estafaron más de 182.000 euros a dos bancos

El Tribunal Supremo ha ratificado la pena impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condenó a seis personas por estafa continuada, blanqueamiento de capitales y falsedad documental tras defraudar más de 182.000 euros a dos entidades bancarias en el sur de Tenerife. El alto tribunal resuelve un recurso presentado por uno de los condenados que sostiene su inocencia en los hechos que se le imputaban y alude a que no quedó acreditado que cometiera el delito de blanqueo de capitales.

El origen de la estafa se remonta a septiembre y noviembre de 2013. El caso se denunció, el escrito de acusación se formuló a finales de 2017 y el asunto se registró en la Audiencia en octubre de 2021. La resolución judicial se demoró demasiado y las penas que recayeron en los acusados fueron minoradas debido a la «atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas». No solo es que se tardara una década en juzgar el caso, es que el procedimiento estuvo parado entre 2018 y 2021. Las penas de cárcel fueron mínimas, las multas a pagar igual y las entidades bancarias se quedaron sin cobrar la mayor parte del capital defraudado.

La investigación señala a dos de los acusados como las personas que acudieron a una notaría de Granadilla de Abona para fijar el reparto de acciones de una empresa. Una de ellas, y supuesto propietario de la misma, traspasaba la totalidad de las participaciones al otro, que presentó una documentación falsa y se convirtió en administrador único. Con la escritura notarial, lograron que la sociedad pasara a ser propiedad de alguien que no existía y se daba apariencia de que no estaban vinculados con la estafa que iban a poner en marcha. Semanas más tarde, con la documentación en la mano, ambos se dirigieron a sucursales de dos entidades bancarias para abrir cuentas a nombre de la sociedad mercantil y solicitar terminales de pago (TPV) para la operativa comercial a través de tarjetas de crédito o débito.

Un datáfono / El Día

La operativa de la estafa

Cuando tenían instalado el servicio de los datáfonos, los dos investigados comenzaron a realizar operaciones de cobro con tarjetas cuyas cuantías ingresaban los bancos en la cuenta a nombre de la empresa. En total fueron 311 transacciones, casi consecutivas, por un valor de 182.612 euros. Demasiadas operaciones y demasiada cantidad de dinero para una sociedad que, supuestamente, acaba de iniciar su actividad comercial. Eso hizo saltar las alarmas de los departamentos de control de los bancos y poco después confirmaron sus sospechas: los cargos realizados a las tarjetas fueron rechazados porque la mayoría de ellas habían sido robadas y las entidades que las expidieron cancelaron las operaciones una vez que sus legítimos propietarios denunciaron su sustracción o pérdida.

Cuando los responsables de la banca intentaron cancelar los ingresos adelantados en la cuenta vinculada a la empresa ya era demasiado tarde. El dinero había volado en efectivo, a través de reintegros en cajeros, cobros en ventanilla o por transferencias a cuentas de terceros. Los investigados realizaron 270 operaciones con cargo a uno de los bancos al que defraudaron 152.724 euros y otros 41 cobros a la otra entidad por valor de 29.888 euros al otro.

Además de estas dos personas, la investigación determinó que había otras cuatro implicadas en la operativa como colaboradores necesarios tanto para el fraude como para blanquear el dinero estafado a través de distintas operaciones a cambio de una comisión.

Fuente

Noticias relacionadas: