Guillermo Peláez: “Los ricos intentan hacer pasar sus problemas por los de la mayoría” | Economía




Siempre fue militante del PSOE, pero nunca ejerció la política. Sin embargo, tras las elecciones de 2023, Guillermo Peláez (Oviedo, 40 años) recibió la llamada del presidente asturiano, Adrián Barbón, con el encargo de dirigir la consejería de Hacienda y Fondos Europeos del Principado. Ahora es el más joven del Gobierno regional y de todos los consejeros del ramo.

Licenciado en Derecho, trabajó como abogado para enrolarse en 2016 en el cuerpo de técnicos de Hacienda del Estado. En 2021 aprobó las oposiciones para ser inspector de Hacienda. En un encuentro con EL PAÍS en la Secretaría General de Fondos Europeos, en Madrid, defiende una armonización fiscal que ponga freno a la competencia entre autonomías, a la vez que asegura que, si se tiene en cuenta el coste real de los servicios básicos, Asturias está infrafinanciada.

Pregunta. Se dice que Asturias es un infierno fiscal…

Respuesta. No. Es un concepto que opera dentro de Asturias porque determinados intereses quieren incitar al Gobierno a hacer rebajas fiscales. Las comunidades no tenemos competencia sobre fiscalidad empresarial. El IVA y sociedades no están transferidos.

P. Pero sí se utiliza a Asturias como ejemplo de alta fiscalidad en sucesiones y donaciones.

R. El impuesto de sucesiones es justo y goza del respaldo de toda la doctrina académica y de instituciones internacionales como la OCDE, que recomienda que se mantenga porque combate la desigualdad. Eso sí, dice claramente que las clases medias y trabajadoras deben estar exentas. Y es el modelo que aplicamos en Asturias. En el grupo uno de parentesco solo lo paga el 1% de los declarantes. ¿De verdad es un problema el 1% más rico? Esas comparativas tratan de hacer pasar el problema del 1% por el de todos.

P. Muchas comunidades están bajando impuestos. ¿Hay margen para seguir?

R. Todas las autoridades nos dicen que hay que iniciar una senda de consolidación fiscal. No hay margen para hacer rebajas de carácter general. Sí para establecer beneficios fiscales para las clases medias y trabajadoras. Nosotros hemos iniciado la vía fiscal asturiana. Tenemos más de 20 deducciones en el IRPF que solo afectan a las rentas bajas y medias. Tenemos las deducciones fiscales más potentes a la natalidad y aplicamos deducciones al medio rural para fijar población. Nuestras deducciones suponen un importe de 50 millones que es superior, por ejemplo, al impacto de deflactar el IRPF como promueve la derecha.

P. ¿Les afecta la competencia fiscal entre comunidades?

R. La fiscalidad influye, pero no es determinante. Como país, tenemos que plantearnos si es efectivo que los tributos que gravan la riqueza estén en manos de las comunidades, porque se está perdiendo la recaudación que hace posible el Estado del bienestar. Es algo que le planteamos al Gobierno.

P. ¿Harían falta umbrales mínimos?

R. Defendemos la armonización en este tipo de tributos, con un mínimo exento para clases medias y trabajadoras. Es una reflexión que tenemos que hacer para ver qué modelo de Estado queremos. Nada es inocuo cuando bajas impuestos. El debate y la batalla fiscal hay que darlos. Ahora hay una mayoría de comunidades del PP, pero desde Asturias estamos dispuestos a dar esa batalla. Las grandes rentas y patrimonios intentan hacer pasar sus problemas por los de la mayoría social. Esa batalla hay que darla.

P. Da la sensación de que el bloque que lidera el PSOE la está perdiendo…

R. Soy optimista y creo que la gente asume y entiende estas posiciones. En Asturias, nuestro sistema fiscal es valorado.

P. Todavía no se ha empezado a negociar la reforma del sistema de financiación ¿Le ha faltado iniciativa al Gobierno?

R. La reforma es muy compleja porque requiere un acuerdo entre territorios con intereses contrapuestos. Para tener vocación de permanencia también requiere de un gran acuerdo entre PP y PSOE. Somos optimistas porque tenemos el compromiso de la ministra y la necesidad de las comunidades puede ser una palanca para que salga adelante. Tenemos un acuerdo con otras siete autonomías que comparten intereses y somos conscientes de que vamos a tener que hacer alguna concesión.

