España tiene un 7% menos de libertad económica que el promedio de la OCDE

En 2025, el Índice de Libertad Económica (ILE) revela que España tiene un nivel de este indicador inferior en un 7% al promedio de los países de la OCDE. Se sitúa en el puesto 31 de 38 estados, con 66,3 puntos, lo que significa que es «moderadamente libre». «Ha habido un modesta mejora respecto a 2024, pero esta mejora oculta deterioros como es la deuda pública» ha explicado este lunes el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, en la presentación del Informe «La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2025».

En cuanto a la libertad de empresa «hay una mejora relativa pero insuficiente», destaca el informe. España está por encima del promedio de la OCDE, con 102,1 puntos sobre la base 100 pero los países líderes están un 11% alejados de la puntuación española como Dinamarca o Australia.

En lo que se refiere a la libertad económica, el área más deteriorada, según el informe es la salud fiscal, con -27,7 puntos respecto a la media de los estados desarrollados por la mencionada deuda pública (100% del PIB), elevado gasto público, alto déficit estructural y creciente presión fiscal. Entre los efectos negativos de una «mala» salud fiscal se encuentra el desincentivo para la inversión.

En el informe se insiste en que a mayor libertad económica mayor eficiencia en los recursos y mayor crecimiento económico. Asimismo, unida a la libertad de empresa «hay más productividad, más renta salarial por hora y más renta per cápita», según Fernández de Mesa.

Uno de los deterioros aludidos, «ocultos» por la ligera modesta de puntuación en libertad económica, es la caída en el ranking de facilidad inversora, pues aquí España se sitúa en el puesto 20 de los 38 países más avanzados.

El informe apunta a que, en el ámbito empresarial, «debemos evitar acciones que puedan debilitar la eficiencia y competitividad empresarial» y advierte de los riesgos de disminuir los derechos de propiedad, no entendidos en sentido estricto, sino derechos sobre algo como puede ser el diálogo social.