Expertos alertan de que extender el modelo foral “amenazaría la futura viabilidad del país” | Economía

Expertos alertan de que extender el modelo foral “amenazaría la futura viabilidad del país” | Economía


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En pleno debate sobre la financiación singular de Cataluña, un grupo de expertos ha alertado este lunes en el Congreso de que la extensión del concierto vasco o el convenio navarro a otras comunidades resultaría en un modelo totalmente distinto al actual que, “posiblemente, amenazaría la viabilidad futura del país”. Así lo refleja el documento Propuestas para España. La reforma de la financiación autonómica, presentado por el Foro Económico de Galicia, en el que participan economistas con reconocimiento académico. En el estudio, se recomienda una renovación en profundidad del sistema de financiación, que pase, entre otras medidas, por la inyección de más recursos, dotar de más autonomía tributaria a las comunidades, cambiar los criterios de reparto, revisar las aportaciones forales y diseñar una agencia tributaria federal en la que participen las Administraciones regionales. “Lo que pretendemos es desgranar los problemas e identificar las soluciones”, ha dicho Santiago Lago, coautor del documento y catedrático en la Universidad de Vigo. “Preparamos el terreno, pero son los políticos que tiene que tomar las decisiones”.

“La asimetría entre el sistema común y el foral plantea un problema que desborda sobre el conjunto del sistema, porque genera emulación en otras comunidades autónomas”, ha comentado Xoaquín Fernández Leiceaga, que también ha participado en la elaboración del documento, elaborado por el Foro Económico de Galicia, una plataforma donde universidades y empresas abordan asuntos de naturaleza económica. La propuesta de este grupo sigue en parte muchos de las recomendaciones del comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda en 2017 para la reforma de la financiación autonómica.

El informe parte de la premisa de que España es uno de los países más descentralizado en materia tributaria y que el sistema de financiación, pendiente de una reforma desde hace 10 años, se ha quedado desfasado y presenta múltiples carencias. En esta ecuación entran los esquemas forales de País Vasco y Navarra, que están amparados por la Constitución, pero que “representan una anomalía sin parangón en el panorama internacional” y tienen “una participación extremadamente limitada en la función de nivelación”.

Este diagnóstico llega en un momento crucial, pues el sistema de financiación ha ganado un peso decisivo en el debate político ante la exigencia de los partidos soberanistas catalanes —de los cuales dependen el Gobierno central y la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat— de que se le reconozca a Cataluña una “financiación singular”. Si este tratamiento distinto se tradujera en la aplicación de un cupo a la catalana, alerta el documento, se configuraría un modelo totalmente distinto y potencialmente insostenible, ya que Cataluña supone una quinta parte de los recursos de la financiación autonómica.

“Es esencial prevenir y evitar que los tratamientos asimétricos sean la semilla de futuros problemas y generen sentimientos y realidades de agravio, de forma que cualquier solución de reforma que se adopte debe ser aceptada desde el ámbito de cada comunidad, pero también desde la perspectiva del conjunto del sistema”, continúa el documento, firmado también por María Cadaval y Jorge Martínez-Vázquez. “El sistema confederal resultaría un error económico y político, además de abrir un debate innecesario, que debe centrarse en adecuar el modelo existente a las necesidades de todas las comunidades autónomas para que cumplan con la prestación de servicios”.

Insuficiencia de recursos

Los autores recuerdan que hay consenso sobre las carencias del actual sistema de financiación autonómica, ya plasmadas en el informe de la comisión de expertos reunida en 2017. Entre las más relevantes destacan la insuficiencia de recursos para prestar los servicios básicos —las comunidades son las encargadas gestionar la médula del Estado de bienestar: sanidad, educación y servicios sociales—, la arbitrariedad en la financiación por habitante ajustado (un indicador que tiene en cuenta las características de la población de los territorios), la escasa autonomía fiscal de las autonomías y los insuficientes incentivos para aumentar impuestos, la complejidad y, sobre todo, falta de transparencia del modelo.

Respecto a la insuficiencia de recursos, el grupo de expertos propone dotar de mayor autonomía fiscal a las comunidades para que puedan ellas mismas elevar sus ingresos, llevando a cabo una renovación del sistema a la vez que una reforma tributaria. El documento aboga por introducir un IVA colegiado, que el impacto de los cambios normativos en el IRPF se note de inmediato en las cuentas autonómicas, que los Gobiernos regionales participen en la nueva fiscalidad medioambiental y que se reformule la tributación sobre la riqueza. “La Administración central no va sobrada de recursos, al contrario, hay déficit estructural”, ha subrayado Cadaval. También recomienda una suerte de “Agencia federal” para todos los tributos estatales y compartidos. Esta debería operar de forma unificada, “pero con participación de las comunidades en sus órganos de dirección y en la orientación estratégica, sin que ello implique un fraccionamiento del sistema tributario”.

Asimismo, critica la distribución de recursos una vez aplicada la nivelación interterritorial, ya que no responde a “reglas objetivas” y genera grandes brechas entre las comunidades mejor y peor financiadas. Por eso, propone revisar los principios de statu quo y de ordinalidad, que no permiten reducir la brecha de financiación entre territorios, y cambiar la metodología para calcular los habitantes ajustados a partir de la propuesta que el Ministerio de Hacienda avanzó en 2021 y que se ha quedado en un cajón. Asimismo, apoya una quita parcial de la deuda per cápita, para no crear agravios entre territorios, pero alerta de que no se trata de la solución para el largo plazo y que será insuficiente para que las comunidades más endeudadas vuelvan a los mercados.

Por otro lado, pide mejoras en la gobernanza con un fortalecimiento de la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cónclave donde el Ministerio de Hacienda se reúne periódicamente con los consejeros del ramo. En la misma línea, recomienda implicar a las comunidades en el diseño del plan de ajuste que requieren las nuevas reglas fiscales, con un esquema parecido al que Bruselas aplica a los Estados miembro.

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