P. Asturias tiene una financiación por habitante ajustado por encima de la media.

R. Que una comunidad esté en la media o no, no debería ser relevante. Lo relevante es que reciba los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios en un plano de igualdad. Si todos vamos a la media se pone freno a la redistribución, a la solidaridad. El concepto relevante es lo que cada uno necesita.

P. Las diferencias entre la comunidad peor y mejor financiada son muy grandes.

R. Hay comunidades que, como nosotros, necesitan más recursos y otras que, como el dato de la media les es favorable, lo ponen encima de la mesa como una prueba más de sus necesidades. El prestar servicios públicos de calidad en Asturias es costoso. Tenemos una distribución territorial, una dispersión geográfica y un envejecimiento que hacen que el coste efectivo sea más caro. Necesitamos más recursos para eso y, por tanto, entendemos que también estamos infrafinanciados. Si hay un fondo transitorio, Asturias tiene que estar en él.

P. ¿Están dispuestos a que Asturias pierda su posición relativa?

R. La posición relativa no nos importa. Lo único es que tengamos los recursos necesarios para prestar los servicios en igualdad. No queremos ni más ni menos. Y eso se consigue atendiendo al coste real de los servicios públicos.

P. Entonces el sistema necesita más ingresos. ¿De dónde se sacarían?

R. Eso le corresponde al Estado. Debe descentralizar más ingresos, bien vía transferencias o vía más competencias autonómicas. Decimos que hay que atender al coste real de los servicios públicos. No es lo mismo prestar un servicio sanitario en Asturias que en Barcelona u Hospitalet, que son zonas más densamente pobladas.

P. ¿Cuál debería ser el principal criterio de reparto?

R. Somos ambiciosos y nos gustaría redibujar todo en base a calcular el coste efectivo del sistema. Y a partir de ahí, tener más capacidad tributaria para fomentar la inversión o mejorar la cartera básica.

P. ¿No se exacerbaría la competencia fiscal?

R. Eso también debe valorarse en la reforma. Actualmente, tenemos el 50% de IVA. A lo mejor hay que incrementarlo al 60% o al 70% sin tener competencias normativas. Lo mismo se puede hacer con el IRPF, pero limitando la capacidad normativa que conduzca a una rebaja de impuestos que pueda hacer al sistema ineficiente.

P. Eso implicaría también asumir más responsabilidad fiscal.

R. Efectivamente. Tiene que haber exigencias de responsabilidad fiscal en la reforma para que el incumplimiento de los objetivos de estabilidad acarree consecuencias. Y al revés: tiene que haber una capacidad de endeudamiento o unas normas de estabilidad asimétricas para las comunidades que cumplen.

P. ¿Apoyan la condonación de la deuda que propone Cataluña?

R. Éramos críticos, porque entendemos que entraña un riesgo moral y no es una medida deseable para la responsabilidad fiscal. Pero el Estado tiene una competencia de cierre para garantizar la prestación de los servicios fundamentales, y hay comunidades que han llegado a tal nivel de endeudamiento que pone en riesgo la sostenibilidad de su Estado del bienestar. Con esa condonación de la deuda en Cataluña, que es extensiva a todos los territorios, el Estado está actuando y cumpliendo con sus funciones. Por tanto, compartimos la decisión del Estado, y eso que somos escépticos hacia las condonaciones.

P. ¿Y qué opina de la financiación singular que piden los soberanistas catalanes?

R. Atentaría contra el principio de solidaridad. Todas las comunidades de régimen común debemos tener un sistema de financiación multilateral y la palanca de redistribución que supone el Estado es más efectiva y eficiente cuanto más grande sea. La Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, no avala una suerte de cupo en Cataluña.

P. ¿Es posible una reforma del sistema con la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP?

R. Es complicado, pero tenemos el compromiso del ministerio, y la necesidad de financiación que tenemos todas las comunidades tiene que ser el catalizador.

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