El PP busca apoyos para tumbar el ‘decreto Marlaska’ sobre el registro de viajeros

La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Industria y Turismo, reclama una regulación «más equilibrada y eficiente» que no suponga una carga desproporcionada para los profesionales del sector turístico y del alquiler. Esta norma, impulsada por Fernando Grande-Marlaska a través del Ministerio del Interior, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de asociaciones de hostelería y plataformas de alquiler, que la consideran un mecanismo de vigilancia excesiva e ineficaz.

Desde el PP denuncian que el decreto, que exige el envío sistemático de datos personales de clientes a las autoridades, ha generado incertidumbre jurídica y burocracia innecesaria, afectando especialmente a autónomos, pymes y operadores turísticos de pequeña escala. La propuesta busca abrir la puerta a una revisión legal «más respetuosa» con los derechos de privacidad y «adaptada a las realidades digitales y operativas» del sector.

Desde el ministerio, apelan a la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (ley mordaza) de 2015 para poner en marcha este controvertido registro. «Dicha norma establece en su artículo 25.1 que cualquier persona física o jurídica que ejerza actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje y alquiler de vehículos, se encuentra sujeta a las obligaciones de registro documental e información en los términos que las disposiciones aplicables establezcan», reza la exposición de motivos del real decreto.

Uno de los puntos más polémicos es que recurre a las sanciones de la ley mordaza para multar a los hospederos y empresas de alquiler si no rellenan de manera exhaustiva ese registro. Serán faltas con sanciones graves, con multa de 601 a 30.000 euros, la «carencia de los registros documentales previstos en este real decreto» o la «omisión de las comunicaciones obligatorias». Serán faltas leves (multas de 100 a 600 euros) las «irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros» o «las comunicaciones obligatorias fuera del plazo».