El plan inversor de Aena busca atender el crecimiento turístico de los próximos 20 años

En pleno debate por la saturación del turismo, Aena pone en marcha un proceso inversor, que se iniciará en el periodo 2027-2030 y se extenderá al siguiente quinquenio, con el objetivo de dimensionar los aeropuertos españoles que encaran el máximo de su capacidad técnica teórica para dar respuesta al crecimiento del turismo de las próximas dos décadas. No en vano, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) proyecta que los cinco países con más tráfico aéreo en 2042 serán, por este orden, China, India, Estados Unidos, Indonesia y España.

El foco de las inversiones se centrará en los grandes centros de distribución de pasajeros. Madrid y Barcelona planean ampliaciones importantes de sus infraestructuras por valor de 4.000 y 3.000 millones de euros, respectivamente, con el objetivo de aumentar la capacidad de ambos en unos 20 millones de personas, hasta los 90 millones en el caso de Madrid y los 72 millones en el caso de Barcelona. Pero también afectará a los grandes centros turísticos, como los aeropuertos de Tenerife, Sur y Norte, y Lanzarote (con un presupuesto de unos 2.000 millones de euros), Málaga-Costa del Sol (unos 1.500 millones de euros), Alicante-Elche Miguel Hernández (unos 1.000 millones), Ibiza y Menorca.

En una primera etapa (2027-2031), Aena invertirá 12.888 millones de euros con actuaciones en los 46 aeropuertos de la red de Aena. Pero en el caso de las grandes ampliaciones se ejecutarán inversiones que en Madrid se estima que serán de alrededor de 2.000 millones de euros y en Barcelona, de 1.000 millones. El resto del dinero (unos 2.000 millones en cada caso) se empleará en los siguientes periodos regulatorios (a partir de 2032). Y lo mismo ocurre con el resto de aeropuertos turísticos, cuyas cifras de inversión definitivas para 2027-2031 están todavía por definir en función de cómo evolucione la tramitación ambiental y otro tipo de permisos requeridos para el desarrollo de los proyectos, según explican fuentes del gestor aeroportuario.

En cualquier caso, el objetivo es dar cabida a más turistas, a pesar de que desde algunas regiones han pedido explícitamente al operador aeroportuario reducir el tamaño del aeropuerto para limitar la entrada de visitantes, según revelan estas fuentes, que defienden que si hay que tomar medidas se debe hacer de otra manera «pero no limitando la capacidad de las infraestructuras». «Los aeropuertos son infraestructuras básicas que sirven para la conectividad de los ciudadanos, para el turismo y para hacer negocios. Un aeropuerto con conectividad directa genera oportunidades para la economía«, añaden.

El objetivo es que las ampliaciones atiendan «como mínimo» la demanda de las próximas dos décadas, aunque la extensión del periodo en el que los aeropuertos podrán continuar ganando viajeros dependerá del tamaño de aviones, del horario de las operaciones y de cómo se avance en la desestacionalización de la demanda. De la inversión total de 12.888 millones de euros, la mitad se destinarán a grandes actuaciones en terminales, incluidos aparcamientos (6.051 millones), y un cuarto a infraestructuras como edificación, obra civil, sistemas eléctricos y asistencias (3.037 millones). A tecnologías de la información y digitalización se destinan 973 millones, a seguridad y servicios, 897 millones; a sostenibilidad, 288 millones, y a innovación, 219 millones.

Subida de tarifas

La compañía semipública (el 51% del capital corresponde al Estado español) reconoce que deberá endeudarse para afrontar el nuevo ciclo inversor, que pagarán en última instancia los pasajeros «en los próximos 20 o 25 años», según las inversiones se vayan amortizando y trasladando a las tarifas aeroportuarias. El incremento de las inversiones (de los 13.000 millones, 10.000 millones corresponden a la actividad regulada, el resto son actividades comerciales y no afectan a las tarifas) conllevará, por tanto, una subida de las tarifas aeroportuarias, después de una década congeladas y en plena guerra con Ryanair que ha reducido sus operaciones en España al considerarlas muy elevadas.

Las tarifas aeroportuarias es lo que el gestor aeroportuario cobra a las aerolíneas por usar sus terminales, pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones, servicios de seguridad o servicios de ‘handling’ y que estas repercuten en los precios de los billetes de avión que adquieren los pasajeros. Tras la salida a Bolsa de Aena, en 2015, el Gobierno estableció un esquema transitorio de diez años en los que no se podían hacer inversiones superiores a los 450 millones de euros al año ni subir las tarifas, para evitar sobreinversiones.

Pero dado que en el próximo quinquenio la media anual de inversión será de unos 2.600 millones de euros, su impacto al alza en las tarifas parece evidente. «Si se extendiera el régimen transitorio de las tarifas debería ir asociado a un régimen transitorio de las inversiones, lo que no es compatible es una cosa sin la otra. Y es materialmente imposible mantener un transitorio que limite la inversión sin poner en riesgo el crecimiento de los aeropuertos, del turismo y de la economía. Si eso sucediera, dentro de unos pocos años tendríamos los aeropuertos saturados. El problema no sería para Aena, sería para España», explican desde Aena.

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