. Las compañías con más plantas hidroeléctricas —Iberdrola, Endesa y Acciona— fueron las más beneficiadas.

Otro precedente, quizás más polémico, pero con impacto inferior para el fisco, es el revés que el TJUE dio al modelo 720. Esta norma, también introducida por el Gobierno del PP, obliga a declarar los bienes y activos que españoles y extranjeros residentes poseen en el extranjero si su valor supera los 50.000 euros. En 2019, Bruselas denunció ante la justicia comunitaria que las multas previstas por no presentar esta declaración o hacerlo fuera de plazo eran desproporcionadas y que violaban varias libertades consagradas por la Unión.

El tribunal de Luxemburgo confirmó la postura del Ejecutivo comunitario y tumbó el régimen sancionador del modelo 720 en una sentencia de enero de 2022. Unos meses después, el Tribunal Supremo español decretó la nulidad, con efecto retroactivo, de las multas formales de esta normativa. Según los cálculos de Hacienda, el perjuicio causado a las arcas públicas ha sido de unos 230 millones de euros.

Asimismo, a partir de la primavera de 2021, el Supremo empezó a dar la razón a las comunidades que habían denunciado al Estado por quedarse con una mensualidad de IVA en 2017. Esta circunstancia se originó al implantarse un nuevo sistema electrónico para gestionar el cobro del impuesto, diseñado cuando Cristóbal Montoro estaba al frente de Hacienda, que causó un desfase de un mes en los pagos y una revuelta de los barones regionales. A mediados de 2021, Hacienda anunció que trasladaría 3.000 millones a las autonomías para compensarlas.

Tras estos varapalos judiciales, los dos grandes reveses para el actual Ministerio de Hacienda han llegado en la primera mitad de 2024. El departamento que dirige María Jesús Montero estrenó el año con el fallo del Constitucional que anulaba varios puntos de la gran reforma que llevó a cabo Montoro en 2016 en el impuesto de sociedades con el objetivo de aumentar los ingresos públicos del Estado en un momento en el que era crucial reducir el déficit. Los cambios más relevantes que tumbó el tribunal de garantías eran la fijación de topes más severos para la compensación de bases imponibles negativas para los grupos fiscales con una cifra de negocio superior a los 20 millones de euros y el endurecimiento de la reversión automática por quintas partes de deterioros del valor de participaciones. El Constitucional cuestionó que estas modificaciones se llevaran a cabo mediante la figura del real decreto —en vez de pasar por el cauce habitual de las Cortes— y los tumbó. Limitó las devoluciones a los casos que tuviesen un proceso de reclamación ya abierto, pero las grandes empresas ya se habían adelantado y recurrido. El impacto ronda los 3.330 millones y las devoluciones, que ya empiezan a producirse, tendrán efectos en las cuentas de los años en los que se efectúen.

La semana pasada, en lo que Hacienda tilda como “la enésima sentencia de un tribunal que anula una medida fiscal del Gobierno del PP”, el TJUE declaró contrario al derecho de la Unión la parte correspondiente a las autonomías del impuesto de hidrocarburos. Esta figura, vigente entre 2013 y 2018, recaudó 6.531 millones de euros y permitió que las regiones estableciesen tipos impositivos diferenciados para un mismo producto y uso en función del territorio, dando pie a fuertes distorsiones en el mercado y a una mayor fragmentación que podía comprometer la libre circulación de mercancías. Este esquema del impuesto sobre hidrocarburos sustituyó al conocido como céntimo sanitario, pero su mal diseño abre la puerta ahora a cuantiosas devoluciones. “Se repite la mala praxis legislativa del PP”, insisten desde el actual Ministerio de Hacienda.

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