Garamendi carga contra la intervención política del Gobierno en la opa de BBVA

Aunque Garamendi no ha querido posicionarse a favor de ninguno de las dos entidades financieras en liza, ya que ambas compañías forman parte de la patronal, sí ha criticado la «intervención política» y ha lamentado que en España «se están politizando muchas cosas como el asunto de la opa». Además, ha insistido en que a las empresas no les gusta que la ley sea orientativa. «Eso no es bueno», ha afirmado, porque hay que estar dependiendo de las opiniones políticas.

Garamendi también ha rechazado la «consulta popular» que el Ministerio de Economía puso en marcha hace unas semanas para testar la opinión que pudiera tener cualquier ciudadano en torno a la operación de BBVA y Sabadell por la imagen de inseguridad normativa que se ofrece a los potenciales inversores. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Ejecutivo recibió 348.600 respuestas a la consulta, de las cuales unas 65.900 fueron respuestas válidas.

Garamendi también ha señalado que como presidente de CEOE ha recibido a fondos e inversores extranjeros, quienes «estas cosas las miran». «Nos guste o no, en España se están politizando mucho las cosas», ha reiterado, pidiendo «certidumbre». «Nos guste o no, la sensación de inseguridad jurídica existe», ha agregado.

No a vetar en obra pública

En ese mismo foro, el presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), Julián Núñez, defendió que el sector de infraestructuras es «modélico» y que los casos salpicados por presunta corrupción son «puntuales, personales» y «la solución no es vetar» a los afectados en las adjudicaciones de contratos en referencia a los casos judiciales que asedian al Gobierno y el PSOE con Cerdán y Ábalos.

Sin citar a ninguna empresa, indicó que son «casos puntuales y personales» y negó que exista un «problema generalizado» en la contratación pública. Calificó al sector de «modélico» y a sus profesionales «de primerísima», «lo que no quita para que pueda hacer casos puntuales». Y expresó «tolerancia cero» con la corrupción. Además apuntó que «por un caso puntual o personal» no se pueden quitar contratos a las constructoras.