El Santander advierte a los inversores de la tensión política: “Provoca una erosión del Estado de derecho”

El Santander advierte a los inversores de la tensión política: “Provoca una erosión del Estado de derecho”



La división política mantiene en vilo al mundo económico. En medio de escándalos de corrupción, el choque por la amnistía y amenazas de aranceles de Estados Unidos, el Banco Santander advierte ante los inversores que la fragmentación y la tensión política pueden provocar una “progresiva erosión” del Estado de derecho en democracias consolidadas.

El primer grupo bancario español lo identifica como uno de los principales riesgos que amenazan su actividad. Se trata de una advertencia general para el negocio, que genera sobre todo en España. El Santander obtiene casi un tercio de los beneficios del grupo dentro de territorio nacional, que se erige como el mercado más importante, por encima de Brasil y México.



“Los escenarios de tensión política e inestabilidad en todo el mundo, derivados de diversos factores, como la creciente polarización y fragmentación política, podrían dar lugar a resultados cambiantes e impredecibles en las elecciones políticas, las iniciativas legislativas y de formulación de políticas, las condiciones sociales y la economía global, así como a la progresiva erosión del Estado de derecho en ciertas democracias consolidadas”, incluye el grupo presidido por Ana Botín como factor de riesgo en los folletos registrados en los últimos días en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No es la primera vez que hace alusión a la tensión política, pero en esta ocasión coincide con una situación en España en la que diariamente saltan a la luz pública supuestos casos de corrupción ligados al PSOE y que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, advirtió ayer que la corrupción está lastrando la capacidad de crecimiento de las empresas españolas.

La corrupción pesa sobre las inversiones de los empresarios

“Estamos en un momento muy delicado donde las empresas no vemos motivo de confianza en muchos casos para invertir por la falta de seguridad jurídica y porque políticamente el momento es inestable”, alertó Garamendi en unas jornadas financieras organizadas por la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Sin mencionar directamente a España, el Santander también lanza un aviso a los inversores sobre el talón de Aquiles de la economía española: la ingente cantidad de deuda pública. En España supera el 100% del PIB y se convierte en una amenaza latente por restar margen de maniobra en caso de crisis o tensiones financieras.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

“Además, el aumento de los niveles de deuda pública, junto con los elevados costes de los intereses, podría resultar insostenible y podría llevar a ciertos países a primas de riesgo soberano más elevadas y a crisis de deuda soberana”, admite el Santander en el documento remitido al regulador de los mercados. La prima de riesgo sigue controlada, aunque en algunos días ha subido ligeramente cerca de los 70 puntos básicos en plenos escándalos de corrupción de la trama encabezada por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Indicios que pueden lastrar el negocio 

Las empresas suelen incluir este tipo de riesgos para protegerse de demandas en caso de que se materialicen escenarios que no se consideran altamente probables. Pero, en cualquier caso, detectan indicios de tendencias que pueden afectar al negocio.

El Santander, por ejemplo, también recoge en este apartado la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión y el efecto arrastre que provocaría en el resto de países. Una situación que se ha convertido en realidad en los dos últimos ejercicios de 2023 y 2024.

El aval definitivo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía de este jueves fue el último episodio en España para tensar aún más la situación política. Esta medida de gracia fue una de las llaves para que Pedro Sánchez lograra los votos del independentismo para poder ser investido como presidente del Gobierno. La sentencia considera que la ley impugnada responde a un fin legítimo, explícito y razonable, descartando la autoamnistía.







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