El referéndum se convierte en el objeto final, pero sin las prisas del 1-0
En la primera reunión de negociación entre PSOE y Junts a celebrar este mismo mes de noviembre, se planteará, entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva la propuesta de Junts para la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña «amparado en el artículo 92 de la Constitución».
El PSOE, que se muestra en desacuerdo con la celebración de esta consulta, manifiesta en el texto del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, que «defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya».
Una sesión clarificadora
Esta nueva táctica de los partidos independentistas, señalaba el diputado de ERC, Jordi Orobitg, este pasado miércoles en el Parlament, «en el contexto actual lleva a «seguir pasos diferentes de los que se siguieron en 2017», y ha defendido que, entendiendo el referéndum como irrenunciable, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya encargó el informe sobre el Acuerdo de Claridaden torno a los principios en los que se tendría que fundamentar el ejercicio del derecho de autodeterminación».
En esta sesión del Parlament , que ha paralizado una propuesta de la CUP, quedó a las claras que la nueva voluntad pasa por tener en cuenta «que solo un referéndum pactado con el Estado y validado internacionalmente puede sustituir el mandato del 1-O». De esta forma, Junts dejaba bien claro que «el acuerdo de claridad no ha sido aprobado ni consensuado en el Parlament, ni constaba en el programa de Govern que permitió la investidura del presiente de la Generalitat, Pere Aragonès».
El «acuerdo de claridad democrática», encargado por Aragonés a un equipo de juristas, está basado en la propuesta que Canadá ofreció al Quebec para celebrar un referéndum pactado. Con él, los expertos respondían a las preguntas que les hizo el President, cinco preguntas que el presidente de la Generalitat les planteó el pasado 19 de abril. Esas preguntas aludían a qué formas de convocar el referendum eran posibles, de acuerdo con el Derecho comparado.
El informe de Transparencia Democrática apunta cinco posibilidades diferentes que podrían dar cobertura a un referéndum pactado con el Estado:
– En primer lugar se habla de una consulta en Cataluña sobre la conveniencia de que el Parlament apruebe iniciar un proceso de reforma constitucional, que podría incluir la independencia.
– En segundo lugar apuntan a una consulta para ratificar un posible acuerdo político que no necesariamente sea sobre la independencia.
– La tercera opción supondría la afrontar un referéndum en todo el Estado para dilucidar la cuestión de si hay que autorizar a Cataluña a votar sobre su independencia.
– Una cuarta se destinaría a una consulta estatal para ratificar los términos en que se llevaría a cabo la desconexión de Cataluña del Estado español.
Y finalmente, la celebración de dos consultas paralelas, una a celebrar en Cataluña y otra a desarrollar en toda en toda España.
La negociación de este acuerdo se verá asegurado por la última de las condiciones del acuerdo ratificado por PSOE y Junts, que establece que «la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo». Para darle un aspeco de normalidad a la negociación, se incluye en el texto también, que «en ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos.
Una reserva legal del Estado y no de CCAA
En el texto del acuerdo, PSOE y Junts se refieren al artículo 92 de la Constitución como base de la celebración del un referendum en Cataluña. Este artículo establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados». Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. El Tribunal Constitucional en sentencia de 11 de septiembre de 2008, estableció que el Estado tiene la reserva de su convocatoria y no las Comunidades Autónomas.
El relator: mecanismo para conflictos de derechos humanos
El relator internacional que controlará la marcha y el cumplimiento de las negociaciones entre PSOE y Junts, es según lo defina la Organización de Naciones Unidas (ONU) un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos de Naciones Unidas, al que se le asigna «una determinada problemática en materia de vulneraciones de derechos humanos».
La figura del mediador está recogida en la carta de Naciones Unidas cuando está en peligro la paz y la seguridad internacional. De ahí la mediación del ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, para acabar con la guerra en Siria o el trabajo del sudafricano, Desmond Tutu, que recibió el Nobel de la Paz en lucha contra el apartheid.
Por el contrario para Carmen Calvo, cuando era vicepresidenta del Gobierno, se trataba de una figura que no sería un mediador, sino alguien que «pueda tomar nota».
Puigdemont ha señalado que «se condiciona la legislatura al cumplimiento de las condiciones del acuerdo».
Sin el cumplimiento, la legislatura no puede avanzar» Y ha añadido en su intervención para explicar el acuerdo, que «dependerá de que la negociación se mantenga a lo largo de la legislatura y las condiciones se vayan cumpliendo».
La propia ONU destaca los perfiles de sus relatores internacionales en su web, donde explica que «el actual Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo es Ben Emmerson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)», quien asumió su mandato el 1 de agosto de 2011.
Con motivo del referendum del 1-O, La Generalitat convenció a un grupo de expertos internacionales, nueve técnicos, encabezados por la neozelandesa Helena Catt, con la misión de supervisar y de que rubricasen la limpieza de los resultados de la consulta. El equipo estuvo casi dos meses en Barcelona a sueldo de la Generalitat. El informe final pasó por alto datos tan fundamentales como que no había un censo electoral oficial.