¿España ya no podrá vetar fusiones bancarias? Una década después, Bruselas pone la ley en el punto de mira

Esta ley permite al gobierno español aprobar o vetar una fusión bancaria. Por tanto, se utiliza una vez la opa prospera, es decir, una vez el BBVA y el Sabadell ya estuvieran integrados. Tras ese paso, la entidad vasca debería solicitar la autorización para fusionarse con el banco vallesano. Mientras esto no ocurra –con las condiciones que ha impuesto el gobierno español, el BBVA tendrá que esperar entre tres y cinco años para ello–, ambos bancos sólo estarán integrados. Como ha explicado el ARA en otros artículos, es el escenario de un banco «opado», pero no fusionado.

En concreto, esta norma recoge que «corresponde al ministerio de Economía y Competitividad autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores […]. Previamente, se tendrán en cuenta los informes preceptivos que, en todo caso,

¿Qué dice ahora Bruselas?

Ahora, y después de una década de esta norma en vigor, la Comisión Europea considera que «determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales conforme a la normativa» España. «Se considera que estas facultades discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento ya la libre circulación de capitales», afirma el comunicado.

¿Hasta ahora había pasado desapercibido el redactado de esta norma? La posibilidad de que esto haya sido así existe, aunque la ley y el poder de autorizar o vetar una fusión han sido ya utilizadas. En concreto, hace nada menos que cuatro años, el gobierno de Pedro Sánchez utilizó esta norma para aprobar la fusión entre CaixaBank y Bankia. El ministerio de Economía dio su visto bueno a la fusión después de que la CNMC autorizara la operación en fase 1. Antes, había recibido los informes del Banco de España, así como de otros organismos. Aquella operación supuso que el Estado, como accionista de Bankia, adquiriera el 16,1% del capital social del banco resultante. Sin embargo, todo generó muchos menos quebraderos de cabeza que la opa del BBVA en el Sabadell porque fue una operación amistosa.

El gobierno español está convencido de que las normas españolas, tanto la ley de defensa de la competencia, como la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades son «coherentes» con la normativa europea. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pero también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicaron que confían en que con la respuesta que ahora se dé al expediente de Bruselas se llegue a buen puerto en cuanto al procedimiento de infracción abierto.

En todo caso, Bruselas nunca ha visto con buenos ojos que se pongan trabas a la concentración bancaria en la Unión Europea, sobre todo a raíz de la crisis financiera, y teniendo en cuenta que desde hace tiempo persigue una unión bancaria. Ahora, sin embargo, este posicionamiento ha cogido bastante. La defensa de mayores integraciones empresariales en Europa es un anhelo que, en medio de un tablero geopolítico en crisis, ha encontrado en la autonomía estratégica promovida por el ejecutivo comunitario una oportunidad para consolidarse.