El registro del Gobierno fulmina 50.000 pisos turísticos hasta agosto

El Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico (REAV) fue puesto en marcha a principios de año, pero el Ministerio de Vivienda concedió una prórroga de seis meses para que los propietarios se adaptasen al nuevo reglamento. A pesar de esa extensión, los titulares de las viviendas turísticas no empezaron, en su mayoría, a solicitar el número hasta pocas semanas antes del 1 de julio, fecha en la que su requerimiento por parte de las plataformas empezó a ser obligatorio. Esto hace que todavía cuando quedan escasos días para que finalice agosto, haya 40.967 inmuebles con código provisional a la espera de una validación definitiva, que hasta ahora tienen 164.895.

Los pisos que tienen el código provisional pueden publicar en las plataformas hasta recibir el permiso definitivo (que puede llegar en un máximo de 15 días laborables), mientras los revocados pueden recurrir si el Registro de la Propiedad correspondiente le niega la solicitud, pero sus anuncios deben ser eliminados. Al fin y al cabo de lo que se encarga el Registro es de certificar que la vivienda cuenta con la licencia municipal o regional necesaria, así como de que la propiedad cumple con los estatutos vecinales en caso de que obtuvieran las licencias después del 3 de abril, que es la fecha en la que entró en vigor la modificación de la ley de Propiedad Horizontal que obliga a los propietarios a obtener el permiso de su comunidad de vecinos para poder destinar su vivienda al alquiler turístico.

Impacto por comunidades

Con todo, en algunas comunidades autónomas el problema es sangrante. En Andalucía, la que más pisos turísticos tiene, se han tumbado 15.446 solicitudes (del total de 72.739 peticiones), casi la mitad de ellas en Málaga (7.346), la provincia que más visitantes acoge en verano. Canarias, la segunda comunidad autónoma donde más peticiones del NRA para alquiler de corta estancia se han registrado, también ha visto revocar a 7.772 solicitudes de un total de 43.613. Por su parte, en Cataluña, se han desestimado 6.643 de 41.926 y en la Comunidad Valenciana 6.598 de 35.035. Llama la atención Madrid donde solo se han pedido 3.355 códigos y el 40% (1.348) se han invalidado.

El objetivo del NRA, que se incorpora por transposición del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo – y está refrendado en el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre- es el de disponer a las administraciones de una información más fiable sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) para poder calcular el impacto real de estos servicios y poder aplicar respuestas políticas adecuadas y proporcionadas, según se señala en el texto de la normativa europea. Pero ese establecimiento no quita que los propietarios puedan seguir ofertando sus viviendas por otras vías.

Ventanilla única

Para vigilar que las plataformas tampoco se saltan la normativa y ofertan pisos sin NRA, el mismo reglamento también da lugar a la Ventanilla Única Digital, a través de la cual Airbnb, Booking, Vrbo y el resto de plataformas de reservas tienen la obligación de compartir periódicamente los datos relativos de sus reservas a las administraciones públicas. Con Airbnb, por ejemplo, Vivienda ha ido más allá y en julio cerró un acuerdo por el que el portal estadounidense se comprometió a compartir los datos de manera mensual. La primera entrega la cumplió el pasado 14 de agosto, tal y como ha podido confirmar ABC por fuentes conocedoras. A la consulta de este periódico, la plataforma declina ofrecer el número de pisos expulsados en el primer mes y medio de vigencia del REAV, pero asegura que en lo que va de año, el número de anuncios que han añadido su número de registro en la plataforma ha aumentado en casi un 20% en España.

«Desde el 1 de julio, Airbnb exige a cualquier nuevo anuncio de alquiler de corta duración que se publicite en la plataforma mostrar un número de registro acorde con su tipología de alojamiento», aseguran desde la plataforma, que en los últimos meses ha lanzado diversas campañas educacionales dirigidas a la comunidad de anfitriones en España «que inciden en las nuevas normativas europeas y los requisitos de registro y licencia de acuerdo con el nuevo contexto legislativo».

Según lo acordado con el departamento de Isabel Rodríguez, Airbnb retirará en un plazo de 48 horas todos aquellos pisos turísticos a los que se haya revocado el número de registro estatal y dará un plazo de 10 días a los apartamentos que presenten irregularidades con el mismo registro para subsanar los defectos «antes de proceder a la retirada definitiva».