El salario medio subió el doble en las pequeñas empresas que en las grandes desde 2021

Desde 2016, el salario mínimo en España ha experimentado un aumento del 65%, a pesar de que esta subida no guarda relación ni con la productividad (el PIB por ocupado ha disminuido un 2,9% desde entonces) ni con la inflación (el incremento acumulado del IPC desde 2016 ronda el 20%). Este aumento salarial ha afectado de manera más significativa a las pequeñas empresas, ya que estas suelen tener una productividad promedio relativamente baja, lo que resulta en salarios más bajos. Esta situación se ha agravado en los últimos dos años, en los cuales el salario medio en las empresas pequeñas ha aumentado un 12,6%, en contraste con el 9,5% en el caso de las medianas y el 6,6% en el de las grandes empresas, explica Cepyme en su último informe Crecimiento empresarial, elaborado por Cepyme.

Analizando los datos de 2022 en el espectro de pequeñas empresas (10 a 49 asalariados), se observa que solo en España y Grecia, los dos países con las tasas de desempleo más altas de Europa, el salario mínimo representa el 70% del salario medio de este grupo de empresas. En nueve países, incluyendo a Holanda, Luxemburgo y Polonia, la relación entre el salario mínimo y el salario medio es inferior al 55%. Además, hay seis países que no tienen un salario mínimo establecido. En Alemania, Francia y otros cinco países, la relación entre el salario mínimo y el salario medio se encuentra en el rango del 55% al 60%. Estos datos reflejan las diferencias significativas en las políticas salariales y las condiciones económicas entre los países europeos en el contexto de las pequeñas empresas.

En 21 provincias de España, el salario mínimo de 1.080 euros representa el 65% o más del salario medio respectivo, llegando en dos casos extremos (Ávila y Zamora) a superar el 75%. Aquí tienes la lista de las provincias y el porcentaje que representa el salario mínimo en relación con el salario medio en el segundo trimestre de 2023. Si restringimos el análisis a las pequeñas empresas, encontramos que en 23 provincias, el salario mínimo supera actualmente el 75% de su salario medio. Nuevamente, las pequeñas empresas de Ávila y Zamora son las más afectadas, ya que en su caso esta relación supera el 90%.

Desde la patronal advierten de que, si el propósito era equiparar el salario mínimo al 60% del salario medio, para las empresas pequeñas esta proporción superó el 68% a principios de 2023, lo que la deja en una situación complicada para competir en el mercado. Y es que en el contexto de las empresas españolas, la productividad media de las grandes empresas, medida como las ventas por ocupado, supera a la de sus contrapartes en Portugal, Rumanía, Austria y el Reino Unido. Esto sugiere que las grandes empresas en España son más productivas en comparación con empresas similares en esos países.

Por otro lado, las microempresas en España son las segundas menos productivas entre los países seleccionados, solo superadas por las microempresas en Portugal. Esta menor productividad relativa de las microempresas españolas complica aún más el problema de su tamaño reducido.

Costes laborales

El análisis de los datos refleja que el coste laboral mínimo por mes para contratar a un asalariado, teniendo en cuenta las cotizaciones sociales a cargo del empleador y las dos pagas extraordinarias, es de 1.654,38 euros. Dependiendo del tipo de cotización por accidentes y enfermedades profesionales, este coste puede superar los 1.700 euros. Con una jornada estándar de 40 horas semanales, un salario mensual de 1.080 euros equivale a 6,75 euros por hora.

Sin embargo, al considerar la jornada anual pactada de 1.819 horas y descontar las horas no trabajadas (vacaciones, festivos, incapacidad temporal y otros motivos), el número de horas efectivas trabajadas es de 1.537. Esto significa que, tomando en cuenta el coste mínimo mensual de 1.654,38 euros (19.852,56 euros anuales), el coste mínimo por hora efectiva de trabajo es de 12,92 euros. Esto representa un aumento del 91% con respecto a los 6,75 euros iniciales, lo que subraya la carga adicional de los costes laborales en relación con el salario real por hora efectiva trabajada.

Este aumento de coste también se traduce en mayores dificultades para acudir al mercado de trabajo en busqueda de talento. La dificultad para cubrir las vacantes de empleo se ha agravado progresivamente, especialmente después de la pandemia. Aunque afecta a toda la economía española, impacta de manera más significativa en las pymes por las diferencias salariales; dado que el salario medio en las empresas pequeñas es más bajo en comparación con las grandes empresas, las pymes se encuentran en desventaja a la hora de competir por los perfiles laborales escasos. Los candidatos a menudo optan por las ofertas de empleo en empresas más grandes que ofrecen salarios más atractivos.

La baja efectividad del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) es otro de los motivos, a pesar de que podría ser una solución eficaz para que las pymes cubran sus vacantes, este no cumple eficazmente ese papel. La colocación de parados registrados por parte del servicio público es ineficiente, lo que dificulta aún más para las pymes encontrar candidatos adecuados para cubrir sus puestos vacantes.

La calificación de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo define al SEPE español como «mejorable», la categoría más distante del nivel considerado de excelencia, resalta las deficiencias y áreas de mejora en el desempeño del SEPE. De las ocho áreas comparadas, en siete de ellas, este se encuentra en el nivel más bajo entre los cuatro disponibles.

Esta situación coloca al SEPE por debajo de varios servicios públicos de empleo en otros países europeos, incluyendo a Francia (considerado el mejor), así como a Austria, Holanda, Alemania y Estonia. Incluso se ubica por debajo de servicios públicos de empleo en países como Bulgaria, Polonia, Rumanía y Portugal.

Ante el escenario actual, Cepyme pide un entorno normativo que facilite el crecimiento empresarial, lo que beneficiaría al tejido productivo, al conjunto de la economía, a las arcas públicas y, en definitiva, a toda la sociedad. «La Confederación de pymes pide como principal medida para fomentar el crecimiento dar cuatro años a las empresas antes de hacer efectivos los escalones regulatorios y, especialmente, poner fin a la política de costes y carga burocrática llevada a cabo por el Gobierno durante los últimos años».