Españolas en Bruselas | Economía




Pese al ruido político interno, las vicepresidentas españolas fraguan acuerdos europeos en Bruselas, según la dinámica tradicional: en algún punto intermedio entre sus objetivos máximos y los recelos de ciertas capitales.

Teresa Ribera logró el 17 de octubre pactar en el Consejo una reforma del mercado eléctrico. Aspiraba a una modificación seria del sistema marginalista de fijación de precios eléctricos.

No lo logró, pero sí un mecanismo más ágil para la declaración anticipada de una crisis de precios que permita fijarles topes temporales o subsidios a hogares y pymes.

Amén de medidas de fomento a las renovables y contratos a largo plazo que reduzcan la volatilidad de precios al consumidor, los cargos impropios y más garantías. El acuerdo del Consejo pasó al prescriptivo cedazo del “trílogo”, una negociación con la Comisión y el Parlamento.

Nadia Calviño lidia con el también picudo asunto de las reglas fiscales o reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) antes de que su suspensión concluya en enero y se restablezca tal cual su obsoleta, salvaje y prolija redacción actual.

El jueves obtuvo el plácet a su tercer documento de trabajo —cada uno más detallado que el previo—, al que solo falta rellenar algunas casillas, aunque claves, para redactar el proyecto de reglamento y pasarlo después a su correspondiente “trílogo”.

La aspiración máxima (pública) de la presidencia española era mantener intacto el proyecto de la Comisión: sendas individualizadas por países, pactadas con cada uno de ellos, para ajustar —a la baja— la deuda disparada en las últimas crisis; aplicables en cuatrienios en vez de por anualidades. Y sin objetivos numéricos (porcentajes comunes) de reducción.

Quedan aún algunas reuniones del Ecofin antes del consenso final. Pero de momento, Francia y Alemania ya han convergido sobre la arquitectura del acuerdo. O sea, los países que encabezaban los dos polos distanciados, el de la austeridad y el de la flexibilidad.

La urdimbre del pacto estriba en ultimar una reforma menos rígida y austeritaria que el actual PEC. Mantendrá el esquema de la Comisión, pero lo endurecerá fijando cifras comunes a la rebaja de la deuda, vía reducción del déficit a menos del 3%. Con hitos alcanzables al cabo de cuatro-siete años, e incluso más, pero empezando desde el inicio. Berlín pide una cifra más exigente dentro del 3%; París ofrece un mínimo razonable. Casilla en blanco.

A cambio, habrá una cláusula de oro de la inversión. Se descontará del cómputo para el déficit el gasto dedicado a defensa y se tendrá en cuenta la cofinanciación estatal de proyectos europeos y el esfuerzo en los planes de recuperación (la pata de créditos) para ampliar el calendario de consolidación.

Es menos que el mejor sueño; mucho más que la peor pesadilla. En principio.

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